El Gobierno parece dispuesto a tomarse su tiempo en la batalla legal emprendida por los grandes bancos para volver a cobrar por la milmillonaria indemnización por el fiasco del almacén submarino de gas Castor, inactivo desde hace más de cuatro años tras haber provocado cientos de seísmos en las costas de Castellón.

Santander, Caixabank y Bankia asumieron la deuda para cubrir la indemnización de 1.350 millones de euros pagada por el Gobierno a la empresa concesionaria (Escal UGS, controlada por ACS) tras su decisión de retirarse del proyecto. Pero el Tribunal Constitucional anuló el pasado diciembre el sistema ideado para transmitir esa deuda, y los bancos han dejado de cobraresos derechos que se cargaban cada mes en el recibo de gas natural que pagan los cliente sy que se iban a seguir cargando durante 30 años.

Los tres bancos han iniciado conjuntamente la batalla legal para recuperar el dinero les quedaba por cobrar. Santander, Caixabank y Bankia presentaron hace dos semanas ante el Gobierno una reclamación de responsabilidad del Estado legislador para recobrar el dinero que aportaron para la titulización de la deuda.

Un plazo de seis meses para responder

Pero el Gobierno da largas a los bancos y no pretende pronunciarse sobre la reclamación de la gran banca. “Estamos analizando la reclamación. Pero tenemos seis meses de plazo para responder a los bancos”, ha explicado el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia. “De momento, estamos viéndolo”. El Ministerio de Energía no pretende dar respuesta al recurso de los tres bancos hasta contar con el dictamen del Consejo de Estado sobre el asunto, al que se le consultará sobre las implicaciones legales.

Los bancos argumentan que la anulación por inconstitucional del trámite elegido por el Gobierno para articular el pago de la indemnización (el Tribunal Constitucional considera que no había urgencia suficiente que justificara utilizar un real decreto y no una norma con rango de ley) no puede provocar un perjuicio a las entidades que financiaron la operación. Y es que el Estado acabaría beneficiándose de haber recurrido a una tramitación inconstitucional al no afrontar los costes y derivarlos a los bancos que se asumieron la deuda.

Los pagos a Enagás

La sentencia del Tribunal Constitucional también supuso la paralización de los pagos a Enagás por encargarse de las labores de mantenimiento y de hibernación del almacén Castor. La compañía desveló que el Gobierno trabajaba en una vía legal para recuperar al menos parte de los pagos (cada año se abonaba 15 millones de euros a Enagás, y según la empresa se planteaba transferir a partir de ahora 8 millones de euros anuales).

Pero desde el Ministerio de Energía se enfría esas expectativas. “No hay previsión de hacerlo”, ha sentenciado Navia, que ha subrayado que para encontrar una fórmula de ese tipo haría falta una norma con rango de ley. Esto es, tendría que contar con apoyos suficientes para aprobarla de las Cortes, algo improbable.

Devolver lo ya cobrado

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ya ordenó suspender los pagos a los tres grandes bancos en cumplimiento de la sentencia del Constitucional, a razón de algo más de 6,7 millones de euros cada mes.

Y ahora el supervisor se dispone a ordenar también a las tres entidades que devuelvan lo que ya habían cobrado hasta la suspensión de los pagos, según fuentes jurídicas conocedoras del criterio que se impone en la CNMC, aunque de momento no se ha aprobado formalmente la decisión.

Santander, Caixabank y Bankia cobraron 147,8 millones de euros entre enero de 2016 y octubre de 2017 (la orden de paralización de los pagos empezó a tener efecto con la liquidación del sistema gasista correspondiente al pasado noviembre). En 2016, los pagos a los bancos ligados a la deuda por la indemnización fue 80,6 millones, y en los diez primeros meses de 2017 superaron los 67,2 millones.

Santander es el que más deuda asumió en la operación, con 700 millones; Caixabank adquirió derechos de cobro por 473 millones, y Bankia por otros 200 millones de euros. Los servicios jurídicos de los tres bancos han trabajo conjuntamente para coordinar una sola la estrategia jurídica para volver a cobrar.