Las eléctricas creen que sus propios residuos obligan a retrasar el apagón nuclear a 2045

El futuro de la energía nuclear en España  está en juego en estos momentos. Y no se trata sólo del choque habitual entre defensores y detractores de la energía atómica. Sino que se desarrolla una batalla  con múltiples frentes en que los socios y los rivales se intercambian en función de los intereses económicos particulares y de las maneras en que cada empresa o cada Administración dirigen su imagen pública en un tema tan delicado.

El sector nuclear, con Iberdrola a la cabeza, denuncia que las centrales llevan años registrando pérdidas y amenaza con echar el cierre a las plantas si no se garantiza su viabilidad. La patronal Foro Nuclear reclama abiertamente una rebaja de los impuestos que soportan las centrales y que la electricidad que producen se retribuya de manera especial para volver a ser rentables y asegurar su sostenibilidad.

Pero al mismo tiempo, ese mismo sector nuclear casi al unísono está volcado en convencer a todo el que quiera oír de la necesidad de dar protagonismo a sus centrales en la transición energética que se avecina para luchar contra el cambio climático (no emiten CO2), para garantizar el suministro (su producción es constante frente a la intermitencia de las renovables) y para contener el precio de la electricidad (entran al mercado mayorista a precio cero).

El apagón nuclear, dentro de tres décadas

En paralelo, las nucleares también denuncian que el caos organizativo que puede desencadenarse en la gestión de los residuos radioactivos y el desmontaje de las centrales, así como el agujero milmillonario que acumula el fondo público que sirve para financiar ambas tareas, obligan a ampliar la vida de las centrales nucleares. Tanto como para que sea necesario retrasar el apagón nuclear total en España hasta al menos 2045, o incluso más.

Una de los desencadenantes de la situación sería, según la patronal Foro Nuclear, el retraso que acumula el almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas, en Cuenca. El cementerio nuclear, cuya puesta en marcha inicialmente estaba prevista incluso para este mismo año, ni siquiera ha empezado a construirse por la batalla legal que lo tiene paralizado. Las previsiones de Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos nucleares, contemplan que el almacén de basura radioactiva pueda estar en marcha en 2024.

Según el último Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) –que se ha quedado anticuado al estar elaborado en 2006 y cuya actualización se espera desde hace años por parte del Ministerio de Energía-, la situación ideal para gestionar correctamente los residuos radiactivos pasaría por no iniciar el cierre de las centrales nucleares ahora operativas al menos hasta 7 u 8 años después de la entrada en funcionamiento del cementerio nuclear.

Esto es, la próxima central en echar el cierre no debería hacerlo hasta 2032. Una previsión que valida el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce. Este desfase la industria nuclear lo justifica en que esos años habrá que utilizarlos en el transporte al ATC de los residuos de las centrales ya clausuradas (Zorita, Garoña y Vandellós I, cuya basura nuclear está ahora almacenada en Francia), a razón de unas 25 operaciones de traslado al año. Y sólo cuando concluyan estos traslados podrían comenzar los de las siguientes plantas.

¿Desmontar a la vez todas las centrales?

Los siete reactores nucleares actualmente operativos en España verán expirar sus actuales licencias de explotación de manera sucesiva en el plazo de apenas cuatro años (entre 2020 y 2024) y cumplirán los 40 años desde su construcción en un periodo de igual duración (entre 2024 y 2028).

Teniendo en cuenta que el desmantelamiento de las centrales requiere entre siete y diez años de trabajos, desde el sector energético se alerta de que resulta imposible -por falta de personal y recursos, y por los cuellos de botella en el transporte de residuos- abordar de manera simultánea el desmontaje de todas las plantas.

Foro Nuclear reclama que los desmantelamientos de las centrales se realicen de manera escalonada, dejando transcurrir entre dos y tres años entre una clausura y otra. Un decalaje que también retrasaría de manera sustancial el fin de la energía nuclear, postergando hasta 2045 o incluso más allá el apagón de todas las centrales nucleares.

“Si todas las centrales paran en un plazo de cuatro años, el desmantelamiento de todas ellas acabaría coincidiendo. Algo que es imposible de realizar en España”, subraya Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear. También existe otra posibilidad: cerrar las centrales y mantenerlas desconectadas y sin actividad hasta que les tocara el turno de iniciar su desmontaje, una opción que nadie contempla. “Tener cerrada una central durante años supone un coste millonario. Un coste que ya no tendrían que asumir las eléctricas dueñas de las centrales, sino el propio Estado a través de Enresa. Es inviable”, sentencia Araluce.

El agujero millonario del desmantelamiento

Ante la amenaza de algunas eléctricas de cerrar las centrales por falta de rentabilidad, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha respondido preparando un doble golpe legislativo para frenar el reto. Por un lado, el Gobierno prepara una normativa que le permita vetar la clausura de cualquier tipo de central que se considere necesaria para el sistema eléctrico (para asegurar el suministro, la planificación energética o para contener el precio de la energía). Y, por otro, se trata de complicar el cierre de las centrales con otra norma que sirva para trasladar a las eléctricas todo el coste del desmantelamiento de las centrales (un hachazo millonario que las compañías no pueden asumir).

Y es que el actual modelo para financiar el desmantelamiento de las centrales y gestionar los residuos nucleares durante las próximas décadas presenta un déficit milmillonario que el ministro Nadal quiere trasladar a las compañías en caso de que cumplan su amenaza de intentar cerrar ya las plantas.

Los costes del desmontaje de las centrales y la gestión de la basura nuclear se financian actualmente a través de un fondo que gestiona la sociedad pública Enresa y que se alimenta con las tasas que pagan las propias compañías eléctricas (a razón de unos 375 millones de euros al año). Los ingresos que se consiguen con esas tasas y la rentabilidad financiera que se obtiene de invertir el dinero que acumula el fondo no son suficientes para cubrir todos los costes previstos.

Según la última estimación oficial de Enresa (sociedad controlada en un 20% por el holding público Sepi y en un 80% por el también estatal Ciemat), el fondo que sirve para financiar el cierre de las nucleares  presentaría un déficit superior a los 1.500 millones de euros. Sin embargo, según apuntan a El Independiente otras fuentes del sector eléctrico, el agujero del fondo se ha disparado ya por encima de los 3.000 millones de euros.

Enresa se encomienda a ampliar la vida de las nucleares para tapar ese agujero. Según las estimaciones de la propia compañía pública a las que ha tenido acceso este diario, incluso sin subir las tasas que ahora abonan las eléctricas y sólo prolongando el plazo en el que se pagan, el déficit del fondo se convertiría en un superávit de 1.700 millones de euros si las centrales funcionan hasta los 50 años y el superávit escalaría hasta los 4.400 millones si la vida de las plantas se alargara hasta los 60 años.

La patronal Foro Nuclear coincide en que ampliar la vida de las centrales sirve por sí mismo para tapar el agujero del fondo. Pero apunta que hay otra posibilidad: simplemente con destinar a financiar la gestión de residuos el montante del impuesto que el Gobierno creó en 2013 para gravar el combustible nuclear gastado (que ha recaudado casi 1.500 millones de euros desde entonces) ya se enjugaría el déficit que acumula el programa y se convertiría en superávit a partir de ahora.

El sector se queja de estar en pérdidas por los impuestos

Aunque las nucleares dan por hecho que no puede iniciarse el cierre de nuevas centrales hasta la década de 2030, exigen antes de entonces cambios normativas vigentes para que las plantas dejen de acumular números rojos y puedan seguir funcionando durante este tiempo de manera viable. Unas pérdidas que el propio Gobierno pone en duda y que el Ministerio de Energía denuncia la existencia de ingeniería contable por parte de las compañías.

Según fuentes del sector, las centrales nucleares soportan una fuerte carga impositiva que les obliga a destinar al pago de impuestos entre un 42 y un 43% de toda su facturación. Los ingresos de las centrales se habrían situado el año pasado en el entorno de los 2.800 millones de euros, de los que habrían destinado 1.200 millones a cumplir con impuestos y tasas.

“Un sector no puede perder dinero año tras año”, proclama el presidente de Foro Nuclear. “Estamos en pérdidas desde hace mucho tiempo. La situación no se puede mantener más tiempo. Los accionistas pueden acabar llevando a juicio a las compañías por mantener una actividad en pérdidas durante años”, alerta.

En este sentido, desde la patronal nuclear se reclama desde hace tiempo al Gobierno una rebaja de impuestos o que acceda a una suerte de primas a la producción nuclear por no emitir CO2 y por estar siempre disponible para el sistema eléctrico y, con ello, aumentar los ingresos de las plantas.