El Gobierno relanza el cementerio nuclear de Villar de Cañas inyectando 144 millones

Hace ya más de seis años que el Consejo de Ministros eligió el municipio de Villar de Cañas, en Cuenca, para instalar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, el silo en que se guardarán durante décadas –probablemente hasta un siglo- los desechos de alta radiactividad producidos por las centrales nucleares españolas.

Hace ya más de seis años que se eligió el lugar donde se ubicaría el cementerio nuclear y, en principio, el plan inicial pasaba por tenerlo ya operativo este mismo año. Pero las obras de construcción de las instalaciones ni siquiera han comenzado.

Las autorizaciones del Gobierno para iniciar los trabajos aún estar por llegar (no está aprobada ninguna de las tres necesarias), después de que la tramitación previa se haya dilatado por las dudas de los técnicos sobre la idoneidad de los terrenos elegidos, por las reformas legales aprobadas por la Junta de Castilla-La Mancha para bloquearlo y por la judicialización del proceso en una permanente guerra de recursos y contrarrecursos entre administraciones.

Inyección millonaria

El Gobierno parece dispuesto a dar un nuevo impulso a una instalación que considera crucial. El Ejecutivo ha incluido en el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) una partida de 144,48 millones de euros destinada al desarrollo del cementerio nuclear. Los fondos para el silo concentran casi una cuarta parte del total de inversiones recogidas en los PGE para Castilla-La Mancha.

Aún está por ver, no obstante, si esas inversiones por 144 millones se empiezan a ejecutar ya y a qué ritmo. Y es que se trata de una partida plurianual, ejecutable no sólo este año sino también en siguientes, según explican a El Independiente fuentes del Ministerio de Energía, que confirman que su uso está condicionado a que se vayan aprobando las autorizaciones preceptivas (que otorga el propio Ministerio comandado por Álvaro Nadal).

Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de los residuos nucleares, ha ido licitando y adjudicando pequeños contratos para el ATC en los últimos años, incluso cuando el proyecto estaba en la práctica bloqueado legalmente. Pero la millonaria inyección presupuestaria del Gobierno es una señal de la voluntad de reimpulsar un proyecto que acumula tanto retraso. El presupuesto total estimado para la construcción del almacén ronda los 700 millones de euros.

El CSN prepara otro informe favorable

Para que el silo sea una realidad requiere de tres autorizaciones: la de emplazamiento, la de construcción y la de explotación. Todas las concede el Ministerio de Energía, pero antes necesita el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para cada una de ellas.

Hasta ahora, el CSN ha dado el visto bueno técnico sólo a la autorización previa de emplazamiento, pero el Gobierno no ha concedido aún ese permiso porque aún falta que el Ministerio de Medio Ambiente desbloquee la declaración de impacto ambiental, en impasse a falta de completar los estudios de impacto radiológico de la instalación.

El Consejo de Seguridad Nuclear decidió aprobar su informe favorable para la concesión de la autorización de emplazamiento del almacén nuclear, a pesar de las dudas expresadas por sus propios técnicos y por consultoras externas sobre la la calidad de los terrenos elegidos para ubicar la instalación.

El CSN trabaja ahora en el informe técnico sobre la autorización de construcción, y pretende tenerlo listo este mismo año, según confirmó el propio presidente del supervisor, Fernando Marti, la pasada semana en el Congreso de los Diputados. Fuentes conocedoras de los planes del organismo apuntan que el objetivo es aprobar el informe incluso antes del verano. Con el informe del CSN en la mano, el Ministerio podrá dar la autorización de construcción del cementerio nuclear.

La batalla legal

El proyecto de construcción del almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas llegó a estar formalmente bloqueado por ley durante un año y medio. Para paralizar el proyecto, la Junta de Castilla-La Mancha decidió en julio de 2015 ampliar una zona de protección medioambiental hasta hacerla llegar justo a las parcelas en que se ubicaría el ATC.

Pero en enero del año pasado el Tribunal Supremo decidió suspender cautelarmente la aplicación de la norma, atendiendo al recurso presentado por el Gobierno. Aún queda que la justicia se pronuncie sobre el fondo del recurso, pero la decisión del Supremo sirvió para levantar la prohibición de hacer ningún tipo de trabajo en una zona de protección ambiental.

El Alto Tribunal entendió que, si bien el Gobierno de Castilla-La Mancha trata de proteger a las aves ampliando la zona especial, prevalece la protección de todas las especies animales –incluida la humana- y del medio ambiente en general que supone la correcta y pronta gestión de los residuos que generan todas las centrales nucleares españolas y que acabarán en el ATC.

En cualquier caso, aún no está despejado por completo el camino para el proyecto, ya que la Junta castellano manchega reforzó el bloqueo del ATC anulando el plan de ordenación urbanística en el que el Ayuntamiento de Villar de Cañas contemplaba la construcción del silo. Un asunto sobre el que también se deben pronunciar aún los tribunales.