Hacienda frena la picaresca en el IBI: aflora 900.000 piscinas e inmuebles en un año

El Plan de Regularización Catastral (PRC) iniciado por el Ministerio de Hacienda en 2013 para aflorar inmuebles y las alteraciones practicadas en los mismos que aún no tenían reflejo en el Catastro fue una herramienta recaudatoria especialmente potente y rentable en 2017.

Solo el pasado año se regularizaron casi un millón de construcciones, lo que dio lugar a un incremento masivo de valores catastrales que se tradujo, a su vez, en una jugosa factura a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) -que toma el valor catastral como referencia- y del IRPF de cerca de 700 millones de euros.

La motivación del plan era acabar con prácticas evidentes de fraude fiscal a lo largo y ancho del territorio nacional, con la excepción del País Vasco y Navarra, donde no se ha desarrollado por cuestiones competenciales. De esta forma, se adecuarían los valores catastrales a la realidad y, con ellos, la tributación que recae sobre inmuebles urbanos y rústicos.

A modo de ejemplo, se trataba de detectar no solo de nuevas construcciones no afloradas, sino también ampliaciones viviendas, reformas, cambios de uso o la construcción de piscinas, que suponen incrementos en la valoración final del inmueble y, por ello, mayor tributación por impuestos como el IBI o la ahora cuestionada plusvalía municipal.

La puesta en marcha de esta regularización se producía en un momento de parálisis en el sector de la construcción y la necesidad de seguir aumentando los ingresos a través de los ayuntamientos para absorber poco a poco el cabalgante déficit público. De hecho, documentos internos del Catastro reflejan que la recaudación extraordinaria en el IBI prevista por esta operación sería de entre 70 y 10 veces su coste de elaboración.

No obstante, el coste previsto era cero. Dada la austeridad imperante en la Administración en 2013, el plan se autofinanció con una tasa de 60 euros por inmueble regularizado a pagar por los propietarios, a sumar la aplicación de las correspondientes sanciones por el incumplimiento de la obligación de haber declarado las construcciones o alteraciones objeto de la regularización.

A la caza de tres millones de inmuebles

Una vez planteado el plan en estos términos, con los que todo eran beneficios para los ayuntamientos y, en último término, el Estado --mayor recaudación por IBI y sanciones, sin coste alguno--, el objetivo era regularizar millones de inmuebles entre 2013 y 2016, plazo que posteriormente se ha ampliado a 2017 y 2018. El horizonte a día de hoy son tres millones de construcciones.

La determinación de los municipios afectados y el período de regularización para los mismos se ha venido estableciendo año a año mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la forma de actuar del Catastro ha sido la siguiente: tras desplegar una labor de rastreo sin precedentes, incluyendo miles de fotografías aéreas (toda una cartografía de irregularidades elaborada desde 2011), Hacienda comunicaba de oficio a los propietarios de inmuebles 'cazados' el procedimiento de regularización para que pudieran realizar las alegaciones oportunas.

Con arreglo a estas reglas, el Catastro regularizó unos 900.000 inmuebles solo en 2017, un tercio de lo previsto para el horizonte de los cinco años. Hacienda estima que la cuota íntegra del IBI ha aumentado en 705 millones de euros durante el pasado año, a lo que se suma una recaudación adicional por el impuesto de la renta asciende a otros 40 millones a través de la imputación de rentas inmobiliarias.

Para entender el balón de oxígeno que ha supuesto el plan, baste decir que esos 700 millones de euros son, ni más ni menos, el coste que, por ejemplo, tendrá este año la rebaja del IRPF prevista por el Gobierno o la mitad del coste de la subida de las pensiones en línea con el IPC.

La recaudación real

Es necesario matizar que los 705 millones de euros se refiere a la cuota íntegra del impuesto, es decir, a lo que toca pagar una vez aplicados los tipos sobre la base imponible, una vez aplicadas las respectivas reducciones. Esto quiere decir que, sobre esa cuota íntegra, cabría aplicar las deducciones que cada ayuntamiento disponga, como pueden ser las que se prevén en casos de familia numerosa.

Eso hace que la factura a ingresar no alcance los 700 millones. Sin embargo, si se atiende a los datos del año 2016 (últimos disponibles) del Catastro, se observa que en ese año, la cuota líquida a pagar en el IBI alcanzó los 12.286,6 millones de euros, el 93% de la cuota íntegra, en el caso de los inmuebles urbanos. En el de los rústicos, la cuota líquida fue de 367,5 millones de euros, el 96% de la íntegra.

Estos datos muestran, en primer lugar, que la cantidad recaudada de forma adicional en 2017 no difiere demasiado de la consignada como cuota íntegra; y además que el pellizco obtenido por la regularización rondaría el 5% de la recaudación anual del IBI.

Por otro lado, este proceso de regularización es independiente del ‘catastrazo’ que cada año aplica el Gobierno para  adaptar los valores catastrales de los ayuntamientos que lo solicitan y que, en el caso de 2017, rondaron un tercio de los existentes.