El Gobierno saca pecho: la reforma eléctrica ahorra cada año los 7.000 millones que le reclaman en indemnizaciones

España se enfrenta a una gigantesca batalla legal internacional a cuenta de la reforma eléctrica del Gobierno. El país acumula cerca de cuarenta demandas en tribunales de arbitraje internacionales por los recortes retroactivos aplicados a las ayudas a las energías renovables.

Fondos de inversión y grupos internacionales reclaman en el Ciadi (el tribunal de arbitraje del Banco Mundial) y en la Cámara de Comercio de Estocolmo, entre otras instancias, indemnizaciones que suman en total más de 7.500 millones de euros para compensar el impacto en sus inversiones del hachazo del Ejecutivo a las energías verdes.

El Gobierno, en cualquier caso, sigue defendiendo las bondades de su reforma eléctrica, que además del recorte a las renovables incluía rebajas en las retribuciones por otras actividades como la de las redes de transporte y distribución, subida de impuestos, tributos de nueva creación… todo con el objetivo de igualar los ingresos y los costes reconocidos del sistema eléctrico para dejar de engordar el agujero que presentaba (el famoso déficit de tarifa, que llegó hasta los 28.000 millones de euros).

El Gobierno, de hecho, saca pecho y da por buena la reforma energética incluso en el caso de que se acabe afrontando el pago de indemnizaciones. Tan conforme parece que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, subrayó este martes que el conjunto de medidas de la reforma eléctrica han servido para recortar cada año unos 7.000 millones los costes que soporta el sistema eléctrico. Esto es, prácticamente lo mismo que lo que piden los fondos internacionales en indemnizaciones.

“En los laudos se piden 7.000 millones a España. Ése es el ahorro de un año gracias a la reforma. Sin la reforma, los costes serían 7.000 millones más cada año”, sentenció Nadal. El ministro, que intervino en una jornada sobre el sistema eléctrica organizada por el Consejo Económico y Social (CES), fue especialmente crítico con la política de fomento de las energías renovables de los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, que garantizaron ayudas millonarias a los proyectos verdes durante 25 años.

“Los 7.000 millones es el ahorro de un año. Y aún tenemos el ahorro de los otros 24 años más”, dijo Nadal. Sin embargo, aunque el recorte de los costes que conllevó la reforma eléctrica en su conjunto puede alcanzar esos 7.000 millones de los que presumió el ministro, la rebaja de la retribución a las renovables (que son las que tenían ese plazo de 25 años) fue de unos 3.000 millones de euros.

La sentencia que puede "acabar con todo"

En cualquier caso, el Gobierno está a la espera de que se conozca la trascendencia jurídica de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que puede poner en jaque todo el sistema de arbitrajes internacionales entre países de la UE.

En caso de que se anulen las cláusulas bilaterales entre países para dirimir diferencias en cortes de arbitraje por ser contrarias al derecho comunitario, quedaría interrumpida la batalla legal contra España por la reforma eléctrica. “La sentencia del Tribunal de Luxemburgo puede acabar con todo”, apuntó Nadal.

El Gobierno ya ha perdido dos arbitrajes internacionales sobre este asunto (uno en el Ciadi y otro en la Cámara de Comercio de Estocolmo). Ambos casos, frente al fondo luxemburgués Eiser y el grupo también luxemburgués Novenergia, conllevan indemnizaciones por más de 180 millones de euros. Los pagos de las compensaciones están paralizados después de que España haya recurrido ambos dictámenes. Frente a las derrotas, el Gobierno sí que ha ganado un arbitraje frente a la filial holandesa de Isolux.