Airbnb se desploma en Palma de Mallorca: pierde la mitad de sus pisos turísticos por la amenaza de multas

En Baleares están prohibidos los pisos turísticos. Los turistas pueden alquilar chalés, casas, viviendas unifamiliares… pero –salvo excepciones fijadas por los ayuntamientos- están vetados los pisos de uso turístico en edificios plurifamiliares. Así lo establece claramente la nueva normativa regional, en vigor desde agosto del pasado año.

Las plataformas online como Airbnb, Homeaway o Niumba sólo pueden comercializar desde entonces casas vacacionales completas y que cuenten con la licencia oficial para ello. La oferta de cualquier inmueble que no cumpla con estos requisitos será motivo de sanción para los portales online (de entre 40.000 y 400.000 euros) y para el propietario (en el caso de los dueños, las sanciones oscilan entre los 20.000 y los 40.000 euros).

El Gobierno balear ya ha empezado a ejercer esta potestad sancionadora. Y los gigantes online Airbnb y Tripadvisor han recibido sendas sanciones de 300.000 euros por anunciar en sus webs pisos turísticos ilegales. Otros portales sí que se han ido plegando a la petición del Govern, como Booking.com, Hundredrooms, Atreveo, Tripwell y Rentalia.

El nuevo escenario normativo y esta amenaza de fuertes sanciones ya están provocando una drástica caída de la oferta de alquiler turístico en muchos destinos de las islas, con Palma de Mallorca como uno de los centros del desplome. Airbnb, la mayor de las plataformas de alquiler, está sufriendo una sangría.

Airbnb, lejos del récord de hace un año

El tamaño de la oferta de pisos turísticos de Airbnb en Palma de Mallorca oscila a lo largo del año, en función de si es temporada alta o no. Pero se venía manteniendo claramente por encima de los 3.000 anuncios desde hace años

Justo cuando entró en vigor la nueva ley de Baleares, Airbnb contaba incluso con más de 3.700 viviendas en alquiler en Palma, según los datos detallados de Airdna –web que analiza la oferta de Airbnb en ciudades de todo el mundo- y a los que ha tenido acceso El Independiente. Ese máximo de más de 3.700 pisos se alcanzaron en los meses de julio y agosto del pasado año.

Los últimos datos disponibles, correspondientes al mes pasado, muestran que Airbnb contaba con poco más de 1.800 anuncios en Palma en abril (casi 1.300 viviendas completas y más de 500 habitaciones), menos de la mitad que en el momento en que empezó a aplicarse la nueva normativa regional. Si se comparan esos 1.800 estancias en alquiler con abril del año pasado, la caída es de casi un 40%, con un descenso de más de un millar de anuncios.

Desde Airbnb se critica el duro régimen sancionador de la nueva ley y subraya que las multas son "contra las familias locales que comparten su hogar y aportan grandes beneficios a Mallorca y Baleares”. “Las leyes de las islas deberían ayudar a distribuir los beneficios del turismo entre las familias y el conjunto de la comunidad, y no a mantenerlos en manos de unos pocos”, ha llegado a criticar la plataforma.  Según las estimaciones de Airbnb, el alquiler turístico inyectó 500 millones de euros a la economía balear, y con la nueva legislación hará que las familias de las islas podrían perder 100 millones.

Palma: prohibidos los pisos en toda la ciudad

Los Consells insulares y los ayuntamientos baleares, según la normativa regional, disponían de un plazo de un año para definir los tipos de alojamiento y las zonas de ubicación en que podría haber alquiler en pisos, no sólo en casas. Pero durante ese año se aplicaba una moratoria en que no estaba permitido la concesión de nuevas licencias de alojamiento turístico y las sanciones se podían aplicar.

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha optado por vetar por completo esa posibilidad. El consistorio palmesano ha decidido hacer de la ciudad una zona única y prohibir en toda ella los pisos turísticos que estén en edificios plurifamiliares; esto es, prohibir los pisos turísticos que sean… pisos. La medida, aún pendiente de aprobación definitiva, entrará en vigor el próximo julio.

“Nosotros somos los primeros que pedimos legalidad en el alquiler turístico y que la oferta ilegal sea erradicada”, proclama Tolo Gomila, presidente de Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur). “Pero la prohibición en Palma no obedece a un criterio objetivo, es puro electoralismo. Se ha optado por la demonización del alquiler desde fuerzas políticas populistas. Hay que regular, no prohibir”.

Según los datos que maneja el Ayuntamiento palmesano, actualmente todas las plataformas online de alquiler estaban ofreciendo unas 11.000 plazas de alquiler en Palma, de las que sólo 645 eran legales. Esto es, el 94% de toda la oferta de alquiler en la capital es ilegal.