El proyecto de construcción de un almacén de residuos nucleares acumula un enorme retraso. El plan original contemplaba tenerlo listo a finales de este año. Sin embargo, más de seis años después de que el Consejo de Ministros eligiera el municipio de Villar de Cañas (Cuenca) para ubicarlo, las obras de las instalaciones ni siquiera han comenzado aún.
La tramitación del proyecto se ha visto dilatada por las dudas de los técnicos sobre la idoneidad de los terrenos elegidos, por las reformas legales aprobadas por la Junta de Castilla-La Mancha para bloquearlo y por la judicialización del proceso en una permanente guerra de recursos entre administraciones. El resultado: el Gobierno no ha aprobado todavía ninguna de las tres autorizaciones necesarias para poner en marcha el almacén.
La construcción de un almacén temporal centralizado (ATC) para guardar durante décadas los residuos de las centrales nucleares (en principio, durante 70 años, aunque puede alargarse hasta los 100 años) es un proyecto irrenunciable para el Gobierno y para el sector nuclear nacional. Y, a pesar de los retrasos, sigue adelante.
Casi 1.000 millones
El plan del cementerio nuclear de Villar de Cañas contempla un presupuesto que se elevará hasta los 972 millones de euros, según las estimaciones que maneja Enresa –la sociedad pública encargada de gestionar los residuos nucleares- a las que ha tenido acceso El Independiente. No obstante, diferentes fuentes del sector nuclear advierten que ese coste puede acabar siendo mayor por las eventuales mejoras que habrá que incluir en el proyecto por la mala calidad de los terrenos elegidos.
El Gobierno ya ha incluido en el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) de este año una partida de 144,48 millones de euros destinada al desarrollo del cementerio nuclear. Los fondos para el silo concentran casi una cuarta parte del total de inversiones recogidas en los PGE para Castilla-La Mancha.
No es seguro que estas inversiones puedan ejecutarse ya este año. Y es que se trata de una partida plurianual, ejecutable no sólo este año sino también en siguientes, según explican fuentes del Ministerio de Energía, que confirman que su uso está condicionado a que se vayan aprobando las autorizaciones preceptivas (que otorga el propio Ministerio comandado por Álvaro Nadal).
La defensa del ATC: es la opción más barata
"Hay que construir el ATC porque abarata los costes de manera significativa". Lo dijo esta misma semana el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en el Congreso de los Diputados. El Gobierno defiende la construcción del almacén nuclear como la opción más barata para gestionar los residuos radiactivos.
En lugar de construir un almacén centralizado en que se concentren toda la basura nuclear del país se podría -según defienden algunas organizaciones- dejar los residuos en almacenes en cada una de las centrales nucleares. Pero según las estimaciones de Enresa, la gestión de una red de almacenes temporales individualizados (ATI) en cada planta costaría algo más del doble que el propio ATC.
Mientras que se estima que el almacén de Villar de Cañas costará esos 972 millones, el cálculo de construir y mantener la red de almacenes en cada central se elevaría hasta los 1.980 millones de euros. Sólo los cerca de 480 contenedores que habría que instalar entre todos los almacenes costarían cerca de 1.000 millones, y los sistemas de seguridad para operar en caso de deterioro de esos contenedores a lo largo de las décadas casi duplicaría ese presupuesto.
Quedan seis años más
El plan para almacén de deshechos de alta radiactividad pasa, en principio, por tenerlo listo en 2024, seis años después de lo previsto. Enresa, no obstante, intenta adelantar una parte del proyecto para tenerla operativa con antelación.
Y es que el objetivo de Enresa es fraccionar el proceso de autorizaciones para licenciar por separado y con antelación el almacén de espera de contenedores (AEC), el edificio en el que se inicia el proceso y al que primero llegarán los residuos desde las centrales nucleares. Si la empresa consigue su objetivo, este primer edificio podría estar operativo en 2021 y empezar entonces a recoger residuos procedentes de las plantas.
El CSN ultima el ‘sí’ al permiso de construcción
Para que el silo sea una realidad requiere de tres autorizaciones: la de emplazamiento, la de construcción y la de explotación. Todas las concede el Ministerio de Energía, pero antes necesita el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para cada una de ellas.
Hasta ahora, el CSN ha dado el visto bueno técnico sólo a la autorización previa de emplazamiento, pero el Gobierno no ha concedido aún ese permiso porque falta que el Ministerio de Medio Ambiente desbloquee la declaración de impacto ambiental, en impasse a falta de completar los estudios de impacto radiológico de la instalación.
El Consejo de Seguridad Nuclear decidió aprobar su informe favorable para la concesión de la autorización de emplazamiento del almacén nuclear, a pesar de las dudas expresadas por sus propios técnicos y por consultoras externas sobre la la calidad de los terrenos elegidos para ubicar la instalación.
El CSN trabaja ahora en el informe técnico sobre la autorización de construcción, y pretende tenerlo listo este mismo año, según confirmó el propio presidente del supervisor, Fernando Marti, la pasada semana en el Congreso de los Diputados. Fuentes conocedoras de los planes del organismo apuntan que el objetivo es aprobar el informe incluso antes del verano. Con el informe del CSN en la mano, el Ministerio podrá dar la autorización de construcción del cementerio nuclear.
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