El Gobierno se juega un agujero de 3.000 millones si no amplía la vida de las nucleares

El futuro de la energía nuclear en España ha provocado un choque frontal entre el Gobierno y las eléctricas. Las compañías, con Iberdrola como voz cantante y protagonista singular del desafío (Endesa mantiene una posición más templada en este asunto), amenazan con echar el cierre a las centrales nucleares porque –aseguran- han dejado de ser rentables.

La patronal Foro Nuclear trata de impulsar una negociación con el Gobierno que sirva para establecer un nuevo marco económico para el sector. Un nuevo escenario en que, a través de una rebaja de impuestos o de un sistema de ayudas, las plantas dejen de acumular decenas de millones en pérdidas cada año. Sin rentabilidad, las centrales tendrán que dejar de funcionar, sostiene la patronal.

El Gobierno –que no se cree el catastrofismo del sector sobre las cuentas de las centrales- se erige en defensor principal de la ampliación de la vida de las nucleares en España. Desde el Ministerio de Energía se insiste en que la nuclear es crucial para cumplir los objetivos medioambientales (no emite CO2) y para contener el precio de la electricidad (tal y como está diseñado el mercado eléctrico, sirve para abaratar la energía).

Y ante la amenaza de cerrar las centrales por falta de rentabilidad, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha respondido preparando un doble golpe legislativo para frenar el reto. Aunque ese golpe está condicionado a conseguir unos apoyos parlamentarios que el Ejecutivo hoy no tiene (PSOE y Podemos abogan por poner fin a la nuclear en España a lo largo de la próxima década, y Ciudadanos no termina de dejar clara su posición al respecto).

Por un lado, el Gobierno prepara una normativa que le permita vetar la clausura de cualquier tipo de central que se considere necesaria para el sistema eléctrico (para asegurar el suministro, la planificación energética y para contener el precio). Y, por otro, se trata de complicar el cierre de las centrales con otra norma que sirva para trasladar a las eléctricas todo el coste del desmantelamiento de las centrales (un hachazo millonario que las compañías no pueden asumir).

Y es que el actual modelo para financiar el desmantelamiento de las centrales y gestionar los residuos nucleares durante las próximas décadas presenta un déficit milmillonario que el ministro Nadal quiere trasladar a las compañías en caso de que cierren ya las plantas (las próximas licencias de explotación expiran en 2020) o de que se clausuren cuando cumplan 40 años (los siete reactores alcanzan las cuatro décadas de aquí a 2028).

Los costes del desmontaje de las centrales y la gestión de la basura nuclear se financian actualmente a través de un fondo que gestiona la sociedad pública Enresa y que se alimenta con las tasas que pagan las propias compañías eléctricas. Los ingresos que se consiguen con esas tasas y la rentabilidad financiera que se obtiene de invertir el dinero que acumula el fondo no son suficientes para cubrir todos los costes previstos.

Según la última estimación oficial de Enresa (sociedad controlada en un 20% por el holding público Sepi y en un 80% por el también estatal Ciemat), el fondo que sirve para financiar el cierre de las nucleares  presentaría un déficit superior a los 1.500 millones de euros. Sin embargo, el agujero del fondo se ha disparado ya por encima de los 3.000 millones de euros, según confirman a El Independiente fuentes del sector eléctrico conocedoras de los datos actuallizados.

Esto es, el Gobierno tendría que hacer frente al problema de un agujero de 3.000 millones en la financiación del desmantelamiento y la gestión de residuos si no consigue cumplir su objetivo de ampliar la vida de las centrales nucleares y éstas acaban cerrando en algún momento de la próxima década al cumplir los 40 años desde su puesta en funcionamiento. El déficit del fondo se habría disparado por los mayores costes del programa de gestión de los residuos, que se habrían incrementado en unos 6.000 millones.

Un desvío que, según fuentes del sector, se debería entre otros factores al retraso en la puesta en funcionamiento del cementerio nuclear de Villar de Cañas –sigue sin fecha concreta, y probablemente no estará listo hasta 2024-; a la ampliación del plazo determinado por Enresa para desmantelar cada central –de siete a diez años- y el solapamiento de los trabajos debido a los previstos cierres simultáneos de varias centrales; a la sanción que se paga a Francia por tener residuos nucleares almacenados allí más tiempo del pactado (a razón de 73.000 euros al día); y a la cada vez menor rentabilidad obtenida mediante la gestión del dinero acumulado en el fondo por el actual escenario de tipo de interés (que del 1,5% anual ha pasado a estimarse en el 1% por parte de Enresa).

El fondo cuenta actualmente con un montante total ligeramente superior a los 5.000 millones de euros. Y, según las estimaciones de las compañías, el coste previsto para las próximas décadas y aún por pagar superaría los 17.000 millones de euros. Con los ingresos previstos con el nivel de tasas que pagan las eléctricas, el agujero que se queda sin cubrir sería de unos 3.000 millones si las centrales no alargan su funcionamiento más allá de la próxima década.

Enresa se encomienda a ampliar la vida de las nucleares para tapar ese agujero. Según las estimaciones de la propia compañía pública a las que ha tenido acceso El Independiente, incluso sin subir las tasas que ahora abonan las eléctricas y sólo prolongando el plazo en el que se pagan, el déficit del fondo se convertiría en un superávit de 1.700 millones de euros si las centrales funcionan hasta los 50 años y el superávit escalaría hasta los 4.400 millones si la vida de las plantas se alargara hasta los 60 años.

Desde el sector eléctrico se reconoce que simplemente con ampliar el funcionamiento de las centrales (lo que alargaría los años de cobro de las tasas y retrasaría empezar a gastar el grueso del fondo) parte de los problemas financieros del modelo se solventarían: según cálculos de las compañías, diez o doce años más de pago de tasas taparían gran parte del agujero. Pero también se reclama a Enresa que adopte medidas para reducir los costes del programa de desmantelamiento y gestión de residuos nucleares.

Entre otras reclamaciones, las eléctricas apuestan por impulsar de manera definitiva la construcción del almacén nuclear de Villar de Cañas para evitar los costes adicionales de tener una red de almacenes individualizados en cada central y del pago de la sanción a Francia por guardar residuos; volver a reducir a siete años el plan de desmantelamiento de cada planta, realizando trabajos preparatorios durante los años previos al cierre; diseñar un calendario inteligente de cierres para que no haya solapamientos y se evite que haya centrales cerradas sin poder ser desmanteladas por falta de personal y equipos de Enresa; o invertir de manera más eficiente el dinero del fondo para recuperar una rentabilidad del 1,5% anual.