Fomento reclama a las constructoras 400 millones por las autovías de peaje rescatadas

Fomento está listo para pelear la factura del rescate de las nueve autopistas de peaje quebradas a partir del año 2012, cuando las nueve (gestionadas por ocho concesionarias) entraron en cascada en concurso de acreedores. Una factura que viene de atrás: de la etapa de José María Aznar, cuando se adjudicaron los contratos sin estudios de viabilidad serios, y de la primera legislatura de Mariano Rajoy, cuando el ministerio que entonces dirigía Ana Pastor fue incapaz de llegar a un acuerdo con los acreedores y la propia ex ministra afirmó que no saldría "ni un duro" de dinero público.

Hoy el Estado ha recuperado la gestión de ocho de las nueve carreteras de pago y ofrece como rescate 2.000 millones de euros frente a los 4.500 millones que reclaman los fondos buitre acreedores. Después las relicitará en dos lotes mediante un concurso público con el que espera recuperar 1.000 millones y compensar las pérdidas. Pero Fomento quiere que, independientemente de cuál sea la cantidad final, se produzcan descuentos.

Fomento ha enviado a las grandes constructoras un informe técnico. "Es habitual"

Por eso el departamento que en la actualidad tutela Íñigo de la Serna ha enviado a la administración de cinco de las nueve vías de alta capacidad un informe técnico exigiendo inversiones pendientes de realizar. Y la cantidad total reclamada a las grandes constructoras se eleva a 400 millones, según estima El Independiente a través de diversas fuentes.

Fomento no ha querido hacer declaraciones pero este procedimiento, explican las mismas fuentes, es el "habitual" en caso de que un activo de cualquier tipo revierta al Estado (es la primera vez que sucede algo así en España con autovías de peaje). Exceptuando la AP-41 Madrid-Toledo, que aún no está en fase de liquidación por contratiempos técnicos, cinco de las ocho (las radiales R-2, R-4, Ciralsa-Circunvalación de Alicante, Cartagena-Vera y la AP-36 Ocaña-La Roda) han recibido el requerimiento millonario. Otras dos concesiones (la R-3/R-5, y la M-12 del Aeropuerto de Barajas) serán informadas en breve.

Abertis, ACS, Sacyr, Gobalvia o Ferrovial están en contra de esa auditoría

Los contratos de la etapa de Aznar indicaban que las empresas encargadas de construir la autovía se convertirían en concesionarias de los peajes y gestionarían el tráfico de las autovías. Así, se constituyeron numerosas UTEs (Unión Temporal de Empresas) con las principales constructoras del país para cobrar el peaje y mantener las autopistas: Abertis, ACS, Sacyr, Globalvia, Cintra -Ferrovial-, Isolux...

"Cuando se acaba una concesión cualquiera, no solo de una autopista, es normal que se haga una especie de auditoría para ver cuál es el estado de la vía y que se entrega en perfectas condiciones", explican personas cercanas al ministerio. "Esto sirve para ver si hacen falta más inversiones, reparaciones, etcétera".

Las constructoras se oponen a la reclamación basada en dicha auditoría, la cual identifica dos capítulos: por un lado, las obligaciones de inversión contraídas en el contrato (por ejemplo, la construcción de un tramo) y, por otro, las reformas y obras de mantenimiento puras y duras. "Fomento pide el oro y el moro en inversiones adicionales, y presenta las autopistas de peaje como si fueran hoy caminos de piedra", reprocha irónicamente un actor de la parte privada. "Vamos a recurrir claramente la petición porque, para empezar, ya no tenemos la gestión de esos activos".

Los fondos buitre acreedores de las carreteras quebradas también se oponen a ese pago

Los fondos buitre, hoy acreedores de las ocho concesionarias tras comprar a la gran banca internacional la deuda de las autopistas en quiebra -a veces mediante quitas y reestucturaciones de deuda muy agresivas-, tampoco están de acuerdo con el ministerio. Entre los consultados, trasluce el temor de que los 400 millones de euros -cantidad que aumentará cuando se añadan los informes de las tres concesiones que faltan por auditar- se resten finalmente del rescate, que será cuantificado a través de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) incluida en los contratos de construcción de las vías en la etapa de Francisco Álvarez-Cascos como ministro de Fomento.

Liquidar y relicitar

La RPA es una cláusula por la cual el Estado debe de indemnizar a los acreedores en caso de que las previsiones de tráfico de estas carreteras se desplomen, como finalmente sucedió. Está incluida en todos los contratos. Ahora está por ver cuál es el importe del rescate exacto, algo que llevará su tiempo. Al Estado le queda primero una autopista por liquidar para luego relicitar los activos en dos lotes (uno para Madrid y sus radiales y otro para el Levante) con la esperanza de que el tráfico se mantenga estable (ha vuelto a niveles pre-crisis) y no vuelva a caer tan bajo como en la crisis.