El Gobierno ha remitido a Bruselas a última hora de este lunes 30 de abril la actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021, en el que da por hecho, de aprobarse los Presupuestos para este año, una subida de las pensiones con el IPC en 2018 y 2019, a razón del 1,6% y el 1,5%, respectivamente. De esta forma, todos los pensionistas verán incrementada su nómina, si se cumplen las previsiones de inflación, en un 3,1% durante los próximos dos años. Además, las pensiones mínimas y no contributivas, así como las de menor cuantía y las de viudedad contarán con las subidas extraordinarias ya anunciadas.

Este compromiso tiene un precio. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya avanzó durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros del pasado viernes que esta subida costará 1.500 millones de euros adicionales en 2018 y otros 1.800 millones más en 2019. El coste de esta decisión será superior el próximo año, pese a que la inflación será ligeramente menor, porque la subida se aplicará sobre un montante económico de superior la subida que se aplicará este año.

Y a la hora de pagar esta subida, el Gobierno admite ante Bruselas (que horas antes le había advertido de la necesidad de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social) que los ingresos por cotizaciones derivados de la imparable creación de empleo no serán suficientes. Estos ingresos superaron en 1.000 millones al avance del gasto en 2017, cuantía claramente insuficiente.

Por ello, además de recurrir a un crédito del Estado de más de 15.000 millones de euros, la Seguridad Social contará este año con el apoyo del Estado a través de ingresos procedente de "nuevas figuras tributarias" que el Gobierno planteará en el Pacto de Toledo (como ya hiciera el PSOE el pasado año) y con las que espera recaudar unos 2.100 millones de euros (1.200 millones de euros menos que el coste de la subida).

'Impuestazo' a Amazon o Apple

El Gobierno no da detalles de cuáles pueden ser estas nuevas figuras tributarias, pero da pistas. En este sentido, habla de que estarán "en línea  con las iniciativas encuadradas en la cooperación y coordinación tributaria europea", es decir, que apuntan directamente a la tributación de beneficios de las grandes multinacionales, fundamentalmente tecnológicas. Pero también al IVA en las operaciones de compraventa internacionales. Según precisa, la idea es lograr una recaudación extraordinaria de 600 millones de euros en 2018 y de 1.500 millones en 2019.

El Gobierno habla en la documentación enviada a Bruselas de la creación ya este año de "un nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales" que seguirá los principios recogidos en la propuesta de Directiva presentada por la Comisión Europea el pasado 21 de marzo, anticipando su aplicación en España. "El objetivo de este impuesto es superar las deficiencias de los sistemas fiscales actuales y lograr que las grandes empresas de la economía digital tributen allí donde se crea el valor añadido", añade.

Por este motivo, el Gobierno anticipa que se aplicará únicamente a empresas con un elevado importe de ingresos anuales, de forma que no grave a las pymes y sólo gravará por los ingresos derivados de la prestación de determinados servicios digitales, que son los más difíciles de capturar por los sistemas tributarios vigentes.

Hasta la fecha, España se ha aliado con Francia, Alemania e Italia para establecer un impuesto transitorio que grave las ventas de los gigantes como Amazon, Apple, Facebook o Google. Su demanda ha sido oída por la OCDE, que en un reciente informe de marzo planteó que este impuesto cargara un 3% sobre las ventas en cada país de esta corporaciones.