Santander, Caixabank y Bankia se unen para volver a cobrar por el fracasado almacén submarino de gas Castor. Los tres bancos han presentado conjuntamente ante el Gobierno una reclamación de responsabilidad del Estado legislador para recuperar el dinero que aportaron para cubrir la indemnización de 1.350 millones de euros pagada por el Gobierno a Escal UGS, la compañía controlada por ACS que renunció a seguir con el proyecto de Castor después de provocar con sus operaciones decenas de seísmos en las costas de Castellón.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el trámite legal utilizado para pagar una indemnización de 1.350 millones de euros a la concesionaria de Castor (la sociedad Escal), la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) suspendió los pagos a Santander, Caixabank y Bankia de los derechos de cobro (unos 6,7 millones de euros al mes) por la deuda generada por esa compensación y que se cargaría en los recibos de gas que pagan los clientes durante 30 años. Además, la CNMC estudia si solicitar a los tres bancos que devuelvan las cantidades ya percibidas desde enero de 2016.

Santander, Caixabank y Bankia han cobrado durante casi dos años a través de los recibos de gas de todos los clientes unos 150 millones de euros. Los tres bancos reclaman al Estado que les devuelva la cantidad de la deuda titulizada que no han cobrado más los daños causados por la anulación de la operación, según confirman fuentes jurídicas conocedoras del contenido de la reclamación presentada ante el Gobierno.

Quién asume el error del Gobierno

Los tres bancos argumentan que la anulación por inconstitucional del trámite elegido por el Gobierno para articular el pago de la indemnización (el Tribunal Constitucional considera que no había urgencia suficiente que justificara utilizar un real decreto y no una norma con rango de ley) no puede provocar un perjuicio a las entidades que financiaron la operación. Y es que el Estado acabaría beneficiándose de haber recurrido a una tramitación inconstitucional al no afrontar los costes y derivarlos a los bancos que se asumieron la deuda.

Santander, CaixaBank y Bankia se muestran dispuestos a pactar con el Gobierno una solución que permita la devolución del dinero de una “manera flexible”. Para evitar el impacto en las cuentas del Estado o de los clientes de gas de afrontar el pago de una sola vez, los tres bancos accederían a que se devuelva de modo gradual, con las mismas condiciones de intereses (con un tipo del 4,3%) y de plazo (30 años) que se preveía en el real decreto anulado.

Santander es el que más deuda asumió en la operación, con 700 millones; Caixabank adquirió derechos de cobro por 473 millones, y Bankia por otros 200 millones de euros. Los servicios jurídicos de los tres bancos han trabajo conjuntamente para coordinar una sola la estrategia jurídica para volver a cobrar.

Deuda de mano en mano

El Tribunal Constitucional anuló el armazón financiero diseñado por el Gobierno para tapar el agujero que dejaba Castor por utilizar un decretazo para hacerlo, en lugar de una norma con rango de ley, dado que según el Alto Tribunal no existía una urgencia que justificara un decreto. Y los bancos entienden que no pueden ser los paganos de un error de tramitación por parte del Ministerio.

El Ministerio de Energía no parece dispuesto a asumir el coste de adoptar una medida impopular como elaborar una nueva norma legal para resolver el entuerto y que los bancos recuperaran los cobros, y prefiere encomendarse a que el conflicto se resuelva en los tribunales.

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS -que estaba participada por la compañía ACS en un 66,67 %- a la concesión de la instalación.

Como consecuencia de ello, el Ejecutivo mediante un real decreto-ley estableció una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años. La deuda primero se transmitió a Enagás, y la compañía la titulizó y la traspasó  a Santander, Caixabank y Bankia, que hasta hace unos meses recibían los pagos a través de las liquidaciones de la CNMC.

A la espera de que arranque la batalla legal para retomar los pagos del Castor, otro frente se ha activado en los tribunales ligado al fiasco del almacén. Varias asociaciones civiles presentaron una demanda por fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos por la adjudicación del proyecto y por la reversión de la concesión posterior. La demanda va dirigida, entre otros, contra los ex ministros Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Magdalena Álvarez y Elena Espinosa, contra el presidente de ACS, Florentino Pérez, y el presidente de Escal, Recaredo del Potro.