Argentina vuelve a las manos del FMI para conjurar los fantasmas del pasado

En las últimas décadas, pocos países aparecen tan ligados al término crisis como Argentina. Por eso, resultó especialmente llamativo el éxito que cosechó el país hace ahora casi un año cuando decidió colocar en el mercado un bono con vencimiento a 100 años.

El satisfactorio resultado fue todo un síntoma de los tiempos. Unos tiempos marcados por el voraz apetito inversor, en busca de una rentabilidad que escasea en los mercados financieros internacionales. Pero también un reflejo de una floreciente confianza en un país que, bajo la batuta del presidente Mauricio Macri, parecía enfilar la senda de la ortodoxia económica -tras años de populismo peronista-, tratando de contener una inflación desbocada, poner coto al desmesurado gasto público, reformar la fiscalidad y contener los salarios para mejorar la competitividad nacional.

Pero el idilio de Macri con los mercados saltó por los aires hace apenas unos días. La brusca depreciación del peso argentino frente al dólar -ha perdido más de un 10% de su valor desde mediados de abril- ha vuelto a confrontar al país a sus fantasmas del pasado, haciendo resonar con fuerza las alertas de una nueva crisis.

La coyuntura internacional no juega a favor de Argentina. La política de subida de tipos en Estados Unidos, con el consiguiente repunte de las tasas de la deuda y el fortalecimiento del dólar, se convierte en un aspirador de fondos, que tienden a volar en este contexto desde los mercados emergentes hacia la economía norteamericana. Pero si este escenario ha golpeado con más fuerza a Argentina que a otros países de su entorno es porque parte de una situación mucho más débil.

Porque las políticas de Macri han cosechado hasta la fecha unos resultados mucho menos lustrosos de lo que podían esperar los mercados. En un clima de constante oposición política y social, el Gobierno ha optado por una estrategia de reformas gradualistas que han sido suficiente cuando la coyuntura ha sido propicia, pero que en un contexto más desafiante han puesto de relieve sus limitados progresos.

Argentina cerró 2017 con un crecimiento nada despreciable del 2,9%, pero la inflación, que alcanzó el 25%, superó con mucho el rango objetivo de entre el 12 y el 15% que había establecido el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el déficit por cuenta corriente se expandió al 4,7%, el más elevado en varias décadas. La financiación de este déficit fue cubierta con el recurso a préstamos externos, agravando la vulnerabilidad del país a shocks externos.

"El mercado le había otorgado a Argentina el beneficio de la duda. Ahora espera que el gobierno apruebe la consolidación fiscal prometida, como lo hizo México en 2016. A menos que esto suceda, lo que hasta ahora se ha limitado a una crisis monetaria podría deteriorarse aún más hasta convertirse en una crisis política o en algo más perjudicial, crisis fiscal", advierte Stéphane Monier, jefe de Inversiones de Lombard Odier.

A estos problemas, el país ha sumado una "sequía sin precedentes", que ha afectado al 80% de los cultivos del país, especialmente las plantaciones de maíz y soja, cuyas exportaciones resultan fundamentales para equilibrar la balanza fiscal argentina. Así, el FMI auguraba en su última revisión de las previsiones mundiales que el país reducirá su crecimiento económico en 2018 al 2%, mientras que el déficit por cuenta corriente se incrementará por encima del 5%.

La sequía que vive el país ha perjudicado con fuerza al sector agrícola debilitando la coyuntura económica

En esta delicada situación, la actuación del BCRA en los últimos meses ha agudizado la desconfianza de los inversores. La institución decidió a finales del año pasado elevar su objetivo de inflación del 10 al 15%, lo que le dio pie a rebajar los tipos de interés. Estas acciones, entendidas como un gesto para aliviar los ajustes, no fueron bien recibidas por los mercados. "El recorte en las tasas de interés dañó la credibilidad del BCRA, y elevó la preocupación sobre si la política monetaria estaba libre de la interferencia del gobierno", explica Claudia Calich, gestora de fondos en M&G.

Cuando se inició el desplome del peso, el banco central trató de contener la situación mediante la venta de más de 5.000 millones de dólares provenientes de sus reservas de divisas, casi un 10% del total de sus reservas. El descalabro de la moneda representa un riesgo casi letal para el plan económico de Macri, pues supondría un incremento adicional de la inflación y podría desencadenar una huida de capitales que complique aún más su posición fiscal. Por eso, ante la agudización de las caídas, tanto el BCRA como el Ejecutivo han recurrido a medidas más contundentes.

El desplome del peso

El primero, mediante tres subidas de tipos sucesivas, hasta situar la tasa en el 40%. El otro, con un plan de medidas para reducir el déficit del Gobierno central desde un 3,2% inicialmente previsto hasta el 2,7%, una solución con la que calculan poder ahorrar hasta 3.200 millones. "La consolidación fiscal se ha convertido en una prioridad política clave en 2018, después de dos años en los que los déficits aumentaron debido a las medidas para preservar el apoyo social y reducir las distorsiones que implicaron un coste fiscal neto", explican los analistas de Fitch.

Pero aún en este contexto, todo parece indicar que Argentina tendrá que seguir recurriendo a la financiación externa -Fitch prevé que la deuda bruta del Gobierno se eleve al 62,9% del PIB en 2018, desde el 56,5% del año anterior-, algo que en un contexto de aguda desconfianza como el actual podría traducirse en unos mayores costes financieros que el Gobierno de Macri no se puede permitir en la situación actual.

Y es ante esta tesitura que el Gobierno argentino ha decidido volver a ponerse en las manos del FMI, que está previsto que ponga en marcha un plan de asistencia financiera valorado en hasta 30.000 millones de dólares (algo más de 25.200 millones de euros). Según sugería Calich antes de que se conocieran las negociaciones entre Argentina y el FMI, con un pacto en este sentido, "el objetivo, para ambas partes, sería garantizar la estabilidad para que Argentina no regrese a sus políticas populistas fallidas bajo una nueva administración".

El apoyo del FMI podría ir acompañado de severas medidas de ajuste que podrían ajar la popularidad de Macri

Macri tendrá que enfrentarse a su reelección a finales de 2019 y, sin duda, el escenario actual parece jugar en contra de su popularidad. Más aún si para hacer frente a esta amenaza de crisis debe recurrir a una política económica más restrictiva, con duros efectos, al menos, en el corto plazo. "Las próximas elecciones no serán hasta finales de 2019, por lo que hay tiempo para que las autoridades tomen su amarga medicina este año, incluyendo más subidas del coste de los servicios públicos, una depreciación del peso e intentos de controlar las próximas negociaciones salariales públicas en septiembre", comenta la gestora de M&G.

Y precisamente el apoyo del FMI -aunque aún en negociaciones y con carácter preventivo- exacerba la preocupación popular de que se vea correspondido con una nueva serie de severos ajustes económicos. "Volvimos al FMI, un retroceso a una etapa que ya creíamos superada. Sabemos lo eso significa: una receta de ajuste que afecta a los trabajadores, a los jóvenes, a los jubilados y, especialmente, a los que menos tienen", lamentaba este martes en su cuenta de Twitter, Antonio Bonfatti, presidente del Partido Socialista de la República Argentina.

No en vano, el organismo señalaba recientemente que "las reformas fiscales aprobadas a fines de 2017 proporcionan una mejor orientación sobre la disciplina fiscal y ayudarán a abordar los grandes desequilibrios de pensiones del país y comenzar una reducción gradual de los impuestos altos y distorsionadores. Sin embargo, se necesitarán más recortes al gasto primario para alcanzar los objetivos de déficit primario y abrir espacio para una mayor reducción de la carga impositiva".

Unas recetas, las del FMI, de sobra conocidas en Argentina, un país sometido durante años a un fuerte escrutinio por parte del fondo y que no impidieron que el país cayera a finales de 2001 en el denominado corralito, una restricción a la disposición de efectivo por parte de los ciudadanos argentinos que se extendió durante casi un año.

Poco después de aquel descalabro económico, el propio fondo reconocía sus desaciertos en la gestión de una crisis que había acabado golpeando a su propia reputación. Más de quince años han transcurrido desde entonces y tanto el FMI como sobre todo Argentina han tenido tiempo para detectar los errores que condujeron a aquella dramática situación. Queda por ver si también les ha dado tiempo a encontrar mejores soluciones para enfrentarse a los mismos fantasmas de antaño.