La CNMC reabre el expediente al ‘cártel de la basura” tras anular la Audiencia las multas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a abrir un expediente sancionador contra un presunto cártel de empresas de servicios de limpieza urbana, después de que la Audiencia Nacional anulara la resolución que emitió en enero de 2015, por la que impuso una histórica multa de 98 millones a treinta firmas del sector.

Se trata de la primera vez que Competencia reinicia un proceso sancionador tras ser anulad por la Audiencia como consecuencia de los recursos presentados por los afectados, según indican en fuentes del 'superregulador', que lo atribuye al refuerzo realizado en su área jurídica.

En este caso, la CNMC ha decidido retomar el proceso al considerar que la Audiencia Nacional, en su fallo, ha cuestionado el procedimiento seguido en la instrucción del caso, pero no la conducta de las empresas, y que las posibles infracciones sancionadas no han prescrito.

El organismo que preside José María Marín Quemada ha vuelto a abrir un expediente sancionador que, en esta segunda edición, afecta a un total de 51 empresas del sector de gestión de residuos y saneamiento urbano, que supuestamente formaron un cártel para repartirse clientes y acordar condiciones comerciales.

Entre el medio centenar de compañías incluidas en la investigación figuran las filiales del ramo de FCC, Sacyr y Ferrovial, así como Urbaser, firma que un grupo chino compró el pasado año a ACS. Todas ellas estaban ya incluidas en el expediente de 2015 cuando, de hecho, fueron sancionadas con las multas más altas.

En aras a lo argumentado por la Audiencia Nacional en las sentencias por las que ha anulado las multas de 2015, en el nuevo procedimiento el regulador "investigará de forma individualizada las posibles infracciones" de cada empresa. Según indica la CNMC, el elemento común de la Audiencia para estimar los recursos presentados contra su sanción pasa por dudar de si se trata de una infracción única o continuada, "sin discutir si la conducta de las empresas puede ser reprochable desde el punto de vista de las normas de competencia".

Ante este argumento y el hecho de que las eventuales infracciones aún no han prescrito, la Dirección de Competencia de la CNMC ha vuelto a abrir el expediente, al que en su día calificó como "uno de los mayores y más complejos cárteles" detectados hasta entonces.

En concreto, considera que estas 51 empresas establecieron acuerdos y realizaron prácticas concertadas "tendentes a repartirse clientes públicos y privados, y actividades", así como a "fijar las condiciones comerciales". Asimismo, estima que tomaron decisiones y realizaron recomendaciones colectivas con el objeto de "restringir la competencia".

La persecución de los cárteles constituye uno de los principales objetivos del órgano que preside José María Marín Quemada ante el daño que asegura provocan en el conjunto de la economía este tipo de concertaciones contrarias a la legislación sobre competencia. En este caso, afecta a los ciudadanos por el precio que, como contribuyentes, paguen por los servicios de limpieza de sus municipios.