La Autoridad Fiscal pide 'rescatar' las ayudas a la dependencia con 3.000 millones de los ayuntamientos

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el auditor de las cuentas del Estado, cree que España tiene un problema de asignación de recursos. De un lado, el Estado o la Seguridad Social soportan una carga de gasto que no les permitirá cumplir con sus objetivos de déficit para este año, mientras que las comunidades autónomas apenas empiezan a ver la luz tras años de incumplimientos.

En cambio, los ayuntamientos cuentan con unos 24.000 millones de euros ahorrados en depósitos con escasa rentabilidad porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria les ha impedido reinvertir como hubieran querido los superávit de los últimos años. Y entre tanto, la casa sin barrer, lo que en términos presupuestarios se traduce, por ejemplo, en una sistema de protección a la dependencia seriamente infravalorado.

Desde que se aprobó la conocida como Ley de Dependencia, en 2006, este ámbito no ha logrado contar con la financiación suficiente (entre otras cosas por el azote de la crisis económica). Ello se ha traducido, por ejemplo, en que en los últimos cinco años unos 150.000 dependientes reconocidos han fallecido en la sala de espera de esa promesa y otras 300.000 aún se encuentran en ese limbo.

Sin embargo, las competencias en dependencia recaen casi en exclusiva sobre las comunidades autónomas, y el Estado solo financia los mínimos garantizados, algo para lo que año tras año se ha ido destinando una cada vez menor dotación presupuestaria. A día de hoy, ese retroceso ha hecho que el grueso de la dependencia lo hayan acabado pagando unas comunidades autónomas ahogadas presupuestariamente y hasta en un 20% los propios dependientes a través del copago.

La AIReF propone repartir esfuerzos

La Autoridad Fiscal ya ha lanzado con anterioridad mensajes al Gobierno llamando a que los ayuntamientos adopten algunas competencias que hoy ostentan en las comunidades autónomas, como ésta de la dependencia. Sin embargo, su presidente, José Luis Escrivá, fue más lejos este martes en el Congreso de los Diputados y lanzó un mensaje aún más claro.

Según dijo, los ayuntamientos volverán a acumular este año 2018 un superávit de otras seis décimas del PIB, unos valiosos 7.000 millones de euros que se suman a los 24.000 millones que acumulan los consistorios tras años sometidos a la regla de gasto que impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y esa cantidad sería más que suficiente para cubrir los 3.000 millones de euros que costaría absorber la lista de espera de 300.000 personas de la dependencia.

¿Qué hará Hacienda con el superávit de los ayuntamientos?

Los planes de Hacienda, de momento, son bien distintos. Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 recogen un incremento del gasto del Estado para dependencia de 46 millones de euros, pero después de que las cuentas de 2017 dejaran sin ejecutar unos 43 millones de euros.

Y sí, el Ministerio de Hacienda dará más margen a los ayuntamientos para gastar en ámbitos que hasta ahora no podían. Se trata de 1.000 millones de euros entre 2018 y 2019 que, en cambio, podrán dedicarse a construir infraestructuras sanitarias o culturales en la víspera de las elecciones municipales del próximo año, pero no directamente al cuidado de personas dependientes.

La explicación técnica es la siguiente: la regla de gasto impone límites a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Estas administraciones no pueden incrementar sus desembolsos por encima del crecimiento potencial de la economía a medio plazo. Solo es posible superar este límite si la excepción se compensa con incrementos de ingresos con carácter permanente. No obstante, para los ayuntamientos saneados existe la posibilidad de destinar el superávit a inversiones, pero siempre que a lo largo de su vida útil sean financieramente sostenibles.

Bajo estas condiciones, muchos ayuntamientos han cargado las tintas del gasto en este tipo de inversiones, pero dentro de las tipologías marcadas por el Gobierno, que excluía hasta ahora la construcción, por ejemplo, de bibliotecas. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha publicado un Real Decreto por el que se amplía el abanico de inversiones financieramente sostenibles a cuestiones como infraestructuras sanitarias, sociales o deportivas, así como a mobiliario vinculados a la prestación de servicios.

Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) el impacto de esta modificación será un incremento del gasto de 1.000 millones de euros, de los que 200 millones ya se emplearán en 2018.

Un 'regalo' de 1.000 millones antes de las elecciones                                    

Esta modificación se produce en la antesala de las elecciones municipales de 2019, pero no beneficiará a todos los ayuntamientos por igual, sino que afectará sobre todo a aquellas administraciones que mejor comportamiento fiscal han tenido, más saneadas están y, por ello, más han aportado con su superávit a la consolidación fiscal de España en los últimos años. Esto es así, porque la condición que ha puesto Montoro para poder ampliar el abanico de gasto es que los ayuntamientos cumplan con los límites de endeudamiento, tengan un superávit y un remanente de tesorería positivos en el año anterior o cumplan con el periodo medio de pago establecido en la Ley.

Con dato de 2016, la AIReF estima que solo el 66% de los ayuntamientos cumplen estas condiciones, entre los que se encuadran el 100% de los consistorios de más de un millón de habitantes y el 61% del resto, especialmente los más pequeños. Estos porcentajes alcanzan el 88% en el caso de las diputaciones, cabildos y consejos insulares.

En conclusión, lejos de destinar 3.000 millones de su superávit a 'rescatar' el sistema de dependencia, lo más probable es que los ayuntamientos saneados emprendan una carrera por acometer otros gastos, no solo sociales, dentro del ámbito de sus competencias y por un tercio de ese importe, con la mente puesta en consolidar o ganar cuota de poder en sus respectivos territorios.