Los policías locales han decidido cambiar la estrategia de presión sobre el Gobierno para exigir que de una vez por todas se apruebe el cambio legal que permitirá a unos 70.000 efectivos jubilarse de forma anticipada antes de los 60 años. Después de dos jornadas de movilizaciones ante subdelegaciones del Gobierno por todo el país han decidido suspender las restantes concentraciones previstas para el próximo 20 de abril y directamente llevarán a cabo una suerte de persecución a miembros del Gobierno entre los meses de abril y mayo. Prevén acudir a cada uno de los actos públicos del PP en los que estén presentes miembros del Ejecutivo y que estén relacionados con la seguridad o la jubilación para visibilizar sus demandas.
Empezarán el próximo sábado 14 de abril, en un acto en Zamora al que acudirá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acompañado de varios ministros. Para ello, los policías locales han pedido los preceptivos permisos, con lo que quieren que quede claro que no se trata de un escrache.
El acto del 14 de abril no es otro que la convención nacional sobre el mundo rural y desafío demográfico, que a efectos prácticos será todo un 'cónclave' del Ejecutivo. Antes, los 'populares' han celebrado una convención nacional en Sevilla del 6 al 8 de abril. Además, el PP tiene en agenda otras dos convenciones sectoriales a lo largo del mes de abril, además de la citada en Zamora, otra el 21 de abril, en Mallorca, sobre turismo.
La convocatoria de policías municipales en Zamora correrá a cargo de la Plataforma Nacional por el Anticipo de la Edad de Jubilación de los policías locales --aglutina al 80% del colectivo--, integrada por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, así como por la Confederación de Seguridad Local (CSL), la Unión de Policía Municipal (UPM) y la Coordinadora de Policía (COP). En la plataforma también está presente CSI-F, que, según las fuentes consultadas, no participará en cambio en esta nueva estrategia.
Los que tampoco participarán de momento son los policías que se integran en la Plataforma Social de Policías Locales (PSPL). Esta organización está integrada por el Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM), mayoritario en la Comunidad de Madrid, con más de 6.000 afiliados; el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), de ámbito estatal, con más de 4.500 afiliados y con una representación que abarca la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Asturias, Andalucía y Castilla-la Mancha; y el Sindicato Profesional de Policía Municipal de Cataluña (SPPM-CAT), que representa a 2.000 policías locales en Cataluña.
Responsables de la PSPL creen que la nueva estrategia de protestas supondrá un mayor desgaste y aboga por celebrar un gran acto, "más llamativo", para redoblar la presión sobre el Gobierno. En este sentido, la Plataforma Nacional por el Anticipo de la Jubilación de los policías locales también planea una gran manifestación en Madrid que saque a la calle al 100% del colectivo.
Fuentes sindicales insisten en que solo falta que el Ministerio de Hacienda emita el informe favorable necesario para que el decreto por el que se produciría el cambio legal se eleve al Consejo de Estado y posteriormente al Consejo de Ministros. Desde el Gobierno se asegura que es cuestión de tiempo. De hecho, los sindicatos creen que el Gobierno maneja como plazo para aprobar el decreto el 1 de julio de este año, por lo que, en principio, no tendría prisa. Sin embargo, no entienden la demora del informe y temen que, en un escenario en el que no se aprobaran los Presupuestos para 2018, la jubilación anticipada de los policías locales acabara por frustrarse.
"Cada día me llaman por teléfono muchos compañeros que están hartos y que ya no se creen nada", asegura otro de los responsables sindicales consultados. Y es que el Gobierno se comprometió a principios del mes de febrero a tener listo el documento a finales de ese mismo mes. Además, aún está por ver si el decreto final incluye o no cambios respecto al texto hasta ahora conocido.
Posibles cambios en el decreto
Se mantienen a priori las condiciones que deben cumplir aquellos policías locales que quieran jubilarse antes de los 60 años. Así, no se podrán anticipar más de seis años a la edad legal de jubilación vigente en cada momento (actualmente es de 65 años y seis meses), siempre que se acrediten 37 años cotizados.
Como contrapartida, para mantener el equilibrio financiero de la Seguridad Social, la jubilación anticipada de los policías debe acompañarse de un incremento en la cotización “en los términos y condiciones que se establezcan legalmente”.
Salvo cambio de última hora, el tipo de adicional sobre las bases de cotización de los policías locales en activo será del 10,6%, del que el 8,84% será a cargo del empleador (los ayuntamientos), y el 1,76% restante, del trabajador.
Desde ese punto de vista, los sindicatos argumentan que la medida no costará ni un solo euro a los Presupuestos de la Seguridad Social y que, no solo eso, sino que en unos años, en tanto que se dará salida a salarios más altos para sustituirlos por personal más joven y con menores retribuciones, el resultado será un ahorro. Es por eso que el informe de Hacienda no debería suponer una pega ni un obstáculo.
Sin embargo, el Gobierno ha planteado que una jubilación masiva de policías locales en 2018 podría suponer un vacío en muchos ayuntamientos, que plantearían problemas de seguridad ciudadana, puesto que la apertura de un proceso selectivo y la formación de un nuevo policía implica un plazo de al menos un año y medio, según indican desde el sindicato CSI-F. Este problema no afectaría tanto a los grandes ayuntamientos, donde los policías de más edad se dedican a tareas de oficina. La cuestión sería más problemática en el caso de los pequeños consistorios.
En estos momentos, los sindicatos calculan que unos 3.600 policías locales podrían acogerse a la jubilación anticipada en 2018 –unos 800 en Madrid y 300 en Cataluña–, e incluso creen que deberían hacerlo antes de verse penalizados por la aplicación del factor de sostenibilidad incluido en la última reforma de la pensiones, a partir del 1 de enero de 2019.
Los sindicatos calculan que unos 3.600 policías se podrían jubilar ya en 2018
Por ello, la intención del Gobierno sería aplicar la medida de manera escalonada. Ya en el decreto elaborado en julio se preveía un régimen transitorio con escalones hasta 2027. De esta forma, será necesario tener 35 años y seis meses cotizados para poder acceder a la pensión en 2018 o 2019; 36 años si se produce entre 2020 y 2022; 36 años y seis meses para los años 2023 a 2026 y 37 años si el acceso a la cotización se produce en 2027.
Además, el Gobierno tiene que decidir sobre si establece o no otro cortafuegos. De acuerdo con la redacción actual, los policías locales que se quieran jubilar antes de los 60 años, tienen que tener cubierto el periodo de carencia de 15 años que se exige para el acceso a la prestación de jubilación y también 15 como policía municipal.
En este punto, los sindicatos quieren que se computen dentro de estos últimos 15 años también los periodos de desempeño en otros cuerpos y fuerzas de seguridad.
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