Hacienda pide un préstamo de 500 millones para la devolución del ‘céntimo sanitario’

Casi cuatro años después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarara ilegal el céntimo sanitario, los presupuestos estatales siguen cargando con esa factura. El Ministerio de Hacienda ha solicitado un crédito por importe de 500 millones de euros para hacer frente a la devolución del impuesto que gravaba determinados hidrocarburos para financiar el traspaso de competencias de sanidad a las comunidades autónomas.

Según se recoge en el proyecto de Presupuestos General del Estado (PGE) de 2018, el presupuesto no financiero del Ministerio de Hacienda se disparará un 26,1%, hasta los 2.626 millones de euros. Sin el impacto del préstamo extraordinario de 500 millones, el gasto del Ministerio comandado por Cristóbal Montoro se elevaría sólo un 2,1% este año.

El Gobierno de José María Aznar creó en 2001 un impuesto sobre ventas minoritas de determinados hidrocarburos (IVMDH), que acabó conociéndose como céntimo sanitario, para ayudar a las comunidades autónomas a financiar el traspaso –en algunos casos no deseado- de las competencias de sanidad. El tributo, que contaba con un tramo estatal y otro autonómico y al que recurrieron 13 regiones, estuvo vigente hasta 2012. Entonces pasó a estar integrado en el impuesto especial de hidrocarburos.

El TJUE declaró ilegal el impuesto en 2014 y obligó al Gobierno a proceder a la devolución de las cuantías abonadas por los transportistas con la compra de combustible. El Ejecutivo devolvió el dinero de los ejercicios no prescritos y abonó unos 1.900 millones de euros entre 2015 y 2016.

Pero el Tribunal Supremo acabó ordenando al Gobierno que devolviera también lo ingresado en los años anteriores ya prescritos. La Agencia Tributaria ha puesto en marcha en su web una aplicación para que los transportistas soliciten la devolución del céntimo sanitario y para incluir los justificantes de pago por los hidrocarburos.

El Consejo de Ministros ya autorizó el mes pasado el uso del Fondo de Contingencia para el pago por importe de 88,3 millones de euros de indemnizaciones e intereses de demora derivados de la responsabilidad patrimonial del Estado por el cobro indebido del impuesto. En concreto, autorizó 86,15 millones de euros para financiar un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Función Pública para el abono de las indemnizaciones y otros 2,32 millones de euros para financiar un suplemento para los intereses de demora.