Economía

Nadal rechaza bajar la luz a la gran industria tras rebajarla a empresas vascas para cortejar al PNV

El ministro de Energía dice que aplicar una tarifa estacional a compañías obligaría a costear el impacto a otros usuarios. La medida que beneficia a la industria vasca se pagará con 40 millones que saldrán directamente del presupuesto del Ministerio.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal. | efe

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, considera injusto aplicar una tarifa eléctrica estacional para la gran industria para bajar su factura de luz. Lo es porque, según cifras de Eurostat, los grandes consumidores ya se han beneficiado de una rebaja del 11% desde que entró en vigor el grueso de la reforma eléctrica (frente a las subidas del 16% de Reino Unido y del 10% en Alemania).

Y lo es también, según subraya el ministro, porque el impacto en los ingresos del sistema eléctrico que implicaría esa rebaja a la gran industria lo tendrían que costear otros usuarios con subidas de impuestos o de los peajes energéticos, o conllevaría un incremento del déficit del sistema eléctrico (que lleva cuatro años acumulando supéravits).

Así lo ha dejado claro el propio ministro Nadal este miércoles en el Congreso de los Diputados en la sesión del control al Gobierno, en respuesta al diputado de ERC Joan Capdevila, que reclamaba impulsar una tarifa de potencia estacional para algunos grandes consumidores (hace más de un año el Congreso aprobó una proposición no de ley en este sentido) y que sería especialmente beneficioso para empresas de sectores como el turístico o el agrícola cuya actividad está marcada por la estacionalidad.

“La medida supondría una rebaja de ingresos y eso hay que compensarlo con una subida de impuestos o una subida de la parte fija de la tarifa”, ha contrapuesto Nadal, que ha confirmado su compromiso de no aprobar medidas que puedan generar déficit en el sistema eléctrico. “No es justo. Existen el resto de industrias de empresas, de pymes, comercios y consumidores domésticos, y pagarían lo que otros no pagan”.

El Gobierno dice 'sí' a otra rebaja

El rechazo explícito del ministro de aplicar una rebaja de la factura eléctrica a la gran industria llega después de que el Gobierno haya incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) una partida de 40 millones de euros -con cargo precisamente al presupuesto del Ministerio de Energía- para cubrir el impacto que tendrá en las cuentas del sistema eléctrico una reforma de peajes que servirá para bajar la luz especialmente a la gran industria vasca, como adelantó El Independiente. Una medida fruto de un acuerdo entre el PP y el PNV, y con la que el Ejecutivo busca ganarse el apoyo a los PGE de los nacionalistas vascos.

El Ejecutivo pretende ahora completar la reforma de los peajes eléctricos que emprendió en la anterior legislatura para rebajar la factura eléctrica de las industrias que más luz consumen, y de la que se beneficiarán muy singularmente las compañías asentadas en el País Vasco (del total de 1.250 empresas que recortará su factura gracias a la medida, casi 800 están radicadas en Euskadi).

Frente al argumento esgrimido por Nadal para rechazar la rebaja a toda la gran industria (la tendrían que costear otros usuarios del sistema eléctrico, dice el ministro), el Gobierno pretende asumir directamente con su propio presupuesto el coste que supondrá esa rebaja de la factura a las industrias electrointensivas del País Vasco.

Esto es, la asumirán de manera indirecta todos los contribuyentes con el pago de sus impuestos.  Según se recoge en el proyecto de PGE, el Ministerio de Energía transferirá un crédito por importe de 40 millones de euros a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para cubrir agujero que deja la medida en las cuentas del sistema eléctrico.

Una larga reforma

La batalla por reformar los peajes que pagan las grandes industrias y así rebajar su factura eléctrica viene de lejos. El PNV llevaba años denunciando que la industria vasca asumía un sobrecoste de unos 100 millones de euros en el pago de sus facturas de luz por cómo estaba diseñado el sistema de peajes eléctricos.

Tras acordarla con el PNV, el Gobierno de Rajoy ya hizo una reforma parcial de los tramos de algunos de los peajes de alta y media tensión para rebajar la factura de la industria vasca, eliminando aproximadamente la mitad de ese sobrecoste (en torno a 50 millones de euros). Y el Ejecutivo se comprometió a completar la rebaja de la factura reduciendo la otra mitad, pero no lo había hecho hasta ahora.

El PNV confiaba en que el Ministerio de Energía utilizara la orden ministerial de peajes de 2018 para completar el pacto y que entrara en vigor el pasado enero, pero el Gobierno condicionó la reforma a poder incluir una partida para ello en los próximos PGE. En resumen: sin presupuestos no hay rebaja de la luz para las industrias vascas.

El Gobierno ya había aplicado de facto una rebaja a la industria vasca dividiendo en dos el denominado peaje eléctrico 6.1. Se creó el peaje 6.1.a para clientes con suministros con una tensión entre 1 y 30 kilovoltios (kV) y un 6.1.b, más barato, para las empresas con entre 30 y 36 kV. La mayoría de las grandes industrias vascas cuentan, casualmente, con una tensión de 33 kV por las características de su red, así que se beneficiaban directamente de la rebaja.

El pacto Gobierno-PNV que ahora se pretende articular a través de los PGE pasa por eliminar el peaje 6.1.b y que todos los clientes que tienen suministros acogidos a él pasen directamente a tener el peaje 6.2, que es aún más barato. El Gobierno cifra el impacto en las cuentas del sistema eléctrico de ese cambio en 40 millones de euros.

Cataluña ha recurrido ante la Unión Europea el pacto entre PP y PNV por considerar que discrimina a miles de empresas. La Generalitat catalana reclamaba que también se beneficien de los cambios las compañías con suministros de 25 kilovoltios, lo que ampliaría la rebaja a unas 4.500 empresas en España, de las que casi 3.300 están en Cataluña. Tras el recurso catalán, la Comisión Europea ha abierto un expediente informativo a España para investigar el acuerdo.

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