El Gobierno confía en el IRPF y el ahorro en intereses para asumir la subida de las pensiones

Hay margen para subir las pensiones con el IPC. Lo que no era posible hace unos meses, subir todas las prestaciones al ritmo de la inflación (un 1,6%, más allá del 0,25% que impone la última reforma), lo ha sido cuando el PNV ha tenido en la mano la posibilidad de tumbar los Presupuestos de 2018 y, con ellos, un Gobierno. Eso y que en el Ministerio de Hacienda se ve con cierta euforia la evolución de los ingresos tributarios en los primeros meses del año.

El coste para la Seguridad Social será importante. Fuentes solventes indican que la factura ascenderá a unos 2.500 millones de euros en dos años. Otras instancias, como UGT cifran la subida total (0,25% más el extra hasta el IPC) en alrededor de 1.900 millones de euros solo en 2018, a sumar un 'pico' de varios cientos de millones por la diferencia entre el 1,6% y el 3% que subirán las pensiones mínimas y no contributivas, el porcentaje superior al 4% que subirán las de viudedad (después de que el PNV también haya logrado elevar la base reguladora del 52,% al 56%), o el 2% de las pensiones entre 700 y 860 euros.

Con todo, el gran agujero que tendrá que tapar ahora la Seguridad Social no proviene de la revalorización de las pensiones con el IPC en 2018, ni tampoco en 2019, año para el que la inflación de referencia será previsiblemente similar, del 1,5%. El gran cambio que introduce el principio de acuerdo entre el Gobierno y el PNV procede del retraso en la aplicación del factor de sostenibilidad de las pensiones de enero de 2019 al año 2023. Se trata de la segunda fase de la reforma laboral, llamada a adecuar las pensiones entrantes al sistema a la esperanza de vida.

Los analistas coinciden en que la entrada en vigor del factor supondría una merma de las nuevas altas de alrededor de cuatro décimas, un importante pellizco al gasto en pensiones si se tiene en cuenta que, precisamente, el problema del sistema es que las nuevas altas reconocen prestaciones muy generosas, más que algunos salarios. Dicho de otro modo, el envejecimiento y el coste de las nuevas pensiones seguirá impactando de lleno sobre el gasto de la Seguridad Social.

No hay que olvidar, en cambio, que esta concesión del Gobierno llega después de que el Pacto de Toledo haya alcanzado un principio de acuerdo para modelar un nuevo indicador de revalorización de las pensiones que tendrá como eje central el IPC. De este modo, pareciera que el Gobierno se ha dado hasta 2023 para ver la efectividad de el nuevo mecanismo que se acuerde, antes de volver a la reforma del 2013.

No hay cálculos de gastos, sí de ingresos

Todas estas cifras son estimaciones, por cuanto aún no se conoce la letra pequeña del principio de acuerdo alcanzado entre PNV y el Gobierno. No siquiera la Seguridad Social tiene cifras y ha tenido que ponerse este mismo miércoles a rehacer sus cálculos, después de haber cerrado su Presupuesto en tiempo récord tras de la primera subida de las pensiones extraordinaria acordada por el Ejecutivo con Ciudadanos.

Y es que el hecho de que los pensionistas vayan a tener una subida del 1,6% este año, a la espera de acontecimientos, es algo que se ha precipitado esta misma mañana. Horas antes de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, iniciara la ronda de comparecencias en el debate de enmiendas a la totalidad de los Presupuestos en el Congreso de los Diputados, el Gobierno y el PNV procedían al apretón de manos, después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de PNV, Andoni Ortuzar, acercaran antes posiciones en Moncloa.

La decisión parte de Moncloa y la Seguridad Social tiene que volver a echar cuentas

A esas horas, todo el foco informativo se centraba en la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a las puertas del Congreso, los sindicatos CCOO y UGT organizaban un acto para empezar a recoger firmas con las que presentar una iniciativa legislativa popular con la que volver a indexar las pensiones al IPC. En su discurso, Montoro enmendó al propio portavoz del PP en la cámara baja, Rafael Hernando, quien pidió el pasado domingo a los pensionistas que dieran las gracias por la subida de las pensiones mínimas pactada con Ciudadanos.

Montoro, ya conocedor del principio de acuerdo con el PNV, puso en valor la aportación de los pensionistas a la riqueza y evolución de España "en condiciones muy difíciles" y acto seguido insistió en que el Gobierno garantizará una revalorización de las prestaciones "en la medida que aumente la capacidad económica del país". A renglón seguido, el ministro de Hacienda trazaba una divisoria entre el déficit de la Seguridad Social y la capacidad de pago de las pensiones, que recae, insistió, en todo el Estado. Es decir, que tras la Seguridad Social, siempre estará la Administración central.

Y después, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, dejó caer la bomba que desbloqueaba los Presupuestos y dejaba descolocada a la oposición. Las pensiones volverían a subir con el IPC al menos hasta 2019.

Sin recortes, se pagará con ingresos

Montoro no hablaba en balde. Fuentes del PP han confirmado a El Independiente que el Gobierno cuenta con que no habrá que hacer recortes adicionales para pagar la nueva subida de las pensiones. Se hará aprovechando el músculo de los ingresos del Estado, acompasando así la subida de las pensiones al crecimiento.

No es casualidad que semanas antes, el secretario de Estado de Presupuestos, Rafael Nadal, anticipara que la recaudación por ingresos tributarios ya crece por encima del 5% en marzo --un 6,7% en el IRPF y un 4,4% en el IVA--.

La estimación de ingresos no financieros del Gobierno para este año es de 233.508 millones, un 6,4% más (4,5% sin el efecto del Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA) y, dentro de éstos, los ingresos tributarios para 2018 alcanzarán los 210.015 millones de euros, lo que supondrá un incremento de 11.915 millones, un 6% más que lo recaudado en 2017 (sin incluir el efecto del SII), ejercicio en el que dichos ingresos crecieron hasta alcanzar los 198.100 millones de euros (+6,4%).

Instancias como el Banco de España han puesto en duda la capacidad del Estado para recaudar un 6,4% más este año con una rebaja del IRPF con un impacto de 700 millones de euros este año. Según fuentes de Hacienda, esto será posible, no solo por el avance de la economía, sino también porque la rebaja del impuesto sobre la renta se concentrará en las rentas más bajas, que son las que reaccionan con mayor incremento del consumo ante una rebaja fiscal que amplia su renta disponible.

Pero no solo eso, las mismas fuentes apuntan que el Gobierno contará este año con un ahorro en intereses superior al consignado en los Presupuestos. El Gobierno se agarra por ejemplo a las cifras que maneja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que prevén una caída del coste de la deuda del 15%, hasta los 25.800 millones de euros, frente a los 31.547 millones presupuestados.

Pero no solo eso, el Gobierno remitió a finales de marzo las últimas previsiones macroeconómicas a Bruselas en las que prevé un gasto en intereses de 29.336 millones de euros, unos 2.200 millones de euros de margen.