El Pleno del Parlament de Cataluña prevé aprobar este miércoles, 25 de abril, los decretos ley del Gobierno por los que se prorrogan los Presupuestos de 2017 y se devolverá a los funcionarios catalanes el 20% de la paga extraordinaria suprimida en el año 2012 aún pendiente de cobro. Esta vez no habrá bloqueo por parte del frente independentista, como ocurrió a principios de este mes, pese a que las condiciones en las que se escudaron para posponer esta cuestión no han variado.
Entonces, el pasado 5 de abril, la mayoría independentista se impuso en la Junta de Portavoces para impedir la validación en el pleno de dos decretos del Gobierno, ambos aprobados por el Consejo de Ministros. Una maniobra que fue censurada por toda la oposición, incluidos los Comunes.
JxCat, ERC y la CUP justificaron su posición por la negativa del Gobierno a comparecer ante el pleno para defender los decretos, algo que consideraban ilegal. Para aclarar esta cuestión, pidieron un informe a los letrados y pospusieron la aprobación.
Los letrados han emitido ya el informe y concluyen que, aunque los decretos llevan la firma de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no es necesario que ningún miembro de la Administración central acuda al Parlament para defenderlos. De hecho, los dos decretos fueron preparados por los responsables de Economía de la Generalitat, Pere Aragonés, y Función Pública, Dolors Massó.
En conclusión, el problema, según los portavoces de JxCat, ERC y la CUP, era que “unos decretos firmados por el Gobierno del 155" se tenían que examinar y, tras el examen, ahora sí que habrá aprobación.
El coste de no aprobar los decretos
Sea como fuere, el Parlament tenía hasta el 25 de abril para aprobar los dos decretos, si no el Gobierno debería iniciar de nuevo el proceso y eso, en lo que afecta a los funcionarios, supondría un gran retraso a la hora de recuperar la paga extra, toda vez que el mandato del Gobierno fue suscrito el 9 de marzo.
La situación no ha cambiado, pero ahora sí se aprobará la devolución de la extra
Además, aún no hay un calendario previsto para recuperar las ‘extras’ de los dos años siguientes y otros derechos perdidos durante la crisis.
En el año 2011, la Generalitat, entonces gobernada por el expresident Artur Mas y su mano derecha en la Conselleria de Economía, Andreu Mas-Colell, retiró a su funcionarios un plus de productividad que venían cobrando.
Ya en 2015, cuatro años después, la consejera del Departamento de Gobernación, Joana Ortega, se comprometió en un debate en el Parlament a recuperar este plus, aunque ligándolo a la consecución de objetivos. Una promesa que llegaba antes de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de ese año y que después no se ha materializado.
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