El turismo español, incluso tras los últimos años de auténtico boom, es un sector profundamente estacional. El sol y playa sigue siendo el producto estrella del país y eso hace que en muchos destinos el negocio se concentre en verano, y se alternen meses de alta actividad con meses de parón total.
Es por ello que entre las empresas del sector se ha perpetuado durante décadas la figura del fijo discontinuo, empleados que trabajan sólo en los meses en que hay actividad y que cobran el subsidio de desempleo año tras año en la temporada baja. Un modelo de protección para trabajadores y para empresas a costa del erario público.
El Gobierno parece decidido a fomentar que un alargamiento de los periodos con actividad real que tienen los fijos discontinuos en el sector turístico y, con ello, reducir la cuantía de la factura que para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) supone esta práctica tan extendida.
Recortar cuotas a la mitad
El Ejecutivo ha creado nuevas bonificaciones específicas para compañías turísticas, así como de los sectores de hostelería y comercio vinculados al turismo, que alarguen el periodo de actividad de sus trabajadores con contratos fijos discontinuos, según se recoge en una disposición adicional incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 presentado ayer.
Con la medida incluida en los PGE, las empresas que mantengan la actividad de sus fijos discontinuos durante los meses de febrero, marzo y noviembre de cada año podrán beneficiarse de bonificaciones del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social durante esos meses. Una rebaja que se aplica a las cuotas tanto por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo, Fogasa y formación profesional de los empleados.
De esta forma, el Gobierno da continuidad a su política de bonificaciones de cuotas sociales para el fomento del empleo. La apuesta del Ejecutivo se extiende además a otro tipo de 'premios' para las empresas que contraten con carácter indefinido en 2018. Es el caso de la bonificación por la conversión en fijos de los contratos de formación y el aprendizaje celebrados con jóvenes beneficiarios del conocido como complemento salarial. Esta bonificación tendrá una cuantía de 250 euros mensuales durante tres años.
Estos nuevos avances se plasman en un incremento de 110 millones de euros en el gasto destinado a estos incentivos, que el Gobierno justifica también por las mayores previsiones de gasto derivadas de la evolución económica y del empleo.
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