Una vecina de Madrid logra tumbar la venta de 3.000 VPO a Goldman Sachs

Un juez ha anulado la venta de casi 3.000 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre, según ha informado la Cadena Ser. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de la capital ha decidido estimar la demanda presentada por una vecina de Navalcarnero: dicha demanda no sólo anula su relación con el fondo buitre sino que, en una decisión histórica, tumba también el acuerdo de mediados de 2013 con el que el gobierno regional madrileño vendió 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1865 trasteros y 45 locales a Azora Gestión por poco más de doscientos millones de euros.

La sentencia se produce semanas después de que la Comisión Jurídica Asesora, dependiente de la Comunidad de Madrid, declarara conforme a la jurisdicción vigente la venta de 1.860 pisos igualmente en 2013 al fondo Blackstone-Fidere por parte del Ayuntamiento de Madrid, entonces dirigido por Ana Botella (PP). El veredicto supone, pues, un nuevo varapalo al Gobierno autonómico porque dice que se puede anular la venta de vivienda pública a inversores cuando recientemente un órgano regional había manifestado justo lo contrario al tratarse del Consistorio que tutela Ahora Madrid.

200 millones por 3.000 viviendas

El fallo se dictó hace unos días y resuelve el caso de una mujer que accedió en 2007 a una vivienda de protección oficial del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) en 2007. La mujer se benefició de una reducción del alquiler del 90% en la localidad madrileña de Navalcarnero. Unas condiciones que empeoraron drásticamente cuando seis años más tarde el gobierno regional vendió su casa a un fondo buitre.

La Comunidad de Madrid vendió a Azora Gestión, filial de Goldman Sachs, todo ese lote de viviendas por algo más de 200 millones de euros. Las viviendas traspasadas tenían inquilinos dentro. Inicialmente, como recuerda la Ser, a la vecina afectada se la negó el derecho a recurrir, opción que recuperó poco después tras el visto bueno del Tribunal Supremo. La decisión del Contencioso-Administrativo que ha tenido lugar estos días da un vuelco al asunto.

"Ningún tipo de informe"

La sentencia, que todavía es recurrible, cuestiona de forma contundente el proceso que siguió el gobierno regional madrileño para enajenar las viviendas públicas y, sobre todo, que declarase su innecesariedad "sin que se explique ni justifique dicha afirmación con ningún tipo de informe o análisis complementarios de carácter técnico, económico, financiero y legal". "No se ofrece ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones, cuando juntan un total de 2.935 viviendas, que cumplen una función social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna".