Las CCAA cuadraron el déficit en 2017, pero con el 60% de la inversión previa a la crisis

España saca pecho ante Bruselas. El país logró cerrar el año con un déficit del 3,1% del PIB, en línea con lo comprometido, y se quedó a un paso de salir del procedimiento de déficit excesivo gracias al buen comportamiento presupuestario de las comunidades autónomas --principales culpables de las desviaciones de ejercicios anteriores-- y los ayuntamientos. Mientras, el Estado y la Seguridad Social no lograron cuadrar sus cuentas. Con todo, la administración central confía en alcanzar cifras récord de ingresos en 2018, con lo que la salida de la tutela de Bruselas se da por hecho cuando acabe el presente ejercicio.

Este es el paisaje que ha dibujado en los últimos meses el Gobierno. Sin embargo, la base sobre la que las comunidades autónomas han cimentado la corrección del déficit presenta fisuras, según el informe 'Las finanzas autonómicas en 2017 y entre 2003 y 2017', elaborado por el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, estrecho colaborador del Ministerio de Hacienda, y cofinanciación por el Servicio de Estadios del BBVA.

El trabajo refleja una reducción importante del déficit de las comunidades autónomas desde 2015, pero recalca que se debe a factores atípicos, que pueden revertirse en el corto plazo, volviendo a empujar al alza el desequilibrio de las cuentas de estas administraciones. Además, alerta de que las CCAA han logrado cuadrar su déficit pagando como precio una reducción de las inversiones por habitante hasta dejarlas en el 60% de los niveles alcanzados antes de la crisis. Y estos niveles deberán recuperarse en algún momento.

Del lado de los ingresos, el informe menciona los procedentes del sistema de financiación autonómica. Cada año se realizan transferencias del Estado a las comunidades autónomas a partir de los ingresos impositivos previstos. A los dos años, se realiza una liquidación del ejercicio en cuestión teniendo en cuenta lo realmente ingresado. Lo que ha ocurrido desde 2015 es que la previsión de recaudación se ha visto sobrepasada y las liquidaciones realizadas han superado también las expectativas de las comunidades autónomas. Pero esta evolución puede no tener continuidad.

Al mismo tiempo, del lado de los gastos, el coste de los intereses que asumen las comunidades se ha mantenido muy bajo en relación al 'stock' de deuda acumulada por las favorables condiciones financieras que ha ofrecido el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y los demás mecanismos de liquidez autonómica. El reverso de estas facilidades es, precisamente, una peor evolución del déficit del Estado.

Por ultimo, De la Fuente recalca que, pese a que las inversiones públicas por habitante en las CCAA han mostrado síntomas de recuperación en los últimos años, siguen en niveles muy bajos, al 60% de lo que alcanzaron antes de la crisis y, antes o después, siempre dentro de las reglas de estabilidad fiscal, tendrán que repuntar, presionando al alza las partidas de gasto y el déficit.

La evolución del déficit autonómico

Por un lado, el gasto autonómico se disparó entre 2003 --año en el que todas las comunidades autónomas gestionaron las competencias en sanidad durante el ejercicio completo-- y 2009. Este efecto, combinado con una reducción de los ingresos a partir de 2010 y 2011, ya en plena crisis económica, dio como resultado en esos años de un deterioro del saldo fiscal --el déficit autonómico toco techo en 2011 con un 5,1% del PIB--, que solo se corrigió entre 2012 y 2013 por un drástico recorte del gasto público y una estabilización de los ingresos. Los años 2014 y 2015 fueron de estancamiento y de incumplimiento de los objetivos de déficit.

Sin embargo, a partir de 2016, el PIB comienza a crecer y el déficit de la comunidades autónomas a reducirse. Así es como estas administraciones cerraron 2017 con un déficit agregado del 0,32% del PIB, muy por debajo del 0,6% comprometido, y en niveles previos a la crisis.

La diferencia es que, a día de hoy, pese a que el saldo fiscal es similar, tanto la partida de gastos como la de ingresos son superiores. Los gastos crecieron 3,5 puntos del PIB entre 2003 y 2009, y solo ha caído en tres puntos desde entonces. Los ingresos también han terminado en 2017 medio punto por encima de los niveles de partida.

Salvadas estas diferencias, lo preocupante es, no solo que esa recuperación se sustenta en factores atípicos, sino que la reducción del gasto se ha debido principalmente al sacrificio de las inversiones. Por un lado, las partidas de inversión se redujeron rápidamente desde 2009, hasta situarse en torno a la mitad de los valores iniciales, mientras que el gasto en intereses se triplicó por la acumulación de la deuda y repunte de la prima de riesgo. Desde ese año y hasta 2013, el gasto total se redujo al mismo ritmo al que había aumentado en los años anteriores, pero la inversión absorbió la mitad del descenso.

Solo desde 2013 se inicia una suave recuperación del gasto, que se produce a un ritmo mucho mayor en el caso del pasivo corriente, mientras que la inversión sigue cayendo. De hecho, el incremento del déficit en 2015, por ejemplo, se explica, no por un incremento del gasto real, sino por la imputación de 3.500 millones de euros, de los que la mitad corresponden a inversiones mal contabilizadas en su momento y la otra mitad, en todo caso, a gastos corrientes.

El déficit real de las CCAA

El estudio estima el déficit resultante en 2017 descontando el efecto de estas partidas atípicas y ajustando las trasferencias del Estado al ritmo real de los ingresos tributarios del Estado, así como en un escenario de tipos de interés sin el paraguas del Estado. Esta simulación arroja que el déficit de 2015 se habría situado casi tres décimas por debajo del observado, del 1,66% del PIB, pero cuatro y cinco décimas por encima de los saldos definitivos de 2016 y 2017. Es decir que en el último ejercicio se habría producido un déficit del 0,85% del PIB y se habría incumplido el objetivo.

Las CCAA no habrían cumplido el déficit sin contar con factores atípicos

De la Fuente explica que "el ejercicio sugiere que la situación presupuestaria actual de las CCAA es menos cómoda de lo que podría parecer a primera vista dado que la caída del déficit que se observa en los últimos ejercicios refleja en una parte una fuerte reducción de los intereses debida a acciones discrecionales del Gobierno que podrían no mantenerse en el futuro, así como unas liquidaciones muy favorables del sistema de financiación en un momento de cambio de ciclo".

Además, el autor insiste en que "la inversión real por habitante se ha reducido a menos del 60% de su valor inicial en el conjunto del país y en 13 de las 17 comunidades autónomas". Al respecto, Cataluña es la región que menos ha reducido las inversiones, junto al País Vasco, al contrario que Castilla-La Mancha y Valencia.