Montoro, a Llarena: sólo pudo usarse dinero del Estado para el 1-O falsificando facturas

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena quiere saber por qué el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró en una entrevista al diario El Mundo, que ni el referéndum del 1 de octubre en Cataluña ni la manutención del expresident Carles Puigdemont fuera de España se han financiado con dinero público. Así se lo ha hecho saber este miércoles a través de una providencia en la que le insta a que informe a la mayor brevedad posible sobre la trastienda de sus declaraciones. Y Hacienda tiene una suerte de primera respuesta.

La noticia del requerimiento coincidía con la comparecencia de la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Belén Navarro, en la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, quien a esas horas explicaba a los diputados precisamente que "no ha habido dinero" del Fondo de Liquidez Autonómica o de las entregas a cuenta por la financiación de esa comunidad "que no haya ido destinado al pago de facturas de proveedores".

Esto quiere decir, dando continuidad a las palabras de Montoro, que si ha habido un uso indebido de los recursos públicos en Cataluña  --1,6 millones, según investiga el juez--, éste puede haberse localizado en todo caso en los ingresos por tributos cedidos o propios de la comunidad autónoma, pero no en las grandes partidas transferidas desde el Estado. Además, Navarro ha agregado (como también hizo Montoro en sus declaraciones) que la investigación judicial en marcha dirá si esos pagos de facturas "no correspondieran a tal fin". Es decir, ha abierto la puerta a que, una vez certificadas las facturas pagadas a proveedores, estas pudieran haber sido falseadas o de alguna manera desviadas por algún funcionario.

En resumen, lo que Hacienda defiende es que en lo que corresponde a su gestión, no se ha certificado un uso indebido del dinero público, y que lo que cabría revisar es la gestión realizada por los responsables de la Generalitat.

Las posibles grietas

Para conocer los márgenes que pudo tener la Generalitat para destinar fondos públicos a la financiación del desafío independentista es preciso diferenciar las distintas fuentes de financiación con las que cuenta a grandes rasgos Cataluña. Para empezar el sistema de financiación autonómica reporta a las comunidades autónomas de régimen común ingresos procedentes del 50% de lo que se recauda a nivel nacional por IRPF e IVA y el 58% de los impuestos especiales, entre otros conceptos.

Cada año se realizan unas entregas a cuenta a todas las comunidades autónomas, como anticipo de los ingresos tributarios previstos para ese año, a la espera de realizar una liquidación definitiva dos años más tarde. Solo en el ejercicio 2017, en el que tuvo lugar el referéndum del 1-0, Cataluña percibió 18.576 millones de euros procedentes de la financiación autonómica, de los que 16.973 millones eran entregas a cuenta y otros 1.673 millones, de la liquidación del ejercicio 2015.

Pero además, Cataluña ingresó otros 7.275 millones de euros a través del FLA, el 33% de los recursos distribuidos entre las comunidades autónomas a través de este mecanismo en 2017. El FLA es una mecanismo de ayuda a las comunidades autónomas que atraviesan dificultades para financiarse en los mercados. En este sentido, es una línea de créditos gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que aporta a las comunidades autónomas que se adhieren de forma voluntaria financiación a un coste inferior al de los mercados.

Estos dos ámbitos son los que Navarro ha citado durante su comparecencia en el Congreso para respaldar las declaraciones de Montoro.

Los cortafuegos de Hacienda

Sobre el FLA, la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda ha explicado a los diputados que este mecanismo tiene dos tramos: uno paga directamente vencimientos de deuda y el otro, a proveedores. Sobre esta segunda parte, en la que se podría haber producido la supuesta malversación, ha preciado que las facturas, certificadas por la Intervención, se cargan en una plataforma y se produce después el pago "directamente a los proveedores". Es decir, en principio, están controladas.

Este mismo sistema de carga y pago directo de facturas, ha continuado la secretaria general, es el que funciona para los pagos con cargo a las entregas a cuenta que le corresponden a Cataluña por el sistema de financiación autonómica. Esta medida se impuso en marcha el pasado 15 de septiembre para evitar precisamente el desvío de dinero para el 1-O. Por todo ello, Navarro ha indicado que "se puede decir que no ha habido dinero que no haya ido destinado tanto por los pagos FLA como del control de pago de las entregas a cuenta, al pago de una factura de proveedores".

La posible desviación de las facturas

Ahora bien, la responsable de Financiación Autonómica ha recordado a continuación que este asunto está siendo objeto de investigación judicial, que en ese caso se podría considerar si se ha "desviado algún dinero" ajeno al FLA y a esas entregas a cuenta señaladas o si "ese pago de facturas certificadas por los interventores no correspondieran a tal fin".

Esta misma línea es la que defienden fuentes de Moncloa. Según precisan, "las sentencias no se dictan por titulares de prensa, sino por pruebas ante el tribunal", a lo que añaden que "solo el tribunal puede dictaminar si ha habido malversación; y si en ese caso ha sido porque los responsables de la Generalitat sortearon de forma fraudulenta e ilegal los controles de Hacienda".

Además, entre los ingresos ajenos al FLA o a la financiación autonómica, quedarían por ejemplo los tributos cedidos, como Sucesiones o Donaciones, y los propios, aquellos que recaudan directamente las comunidades en virtud de su capacidad normativa, y que Hacienda controla también, pero solo desde la aplicación del artículo 155, casi un mes después del 1-0.

Resulta que, de acuerdo con la información disponible del Consejo General de Economistas de España, Cataluña es actualmente la comunidad autónoma con mayor número de tributos propios, muchos de ellos creados en los últimos años y algunos declarados inconstitucionales. La recaudación en 2016 por esta vía superó los 630 millones de euros en Cataluña.