El Gobierno admite ante Bruselas 1.100 millones de gasto no presupuestado en los ayuntamientos

Una de las medidas aplicadas por el Gobierno durante la crisis de las que más orgulloso está el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es el Plan de Pago a Proveedores. A una velocidad de vértigo, logró saldar la mayor parte de las deudas pendientes de las administraciones autonómicas y locales con sus proveedores y, sobre todo, sacar a la luz el tremendo lío contable que guardaban en sus cajones.

Sin embargo, aún queda por hacer, como reconoce el propio Gobierno ante Bruselas en una acotación a pie de página del Programa de Estabilidad 2018-2021. De acuerdo con los datos que maneja el Ejecutivo, los ayuntamientos aún tienen 1.143 millones de euros de gasto comprometido con sus acreedores que, sin embargo, no están consignados en sus Presupuestos.

Es la información disponible en el registro de ‘Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto’, la conocida dentro del Ministerio de Hacienda como cuenta 413, una suerte de 'streaptease' puesta en marcha en el primer trimestre de 2016 por el Gobierno para controlar mensualmente los gastos que los ayuntamientos no sujetos a auditoría de cuentas no incluían en sus presupuestos.

En la práctica, esta cuenta es un reflejo de la buena o mala organización del gasto. Y es que la cuenta 413 es un limbo al que van a para aquellas facturas que han sido devengadas en el ejercicio presupuestario, pero que no han dispuesto de crédito presupuestarios y están pendientes de pago.

Esto supone una ruptura de lo que se conoce como principio de anualidad, por el que los gastos comprometidos de compras, expropiaciones, servicios y demás que se realicen en un ejercicio presupuestarios deben estar aprobados a efectos de crédito presupuestario a 31 de diciembre de ese mismo año. De no ser así, pasan a esa cuenta 413, que puede reducirse haciendo uso del remanente de tesorería.

Esta ha sido un arma útil para los ayuntamientos, puesto que permitía incrementar el gasto público. La Ley de Estabilidad establecía que las administraciones no podía elevar sus obligaciones presupuestarias por encima del crecimiento potencial de la economía, lo que se conoce como regla de gasto. Eso ha hecho que los ayuntamientos acumularan superávits milmillonarios en depósitos sin rentabilidad.

Sin embargo, se ha podido aumentar el gasto sin consignarlo al Presupuesto y trasladándolo al final del ejercicio a la cuenta 413, que sí puede pagarse con arreglo al remanente de tesorería antes de usarlo por ejemplo a la amortización de deuda.

Es lo que ha ocurrido, aunque del lado contrario, en el Ayuntamiento de Madrid. El equipo de Ahora Madrid aprobó el pasado mes de abril una acuerdo de no disponibilidad de gasto en el Presupuesto para costear 64 millones de euros de una sentencia judicial relativa a unas expropiaciones realizadas en el año 2000 que deberían haberse abonado en 2017.

El pasado año no se hizo, cuando podría haberse desviado la factura a la cuenta 413 y haberse pagado con remanente de tesorería. En cambio, esos 64 millones han tenido que pagarse con cargo al Presupuesto de 2018, y ese remanente se ha usado para amortizar deuda para enfado de la oposición.

El maquillaje del Gobierno

En el Programa de Estabilidad, el Gobierno revalida su compromiso con el refuerzo de las transparencia de la gestión pública local y asegura que remitirá los requerimientos necesarios a las entidades locales que presenten “algún incumplimiento” para que procedan a su corrección.

Sin embargo, hay algo de maquillaje en la forma en la que el Gobierno presenta los datos antes Bruselas. Según señala, esta cuenta 413 se ha reducido de los 1.838 millones de euros en el primer trimestre de 2016, cuando se empezó a elaborar, a los 1.143 millones en el cuarto trimestre de 2017.

Lo que no refleja es que de los más de 8.000 municipios y diputaciones, alrededor de 1.300 tienen gastos comprometidos sin presupuestar, y que, es cierto que ascienden a 1.143,2 millones de euros, pero que esta cantidad es solo 156,3 millones inferior a la liquidación del ejercicio 2016 y 202,9 menos que en 2015, cuando la cantidad ascendía a 1.346 millones de euros.

No obstante, una parte importante de los ayuntamientos no ha contabilizado aún lo que refleja su cuenta 413, puesto que no ha trasladado aún información alguna. De hecho, los municipios menores de 5.000 habitantes no tienen la obligación de comunicar esta información en los tres primeros trimestres del ejercicio. Esto hace que los datos trasladados a Bruselas sean incompletos.

En el caso de las 60 diputaciones, la cantidad asciende a 30,6 millones, desde los más de 55 millones con los que se cerró el ejercicio 2016.

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Lo que hace, por tanto, el Gobierno es tomar como referencia el dato del primer trimestre de 2016, de más de 1.800 millones de euros, ostensiblemente superior al del cierre de 2015 y un pico que no se ha vuelto a repetir. De hecho, en el segundo trimestre de 2016, esta cifra prácticamente se redujo a la mitad, al poco de poner en marcha la cuenta 413.

Los menos transparentes

De acuerdo con la información que maneja Hacienda, algunos ayuntamientos españoles presentan auténticos agujeros negros en sus cuentas.

Es el caso de Parla, donde el gasto no consignado alcanza los 150,5 millones de euros, seguido a mucha distancia por Torremolinos (77,6 millones), Jerez de la Frontera (61,9 millones) y el ayuntamiento de Madrid (55,3 millones).

Cierran el listado Telde (43,5 millones) y otros como Palma, Arcos de la Frontera, Aranjuez, Mostoles, Estepona o Manilva, donde las cantidades superan también los 20 millones de euros.

No afecta al déficit

Salvando la posible incidencia sobre el aumento del gasto, el problema que plantea la cuenta 413 es la mala imagen que pueda transmitir España, puesto que, a efectos prácticos no tiene gran incidencia sobre el déficit. La razón es que estos gastos se registran como tales en términos de Contabilidad Nacional y, en todo caso, se computan (o deberían computarse) dentro de presupuestos posteriores.

De acuerdo con el manual que la Intervención General del Estado pone a disposición de los ayuntamientos para definir cómo deben calcular el déficit en contabilidad nacional, se indica que la cuenta 413 muestra las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha dispuesto crédito presupuestario.

En este sentido, el documento aclara que, puesto que la medición del déficit en términos de contabilidad nacional tiene en cuenta los gastos en el momento de su devengo, en este caso estas facturas se incluyen “con independencia del momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria”. Por tanto, estos gastos engordan el capítulo de gastos cuando se devengan y, posteriormente, cuando se presupuestan, lo reducen.

En cualquier caso, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido en más de una ocasión que esta cuenta puede ser una forma de retrasar los pagos a los proveedores, precisamente eso contra lo que luchó el Plan de Pago a Proveedores y tiempo después el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).