En España, la crisis tiene nombre de banco. Bankia es, sin duda, el principal referente de la tormenta financiera que azotó la economía nacional durante los últimos años. Y su privatización se mantiene como una de las grandes tareas pendientes para dar por finiquitado este oscuro episodio de la historia más reciente del país.
Han pasado más de seis años desde que el Estado tuvo que acudir al rescate de un coloso financiero que amenazaba con arrastrar en su caída al conjunto del sector financiero. Más de 20.000 millones de euros de dinero público fueron destinados a taponar unas heridas por las que se venía filtrando la desconfianza inversora hacia el futuro del país, reflejada en una prima de riesgo desbocada, que había traspasado las páginas de los medios económicos para convertirse en una señal de alerta popular.
El escenario hoy para España, su economía y sus mercados es radicalmente diferente a aquel. El país acapara elogios por parte de las principales firmas de análisis, mientras se encamina hacia su cuarto año consecutivo de crecimientos en el entorno del 3%, la banca ha logrado dejar en el pasado las debilidades que le valieron el descrédito ante los inversores y la prima de riesgo sólo regresa a la primera plana informativa, de forma episódica, para ofrecer buenas nuevas.
Pero nada de esto ha sido suficiente para que el Gobierno haya podido emprender con decisión la tarea de privatizar Bankia. Y todo parece indicar que este proceso va para largo. Incluso más allá de la fecha que actualmente establece a finales de 2019 el límite para que el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri emprenda de nuevo su camino sin el respaldo del Estado.
Todo parece indicar que la privatización de Bankia se extenderá más allá de 2o19
Este viernes, el ministro de Economía, Román Escolano, aseguraba en una entrevista concedida a Radio Nacional de España no sentir presión para llevar a cabo la venta de Bankia y dejaba entrever que para el Ejecutivo es prioritario obtener un buen precio por sus acciones del banco. “El objetivo claro es tener la maximización de estas ayudas y, en función de eso, tomaremos nuestras decisiones”, aseguró. Un mensaje que parece apuntar a la intención del Gobierno de prorrogar el plazo para la privatización del banco más allá de 2019.
Un plan frustrado
Porque la debilidad que vienen mostrando las acciones de Bankia en bolsa en los últimos meses han supuesto un contratiempo para las intenciones del Gobierno. Este jueves, las acciones de la entidad marcaban sus niveles más bajos desde diciembre de 2016, tras restar un 15% de su valor en apenas dos meses. Un panorama muy diferente del que parecía alumbrarse para el banco a finales del pasado mes de noviembre.
Entonces, el Frob -el fondo público que gestiona la inversión del Estado en el banco- llevó a cabo la venta de un 7% del capital de Bankia, reactivando una privatización que se mantenía congelada desde febrero de 2014. En medio de las crecientes expectativas de repunte de los tipos en la eurozona; en plena integración de los negocios de Bankia y BMN, bendecida por buena parte de los analistas; y a las puertas de la presentación de un nuevo plan estratégico, con el que la entidad pretendía convencer a los inversores de su brillante futuro, todo parecía preparado para una revalorización de sus acciones, que permitiera al Gobierno ir deshaciendo su participación a precios más elevados.
Así lo creía también el propio Goirigolzarri cuando a finales de febrero, tras anunciar el Plan Estratégico 2018-2020, se mostró convencido de que el momento era idóneo para que el Estado prosiguiera con la venta del 61% que aún atesora del banco.
Pero las buenas expectativas en torno a la evolución de Bankia en bolsa se han visto frustradas, principalmente, porque la esperada subida de los tipos de interés se sigue dilatando, y esto, que es negativo para el conjunto de la banca, resulta especialmente perjudicial para Bankia, que cuenta con una cartera de negocio muy dependiente de la evolución de estas tasas.
Los expertos insisten en que lo que hoy es un punto débil será un estímulo cuando el Banco Central Europeo (BCE) inicie el camino hacia la normalización monetaria y esto se traduzca en una subida de los tipos y, por ende, de una referencia clave para Bankia como es el euribor. En ese contexto, pocos dudan de que la valoración que hoy da el mercado al negocio de la entidad se multiplicaría de forma ostensible.
Éste es uno de los principales argumentos a favor de los plazos de venta. El otro, los planes del banco de elevar durante los próximos ejercicios los dividendos que distribuye entre sus accionistas, otra de las vías principales con las que cuenta el Estado para maximizar la recuperación de las ayudas.
El Congreso puede ampliar el plazo de venta, pero Europa es contraria a nuevas demoras
A priori, el Gobierno no debería encontrarse con muchas dificultades para ampliar el límite para la venta total de Bankia. De hecho, no sería la primera vez que actúa en este sentido, ya que, en su plan original, la privatización debía estar completada a cierre de 2017. El Ejecutivo cuenta con la capacidad, si consigue el respaldo del Congreso, para variar ese plazo autoimpuesto. Pero pocos dudan de que la postura de las autoridades europeas puede resultar decisiva a la hora de dar un paso en este sentido y tanto la Comisión Europea como el BCE han mostrado ya en diferentes ocasiones -especialmente, la última vez que se amplió el plazo de la venta- su consideración de que España debía abordar este proceso sin más dilaciones.
En su descargo, no obstante, España puede aducir que no es el único país que tiene pendiente la privatización de los bancos rescatados durante la crisis. Más allá de algunos casos de éxito, como el del banco suizo UBS o el del británico Lloyds, la mayoría de las entidades europeas que han recibido soporte público siguen contando con sus respectivos gobiernos entre sus principales accionistas. Según un informe publicado por S&P el pasado febrero, sólo cinco de los 28 mayores bancos habían sido completamente privatizados. "La salida del capital de los bancos rescatados por parte de muchos Gobiernos europeos puede llevar muchos años", advertía entonces la agencia de calificación.
España, que fue uno de los últimos países europeos en abordar el rescate de sus bancos, no parece encaminada a ser de los primeros en concluir la privatización. Del mismo modo que las autoridades europeas, tanto el Gobierno como los propios dirigentes del banco se muestran convencidos de la conveniencia de que, más pronto que tarde, Bankia vuelva a navegar por los mercados como una entidad 100% privada.
Pero, para el Gobierno, la factura del rescate bancario permanece como un doloroso recordatorio de las secuelas de la crisis que urge minimizar. Bankia es prácticamente la única bala con la cuenta ya para lograrlo y el Ejecutivo no está dispuesto a malgastarla. La privatización puede esperar.
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