La central nuclear de Vandellós I, en Tarragona, echó el cierre en 1989. Lo hizo después de un incendio y de una posterior inundación. El desmantelamiento de la planta será en diferido. El cajón de su reactor permanece sellado en una suerte de sarcófago gigante y así seguirá durante un periodo de latencia de un cuarto de siglo, hasta 2025. Será entonces cuando se reanudarán los trabajos para demolerla.
Enresa intenta fraccionar los permisos para tener parte del ATC en 2021 y adelantar la repatriación de los residuos
Los residuos nucleares de la malograda central tarraconense fueron trasladados a Francia para ser almacenados. La sociedad pública Enresa –encargada de la gestión de los residuos radiactivos españoles- ha firmado sucesivos convenios con empresas galas para continuar con el almacenamiento. Actualmente se encarga de guardar los residuos el grupo Areva (que ha pasado a llamarse Orano), que los tiene almacenados en Normandía.
Después de varias prórrogas, el pasado 1 de julio expiró el plazo máximo fijado para que España repatriara estos residuos nucleares desde Francia. Y el incumplimiento obliga a Enresa a pagar una penalización por cada día que permanecen de más en suelo francés. En concreto, la sanción que se lleva abonando desde entonces es de 73.000 euros al día (esto es, 26,6 millones de euros al año).
Hasta siete años pagando
Se seguirá abonando la penalización hasta que esté operativo el cementerio nuclear de Villar de Cañas, en Cuenca. El proyecto de silo acumula años de retraso, y el calendario base que maneja Enresa es tener listo el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos en 2024.
España puede acabar pagando a la gala Areva hasta 200 millones
Si el plazo se cumple, España acumularía pagos a Areva por entre 170 millones y 200 millones de euros por los años de retraso, en función de en qué momento del año 2024 entrará en funcionamiento el almacén. Enresa, no obstante, intenta adelantar una parte del proyecto para tenerla operativa con antelación.
Y es que el objetivo de Enresa es fraccionar el proceso de autorizaciones para licenciar por separado y con antelación el almacén de espera de contenedores (AEC), el edificio al que primero llegarán los residuos desde las centrales nucleares. Si la empresa consigue su objetivo, este primer edificio podría estar operativo en 2021 y traer en esa fecha los residuos depositados en Francia. En tal caso la sanción pagada a Areva oscilaría entre los 95 millones y los 120 millones de euros.
En el momento en que España repatríe los residuos radiactivos desde Francia, Areva tendrá que devolver parte de las sanciones abonadas. Como si se tratase de una suerte de fianza de garantía, la compañía nuclear francesa cobraría sólo por la labor de almacenamiento realizada durante años, y reintegraría parte de la penalización.
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