Las empresas fuerzan subidas salariales inferiores a lo pactado con sindicatos

La historia se repite. Como ya ocurriera en 2017, los sindicatos CCOO y UGT amenazan estos días con movilizaciones si la patronal CEOE-Cepyme no se presta a negociar las recomendaciones salariales a seguir por los negociadores a pie de empresa y en los diferentes sectores en 2018. Mientras tanto, desde el Gobierno se multiplican las llamadas a pactar subidas salariales que trasladen la recuperación al bolsillo de los españoles.

Sin embargo, aún bajo esas amenazas, las centrales creen que tampoco será posible este año arrancar una firma a los empresarios porque estos, lo saben bien, se encuentran cómodos tal y como están las cosas. Y es que las subidas salariales que se acuerdan en los centros de trabajo cada vez son más bajas respecto a lo que recomiendan patronal y sindicatos en los grandes despachos y, sobre todo, muy inferiores a lo que crece la economía. De ahí los titulares que hablan de un trasvase de rentas, desde las masas salariales a los beneficios empresariales.

Es el mismo escenario que se produjo en 2017 a estas alturas del año con la salvedad de que el Gobierno ha lanzado en la actual coyuntura dos mensajes claros: una subida prevista del salario mínimo interprofesional (SMI) del 15% hasta 2020 y un incremento salarial en el mismo escenario de la retribución de los funcionarios hasta el 8,8%. Además, tanto los Presupuestos de 2018 del Gobierno como las cuentas alternativas del PSOE se encomiendan a los salarios para enmendar el déficit público, especialmente el de las pensiones.

Sin embargo, la tercera pata de esta mesa salarial es un nuevo acuerdo interconfederal  para el empleo y la negociación colectiva en un escenario trianual que complete los otros dos aumentos de las rentas. Y mientras que las subidas aplicadas por el Gobierno van directamente a los Presupuestos Generales del Estado, los acuerdos entre patronal y sindicatos son recomendaciones que después pueden seguirse o no en los convenios colectivos sectoriales y de empresa. De hecho, aunque se firmara un nuevo pacto entre patronal y sindicatos en 2018, quedarían fuera convenios colectivos ya suscritos este año que albergan a buena parte de los trabajadores protegidos por la negociación colectiva.

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Los salarios se alejan de las recomendaciones

Que los salarios pactados de forma efectiva cada vez se desligan más de las recomendaciones que se suscriben en los acuerdos interconfederales entre patronal y sindicatos es algo que se ha hecho evidente sobre todo a partir del año 2012. Antes, en 2010, la subida pactada alcanzó el 1,48%, por encima del 1% recomendado; mientras que en 2011, el incremento medio suscrito fue del 1,98%, dentro de la horquilla de entre el 1% y el 2% previsto en los acuerdos interconfederales.

En 2012, con la llegada del PP al Gobierno, la subida salarial pactada se situó en el 1%, mientras que la recomendación general era de entre el 1,5% y el 2,5%; y en 2013, el incremento fue del 0,53% frente al 0,6% previsto.

La situación fue muy similar en 2014, pero en 2015 la diferencia se amplió. La subida salarial fue del 0,75% ese año frente a un pacto para subir el 1% y ya en 2016, la diferencia, con una subida del 1% de media en convenio, alcanzó el medio punto porcentual frente a la referencia pactada.

En ese escenario, patronal y sindicatos no llegaron a cerrar un pacto de rentas en 2017, ni tampoco en lo que va de año, pese a que la CEOE se ha mostrado dispuesta a llegar a subidas de hasta el 2,5% en 2017 y el 3% en 2018, en virtud de la productividad.

¿Qué ha ocurrido? Pues que aunque se hubiera suscrito un acuerdo en esos términos, la subida salarial pactada también hubiera quedado muy alejada, más incluso, de esas cifras. En 2017, los acuerdos en las empresas y los sectores arrojaron una subida salarial del 1,43%, y en hasta marzo de 2018, la cifra se ha situado en el 1,53%.

¿Por qué los sindicatos persiguen el pacto salarial?

No obstante, la envergadura de las subidas salariales se miden, más que nada, por su correlación con el IPC, pues es esa diferencia la que marca una ganancia o pérdida de la capacidad de compra. En este sentido, la realidad muestra que los trabajadores no han salido mal parados en los últimos años. Salvo en 2016, cuando el IPC alcanzó al final del año el 1,6% y los salarios subieron un 1%, desde 2013 se ha producido una recuperación de poder de compra de los salarios respecto a la inflación.

Solo en 2017, en ausencia  de pacto salarial, los sueldos subieron un 1,43% frente a una inflación del 1,1%, y en 2018 la subida salarial se ha fijado en marzo en el 1,53%, con una inflación del 1,2%.

Con todo, el responsable de organización y portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, avanzaba este martes que si no hay acuerdo con patronal y si no hay avances en las mesas abiertas en el ámbito tripartito del diálogo social lo que habrá es una movilización creciente de los sindicatos.

El papel de los agentes sociales estaría en tela de juicio si vuelve a fracasar el pacto de rentas

La postura de los sindicatos responde a que, primero, otro año sin pacto sobre negociación colectiva pondría en tela de juicio el papel de los sindicatos como vertebradores de la negociación colectiva. “¿De qué servimos entonces?”, reflexiona uno de los máximos responsables de CCOO en conversación con El Independiente. Más aún, a los agentes sociales les interesa y mucho tener una fotografía con un acuerdo interconfederal firmado para evitar injerencias del Gobierno en la negociación colectiva.

Pero, al mismo tiempo, los sindicatos saben que la clave de un acuerdo interconfederal es que incluya como recomendación la aplicación de cláusulas de garantía en caso de que la inflación se sitúe por encima de la subida salarial pactada.

La razón es que ese será a futuro el posible coladero de la moderación salarial en un escenario de bonanza y tasas de IPC superiores a las actuales. De entrada, este año el Gobierno estima que el IPC rondará el 1,5%, en línea con la subida salarial pactada hasta la fecha. Sin embargo, los Presupuestos para 2018 contemplan una subida de la remuneración de los asalariados del 1,1% y el Servicio de Estudios de BBVA también ha hecho proyecciones en esta línea.

Las estadísticas muestran que, en este terreno, las empresas han venido torciendo el brazo a los sindicatos desde que entró en vigor la reforma laboral en 2012.  El porcentaje de convenios colectivos que recogen cláusulas de garantía salarial se ha reducido desde el 47,1% en 2010 hasta el 21,1% en 2017, aunque con cierta recuperación en los últimos años. Es esa tendencia la que los sindicatos quieren apuntalar a toda costa.

En concreto, Lezcano ha afirmado que los sindicatos quieren que se tenga al IPC como referencia para subir los salarios, mientras que la patronal, "en un acto de modernez", quiere incorporar algunas variables, como la previsión de crecimiento o la evolución del empleo, que han formado parte de otros acuerdos en otros ámbitos como en el alcanzado en la Función Pública y que nunca habían formado parte de la negociación colectiva.

Sin embargo,  el propio Lezcano afirma que "los empresarios le han cogido gusto al ventajismo que les da la reforma laboral y quieren seguir teniendo barra libre". Dicho de otro modo, los empresarios parecen estar cómodos. Los salarios crecen por debajo de su última oferta, también del crecimiento de la economía, y las cláusulas de garantía está aún lejos de tener la presencia que un día tuvieron en los convenios. El escenario vuelve a tornarse sombrío de cara a un nuevo pacto de rentas en 2018.