Lo que Montoro no 'vendió' del Presupuesto: reduce la brecha de género en las pensiones

"Los Prespuestos para 2018 no perjudican a nadie y benefician a todos", aseguró el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado martes 27 de marzo, tras presentar las cuentas anuales para este año. Se trataba de otro argumento político para tratar de ganarse el apoyo de la oposición durante la tramitación de los Presupuestos en el Parlamento; un alegato in extremis para que el PNV, sobre todo, valorase los intereses económicos que se juega al dar la espalda al proyecto económico del Gobierno.

Sin embargo, al Ejecutivo se le pasó por alto poner en valor un beneficio social que se esconde precisamente detrás de la medida 'estrella' de estos Presupuestos, la subida de las pensiones mínimas, no contributivas, de viudedad y también las más bajas. Y es que esta mejora se concentrará entre las mujeres y servirá para reducir la brecha de género que existe en las rentas de los mayores.

Dicho de otro modo, aunque estas subidas beneficiarán a alrededor de 5,7 millones de personas, lo harán más para unas que para otros y eso es un argumento que el Gobierno bien podría haber usado para meter más presión a las fuerzas de izquierdas también contrarias a las cuentas públicas del Gobierno, Unidos Podemos y PSOE, pero que participaron en las huelgas feministas del pasado 8 de marzo.

¿Si los Presupuestos se hubieran presentado un mes antes, en la antesala del 8-M, el Gobierno habría sacado brillo a este dato? ¿Lo tendrán en cuenta ahora las formaciones lideradas por Pablo Iglesias y Pedro Sánchez conscientes de que tendrán que retratarse tras la propia subida de las pensiones?

Las pensiones mínimas, en manos de las mujeres

Recordar que el proyecto de Ley de Presupuestos para este año recoge una subida de las pensiones mínimas y de las no contributivas del 3%; del 2% para las de viudedad (por la subida de la base reguladora del 52% al 54%); un incremento del 1,5% para las que no sobrepasan los 700 euros al mes (9.800 euros al año) y del 1% para aquellos pensionistas que perciben entre 700 y 860 euros al mes (hasta 12.040 euros al año).

No existe un único umbral para determinar qué son pensiones mínimas, sino que depende del tipo de pensión y de otros condicionantes, como los familiares a cargo. Por ejemplo, la pensión mínima de jubilación es del 639,3 euros al mes, pero asciende a 788,90 euros en caso de que el beneficiario tenga cónyuge a cargo. Al mismo tiempo, la cuantía mínima de una pensión de orfandad es de 195,30 euros al mes.

Con estos y otros límites, las estadísticas de la Seguridad Social reflejan que un 25% de las pensiones en España se concentran en ese tramo que se conoce como mínimas. Se trata de 2,3 millones de prestaciones. Sin embargo, de estas, más de 1,5 millones son percibidas por mujeres, el 65% del total de las pensiones mínimas, frente a un 837.587 que cobran los hombres. En cambio, en el total de las pensiones, el 51,5% de ellas benefician a mujeres.

¿Qué ocurre con las pensiones no contributivas? En este caso, la información hay que ir a buscarla a las estadísticas del Imserso. En España había 453.852 personas cobrando pensiones no contributivas de jubilación e invalidez al cierre de 2017. De nuevo, el 65,88% de estas prestaciones las percibían mujeres (298.994 personas), frente al 34,12% que ingresaban 154.858 hombres.

Las pensiones de viudedad recibirán la siguiente mayor subida dentro de los Presupuestos. Hay que tener en cuenta que este incremento beneficia únicamente a aquellos beneficiarios de más de 65 años y que aproximadamente la mitad de las pensiones que requieren complementos a mínimos se encuadran también en esta tipología. Pues bien, de los 2,3 millones de pensiones de viudedad en vigor a marzo de 2018, solo 181.730 correspondía a hombres. Dicho de otro modo, las mujeres cobran el 92% de estas prestaciones.

¿Y entre las pensiones más bajas?

Por último, el análisis de las pensiones más bajas refleja un reparto también mayoritario para las mujeres. Las estadísticas de la Seguridad Social no trazan una línea divisoria en las pensiones hasta 700 euros mensuales o los 860 euros mensuales. Pero para hacer una aproximación basta señalar que hay 3.752.462 pensiones hasta 735,89 euros al mes y que, de éstas, nuevamente el 65,2% corresponde a mujeres, con un total de 2.448.102 prestaciones. El resto, algo más de 1,3 millones, son derechos adquiridos por hombres.

Solo en el siguiente tramo, aquel que va de los 735,8 a los 900 euros al mes, se invierten los papeles. En dicha horquilla se encuentran 1,2 millones de pensiones, de las que 488.410 corresponden a hombres y 460.903, a mujeres. Es lógico que esto ocurra puesto que a medida que va a aumentando la cuantía de las pensiones la presencia masculina es mayor, sobre todo asociada a las prestaciones por jubilación, de ahí la aparición de la brecha de rentas entre los mayores.

Una brecha superior a 22.300 millones

Como se ve, el porcentaje que más se repite cuando se atiende a la distribución por género en este tipo de pensiones es el 65% (salvo el 92% de las de viudedad). No obstante, unas categorías se incluyen en otras, porque buena parte de las pensiones de mínimas también se encuadran en aquellas de hasta 700 euros.

Por ello, es difícil cuantificar hasta qué punto la subida de las pensiones que podría aplicarse en 2018 puede cerrar la brecha de rentas entre los pensionistas. Tomando como referencia ese 65%, se estima que, de los 5.700.000 beneficiarios de la subida cuantificados por el propio Gobierno, algo más de 3,7 millones serían mujeres.

Si además se da por buena la estimación de UGT, que sitúa la brecha de género en las pensiones en 6.000 euros anuales de media por mujer pensionista, se puede aproximar que solo dentro del espectro de beneficiarias de la subida de las pensiones, la brecha supera los 22.300 millones de euros. Esta cantidad es muy superior a los 1.000 millones de euros que el Gobierno dice que destinará este año a subir las rentas más exiguas.

Sin embargo, no deja de ser un paso al frente, a la espera de que en un futuro se produzca una igualdad efectiva en términos de empleos y salarios que se refleje en las aportaciones a la Seguridad Social y, en último término, en las pensiones futuras.