El plan del Gobierno: sacar 40.000 millones del gasto de la Seguridad Social para subir pensiones

El Gobierno se resiste a introducir cambios en las últimas reformas de las pensiones y asegura que, con la actual legalidad, es posible dar la vuelta a la situación de falta de liquidez del sistema en un horizonte de cinco o siete años y empezar a subirlas de nuevo más allá del 0,25%.

Lo único que hace falta, según fuentes de Empleo, es reducir el déficit que arrastra la Seguridad Social, un factor que en la actual fórmula de revalorización de las pensiones –un cóctel en el que entran diversos indicadores macroeconómicos-- está impidiendo que las pensiones puedan subir más. Dicho de otro modo, en cuanto el sistema esté saneado, la fórmula, por sí sola, empezará a actuar en sentido inverso, tomando en cuenta también la mejora de la economía y el empleo, para subir las pensiones.

Visto de este modo, la prioridad es reducir el déficit y volver al equilibrio cuanto antes. Para ello, en el Gobierno se hacen números y se ha llegado a la conclusión de que limpiando la partida de gastos de la Seguridad Social de prestaciones que actualmente no son contributivas (no se financian con cotizaciones sociales), y también sacando del ámbito contributivo las de orfandad y viudedad, se podría aligerar al sistema de Seguridad Social en 40.000 millones de euros.

Esto supondría rebajar la carga del sistema en el equivalente a una quinta parte del actual gasto en pensiones, que ascenderá este año a 145.000 millones de euros, un 3,7% más que en 2017, de acuerdo con lo previsto en el proyecto de Ley Presupuesto para 2018.

¿Cuáles son los márgenes?

La pregunta es de dónde sacar 40.000 millones de euros. La clave es entender que el gasto de la Seguridad Social no se circunscribe únicamente a las pensiones.

En primer término, las pensiones de muerte y supervivencia --orfandad, viudedad y en favor de familiares--son las primeras candidatas a salir del ámbito contributivo para pasar a pagarse desde los Presupuestos del Estado. Se trata de 23.600 millones de euros anuales que dejarían de ser un peso para la Seguridad Social.

La Seguridad Social volverá a echar mano de un crédito de más de 15.000 millones en 2018

Sin embargo, el Gobierno tiene en mente otras partidas como los gastos de gestión del sistema o los asociados a riesgo durante la lactancia y los contratos de relevo (que se consideran más una política de empleo) asociados a jubilaciones parciales. Según las mismas fuentes, hay una gran variedad de pequeños gastos de los que a día de hoy también se encarga la Seguridad Social sin que estrictamente le correspondan, pero que unidos suman otros 20.000 millones de euros.

A modo de ejemplo, el conjunto de prestaciones vinculadas a las bajas por nacimiento de hijo, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia presentan una dotación de 2.559 millones de euros en el Presupuesto de 2018, con un incremento del 4,5% como consecuencia del crecimiento de los beneficiarios de estas prestaciones, así como por la ampliación de cuatro a cinco semanas del permiso de paternidad.

Un margen más en el que piensa el Gobierno tiene que ver con los incentivos al empleo, como las conocidas como 'tarifas planas'. Se trataría de convertir estas reducciones en las cuotas a la Seguridad Social en bonificaciones. De esta forma, sería Hacienda el que abonaría a la Seguridad Social parte de las cuotas que dejaría de pagar el empresario. De hecho, en los Presupuestos se contempla una nueva bonificación de cuotas para empresas turísticas que mantengan el empleo en temporada baja. El Gobierno estima que este cambio técnico tendría un impacto añadido de 1.500 millones de euros al año.

Volver a rellenar la 'hucha de las pensiones'

Así es que cuando se habla de que la Seguridad Social tendrá que pedir otro crédito de más de 15.000 millones de euros para pagar las pensiones, la realidad es que este crédito es necesario porque el sistema también se carga con otros muchos gastos. Es por eso que el Gobierno cree que lo importante ahora es sustituir esos créditos por transferencias del Estado, para cargar en todo caso la saca de la Administración central, como se hizo al inicio de la legislatura con los complementos a mínimos, que antes pagaba la Seguridad Social y que ahora paga el Estado. Solo por esa vía, el sistema se liberará por ejemplo en 2018 de sufragar 7.329 millones de euros, un 2,1% más.

De cara a 2018, el Gobierno ha previsto un nuevo crédito a la Seguridad Social de hasta 15.164 millones de euros y prevé echar mano de hasta 3.826 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, de los algo más de 8.000 millones con los que contaba en diciembre de 2017 tras una progresiva retirada de recursos desde los 66.815 millones que contenía en 2011.

Al respecto, la Seguridad Social prefiere pedir créditos que tocar el Fondo de Reserva, entre otras cosas porque los créditos se pueden devolver a 10 años y porque, en última instancia, pueden absorberse como meros ajustes contables. Además, el Gobierno confía en que una vez equilibrado el déficit, la 'hucha' de las pensiones pueda volver a rellenarse. Tanto es así que cálculos internos apuntan a que si se hubiera llevado a cabo la separación de fuentes en toda su dimensión cuando el Pacto de Toledo empezó a recomendarlo, el Fondo de Reserva tendría hoy 100.000 millones de euros y no habría hecho falta recurrir a créditos.

El Gobierno necesita un pacto

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, enfatizaba este martes durante la presentación en el Congreso de los Diputados del Presupuestos que la Seguridad Social no debía verse como un departamento estanco, diferente del Estado. Y en efecto, trasladar 40.000 millones de euros de gasto del presupuesto de la Seguridad Social al del Estado, no tendría ningún efecto sobre el déficit agregado (Bruselas valora el déficit conjunto de todas las administraciones juntas) si no se hacen otros ajustes y recortan otros gastos.

El Gobierno sigue confiando en un acuerdo en el Pacto de Toledo

En ese punto, el Gobierno es consciente de que estas decisiones, la de seguir separando las fuentes en la Seguridad Social, primero, y la de ajustar el Presupuesto del Estado después requiere de un acuerdo político. Porque supondría cambios trasversales en las cuentas del Estado y porque se trata de cambios que afectarían a los siguientes gobiernos.

Por lo pronto, los recelos del PSOE sobre la salida de las pensiones de muerte y supervivencia del ámbito contributivo tienen que ver con el temor a que pierdan su naturaleza, que dejen de ser un derecho consolidado y queden al albur de los vaivenes presupuestarios de cada año.

En el seno del Gobierno se sigue confiando en que el Pacto de Toledo se alcance pronto, antes del verano, un acuerdo en materia de pensiones y, en todo caso, se insiste en que, de una u otra forma, las pensiones públicas están garantizadas.

Y subir salarios

Además, el Ministerio sigue insistiendo en las reuniones periódicas con sindicatos y patronal en que deben cerrar cuanto antes un nuevo Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva que incluya subidas salariales generosas. El Gobierno ya ha lanzado dos señales con el pacto de salarios trianual suscrito con los funcionarios y con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Ahora le toca el turno al sector privado para lograr incrementar los ingresos por cotizaciones, que actualmente pagan el 94% de las pensiones. A partir de ahí, la separación de fuentes llenaría de excedentes el Fondo de Reserva de las pensiones, si no lo ha hecho ya con un pacto político previo. Y todas las pensiones subirían.