La subida salarial a los funcionarios costará 1.650 millones más que la mejora de las pensiones

Todos los ojos están puestos en las pensiones. El Gobierno ha cedido a las exigencias del PNV durante la negociación presupuestaria y las subirá con el IPC en 2018 y 2019, lo que ha puesto en duda que España vaya a ser capaz de reducir el déficit público al 2,2% del PIB este año, como se ha comprometido con UE. Incluso Bruselas ya anticipa un incumplimiento sin contar con este incremento del gasto de última hora.

Sin embargo, si se concibe la Seguridad Social como parte del Estado, como insiste el Ministerio de Hacienda, y se atiende a todas las partidas por igual, se observa, por ejemplo, que la mejora de los salarios de los funcionarios y la equiparación retributiva de la Policía Nacional y la Guardia Civil frente a los cuerpos autonómicos, meterá mucha más presión sobre el gasto en el medio plazo, eso sí, después de que los empleados públicos hayan cargado con mayores recortes que los pensionistas desde el año 2010.

En una perspectiva de futuro, esta comparación es posible gracias al detalle del gasto incluido en el Programa de Estabilidad 2018-2021 remitido esta semana a Bruselas, y desde las instituciones europeas se expresa tanta preocupación por una partida de gasto como por la otra.

De acuerdo con el documento, solo en el año 2017 ya se abrió un agujero entre ambas partidas, porque la aplicación al pie de la letra de las últimas reformas de las pensiones permitió un ahorro estimado de 1.200 millones de euros. Y es que su objetivo era ese, la contención del gasto en un contexto de creciente envejecimiento de la población, aplicando una subida mínima del 0,25% en la nómina de los pensionistas.

Sin embargo, para los funcionarios, otro colectivo que ha plantado cara al Gobierno tanto en los despachos como en la calle (ha anunciado incluso nuevas movilizaciones para reclamar mejoras laborales en el Estado), hubo una subida salarial del 1% el pasado año, por debajo de la inflación del 1,6%, pero con un coste de 1.203 millones de euros, la misma cantidad que la ahorrada en el caso de las pensiones. Por tanto, la grieta se podría cifrar en unos 2.400 millones de euros.

Ya en el presente, ambos colectivos han visto reconocidas sus demandas y tendrán importantes mejoras en la renta en 2018 y 2019. En el caso de los empleados públicos, el Gobierno y los sindicatos de la función pública alcanzaron un acuerdo en el mes de marzo para subir los salarios a los funcionarios casi un 9% en tres años. Para el ejercicio en curso, el pacto prevé una subida del 1,75% (a sumar a la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil), mientras que en 2019 se hará una subida del 2,25% más un 0,25% en función de la evolución del PIB.

En términos de gasto, estas subidas supondrán un coste de 2.691 millones de euros en 2018 y una horquilla de entre 3.477 millones y 3.653 millones en 2019. Además, este año está previsto un gasto adicional de 314 millones de euros por elevación de las tasas de reposición --100% en términos generales y 115% para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado--, y por el aumento de las retribuciones a los empleados públicos de baja. Sumando todas estas cantidades, resulta un impacto económico adicional de 3.005 millones de euros solo este año, y de unos 600 millones de euros más sobre esa cantidad en 2019.

La subida salarial de los funcionarios costará más de 3.000 millones en 2019

En paralelo, el Gobierno desglosa en el Programa de Estabilidad la primera subida de las pensiones prevista para las pensiones más bajas. Estima, solo para el año 2018 y teniendo en cuenta el coste de la subida desde el 0,25% general, que el incremento del 2% en la base reguladora de las pensiones de viudedad (que será finalmente superior, sin cuantificar este tramo) costará 215 millones de euros; la subida del 3% de las pensiones no contributivas supondrá 71 millones más; el gasto por la subida del 3% de las pensiones mínimas ascenderá 558 millones; la subida del 1% y el 1,5% de las prestaciones entre las mínimas y aquella cuya cuantía no supera los 12.000 euros será de 253 millones; y el incremento dentro de las clases pasivas, de 34 millones. En total, se trata de 1.131 millones de euros.

Solo en 2018, la diferencia superará los 300 millones

Pero el golpe al presupuesto de gastos viene del alza de las pensiones en un 1,6%, con el IPC, lo que elevará la factura en 1.500 millones de euros adicionales, dando por hecho que, de acuerdo con la formulación expuesta en el Programa de Estabilidad, que los dos tramos de mejora de las pensiones se sumarán, sin que las mejoras de las mínimas queden absorbidas por el incremento con el IPC.  De no ser así, el gasto sería mucho menor. Sumando ambas partidas, la factura asciende a 2.631 millones de euros en 2018, 373 millones menos que el gasto adicional asociados a los empleados públicos.

Ya en 2019, el Gobierno estima que las subidas comprometidas de las pensiones ascenderán a 2.200 millones de euros adicionales, a menos que el Pacto de Toledo selle un acuerdo para aplicar una nueva fórmula de revalorización que implique una subida superior o inferior. Es en ese año, en el que se abre la mayor grieta en la factura extra de las mejoras para los funcionarios y para los pensionistas, de no menos de 1.200 millones de euros.

Así es que, el gasto adicional para mejorar la nómina de los funcionarios tendrá un coste de más de 1.600 millones de euros superior a la mejora de las pensiones entre 2018 y 2019.

El Gobierno aún se ahorra 1.900 millones

A la hora de pensar en esas cantidad también hay que pensar sobre su naturaleza. Y lo cierto es que ambas cantidades son un peso a futuro para el déficit público. Porque tanto la subida de los funcionarios como la mejora de las pensiones se consolidará en las respectivas nóminas, generando a futuro un cierto efecto de bola de nieve.

Es por eso que, además de la UE, el Banco de España también ha llamado la atención sobre los riesgos que entrañan para la consecución del equilibrio fiscal el incremento tanto de un gasto como del otro.

No obstante, la subida salarial aplicada a los funcionarios y la de los pensionistas pivotan sobre dos últimas cuestiones diferenciales. Por un lado, las pensiones se han visto casi congeladas desde 2013, con subidas del 0,25%. Sin embargo, los funcionarios han arrastrado desde el año 2010 un amplio historial de recortes --extensión de la jornada laboral, recorte de días libres, supresión de la paga extra en 2012, además de congelaciones salariales-- que solo ahora comienzan a revertirse de forma decidida por parte del Gobierno.

También hay que tener en cuenta que, del lado de las pensiones, si no aumenta más el gasto es porque las reformas emprendidas en 2011 y 2013 están haciendo efecto de forma silenciosa. El Gobierno ha decidido frenar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad de las pensiones en 2019, elevará las prestaciones por encima del 0,25%, pero los cambios introducidos en 2011, como la elevación de la edad legal de jubilación, y en 2013, para endurecer el acceso anticipado a la jubilación, permitirán un ahorro de 1.900 millones de euros en 2018 y 2019.