Menos de la mitad de hogares en pobreza energética cumple los criterios del nuevo bono social de luz

El Gobierno reformó el año pasado los criterios para poder recibir el bono social eléctrico para ligarlo más directamente al nivel de renta de los hogares con el objetivo de hacerlo así más eficaz en la lucha contra la pobreza energética.

El nuevo sistema de ayudas contempla descuentos del 25, 40, y 50% del recibo de la luz en función del grado de vulnerabilidad de los hogares, determinado por la renta familiar (el descuento alcanza el 100% si el hogar está atendido por los servicios social de su región o su ayuntamiento).

Hasta la reforma, el bono social eléctrico –que aún sigue vigente hasta el próximo octubre- establecía criterios que poco tenían que ver con la vulnerabilidad económica de los hogares. Del total de 2,3 millones de clientes que lo reciben, la inmensa mayoría (más de 1,7 millones, un 71% del total) lo perciben por tener contratada una potencia inferior a 3 kw, con independencia de cuál sea la renta familiar.

La reforma de los requisitos, apoyada en el Congreso por PSOE y por Ciudadanos, se entendió como un giro en la buena dirección. Pero un informe elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) alerta de que el programa en su nueva formulación es poco efectivo, dado que menos de la mitad de los hogares españoles que sufren una situación de pobreza energética cumplen los requisitos que les dan derecho a recibir el bono social.

Medir la pobreza energética

Siguiendo las recomendaciones del Observatorio Europeo de Pobreza Energética, ACA mide el impacto de la pobreza energética en España utilizando cuatro criterios complementarios. Dos de esas métricas usan los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV): población que se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos (1,9 millones de hogares, o 4,6 millones de personas, con datos de 2016, últimos disponibles) y población que declara retrasos en el pago de los recibos de la vivienda (900.000 hogares, o 2,8 millones de personas).

Las otras dos métricas utilizan datos de la Encuesta de Presupuesto Familiar (EPF): población con gastos desproporcionados, al tener que el porcentaje de ingresos familiares destinado a pagar energía doméstica es más de dos veces por encima de la mediana nacional (8 millones de ciudadanos), y población que sufre pobreza escondida, al reducir su consumo de energía hasta que el gasto doméstico por persona está por debajo de la mitad de la mediana nacional (5,4 millones de personas).

La efectividad del bono

Es difícil pues establecer una cifra concreta que determine cuántos son los hogares o cuántos millones de ciudadanos sufren pobreza energética en España, dado que en algunos casos estos hogares cumplen varios de esos criterios y en otros casos no se solapan y, por tanto, se suman a una cifra agregada. En cualquier caso, menos de la mitad de los hogares que se incluyen en cada una de estos criterios tienen derecho a acogerse al bono social con los nuevos requisitos.

Si se tienen en cuenta los criterios con datos de la Encuesta de Calidad de Vida, sólo el 40% de personas en pobreza energética podrá beneficiarse del bono social (41% en caso de viviendas con temperaturas inadecuadas y 46% en caso de retraso en el pago de recibos). Y si se utilizan los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, sería el 45% de los que sufren pobreza energética los que tienen derecho a las ayudas (49% de los que tienen gastos desproporcionados y un 40% de los que sufren la denominada pobreza energética escondida).

“El nuevo bono social eléctrico ofrece una amplia cobertura potencial, pero es poco efectivo, porque beneficiaría a una mayoría de hogares que no están pobreza energética”, subraya ACA en su informe, presentado este lunes en Madrid.  Y es que, en paralelo, de los hogares/personas que efectivamente tienen derecho a recibir el bono social por cumplir los requisitos no todos se encuentran en pobreza energética: sólo el 32% en el caso de los indicadores de calidad de vida y el 62% en el de los indicadores de presupuesto familiar.

De momento, 319.000 beneficiarios

Según las estimaciones del Ministerio de Energía, cerca de 5,5 millones de hogares en España cumplen los requisitos fijados para poder acceder al nuevo bono social. El departamento comandado por Álvaro Nadal ya anticipaba que sólo el 45% de todos esos hogares acabarían disfrutando de las ayudas: de los 5,5 millones de clientes con derecho a percibirlo sólo accederían a él unos 2,5 millones.

De momento, las cifras reales están lejísimos incluso de esta última estimación. Hasta ahora, menos de 623.000 hogares han pedido las compañías eléctricas recibir el nuevo bono social y menos de 319.000 han visto aprobada su solicitud por el Ministerio de Energía, según adelantó El Independiente. Esto es, sólo uno de cada 17 hogares con derecho al nuevo bono lo tiene actualmente (un 5,8% del total); y hoy sólo lo disfruta uno de cada ocho de la cifra estimada por el Gobierno (un 12,7%).

El Ministerio de Energía ya se ha visto forzado a tomar medidas de urgencia para salvar el nuevo programa y ha ampliado seis meses el plazo  para solicitar la renovación del bono social: expiraba el 10 de abril y se ha prorrogado hasta el 10 de octubre. Además, el Gobierno ha abierto una página web para informar del nuevo bono social y ultima una campaña publicitaria en radio y televisión con el mismo objetivo.

El nuevo bono

El nuevo bono social contempla descuentos del  25, el 40 y el 50% para hogares en función de su grado de vulnerabilidad. El nuevo modelo contempla descuentos del 25% del importe de la factura para los consumidores que se consideren “vulnerables”, aquellos con una renta anual familiar inferior a determinados umbrales de riqueza en función del número de integrantes del hogar.

El Gobierno amplió el descuento hasta el 40% del recibo para los consumidores reconocidos como “vulnerables severos”, que son aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los consumidores vulnerables.

Las eléctricas harán una aportación adicional para asumir el 50% del recibo de los consumidores que, además que cumplir con los criterios de renta de los vulnerables severos, estén siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local. En estos casos, los hogares verán financiado todo el importe de la factura: la mitad por la compañía eléctrica y la otra mitad por los servicios sociales.