El futuro inmediato del Banco de España está tan en el aire como el del Gobierno de Mariano Rajoy. Hasta hace sólo dos días, nadie en los corrillos del mundo financiero pronosticaba que la plaza de Luis María Linde podría quedarse vacante. Lógico, porque los dos grandes partidos siempre han blindado a la institución de los vaivenes políticos. El problema es que nunca los astros se habían alineado en una combinación tan diabólica: la identidad del nuevo gobernador debe consensuarse con una moción de censura del PSOE sobre la mesa y la amenaza de Ciudadanos de pedir la convocatoria de elecciones. Y el pacto debe cerrarse en menos de dos semanas.
Nunca en democracia la institución que vigila la salud del sistema financiero se había visto en semejante tesitura. "La plaza de gobernador se va a quedar vacante", confiesan fuentes próximas a la cúpula del PSOE. La afirmación, tajante, se basa en el tremendo giro que ha dado la vida política de este país, en una semana dramática para el PP. 24 horas después de recibir oxígeno con la aprobación de los Presupuestos, Rajoy recibía el varapalo de la sentencia de Gürtel. Y 48 horas más tarde, los socialistas registraban la moción de censura en el Congreso.
La iniciativa de Pedro Sánchez obligaba a todas las partes a pronunciarse. Y así fue. Albert Rivera pidió este viernes nuevos comicios y Rajoy decidió... quedarse como está. Es más, el presidente del Gobierno arremetió contra el fallo de Gürtel, cargó contra Sánchez por irresponsable y agitó el fantasma de la prima de riesgo. "La moción va contra la estabilidad en España y perjudica la recuperación económica", advirtió durante su comparecencia en La Moncloa.
El inmovilismo, la respuesta de Rajoy, condenan al Banco de España a un escenario inédito. La institución sólo ha sufrido una situación similar en la España democrática, hace 26 años. Cuando Mariano Rubio dimitió, el entonces subgobernador (Luis Ángel Rojo) tomó las riendas hasta que el Gobierno le nombró gobernador oficialmente, en julio de 1992. Pero las circunstancias eran muy distintas. Lo que provocó la vacante no fue la falta de acuerdo de los grandes partidos, sino la dimisión por un caso de corrupción (Ibercorp). De hecho, PSOE y PP pactaron sin problema que Rojo asumiera el cargo.
Cinco lustros después, el panorama obliga al subgobernador Javier Alonso a calentar motores. Por lo que pueda pasar. "A diferencia de otros organismos, el puesto de gobernador no es prorrogable. Sus estatutos obligan al subgobernador a ocupar el cargo si el Gobierno no designa a nadie", recuerda un alto directivo del sector financiero que ha seguido de cerca las negociaciones.
El cisma abierto tras la condena al PP por Gürtel aleja la transición tranquila que se preveía hace pocos días. La única incógnita hasta ahora era quién iba a coger el testigo de Linde. Pese a la malas relaciones PP-PSOE, representantes de los dos partidos ya habían iniciado los contactos para elegir el nombre del nuevo gobernador. Ciudadanos se echó a un lado desde el principio, fiel a su planteamiento de cambiar el sistema de elección.
Había una negociación y había una quiniela con varios candidatos. Entre los más destacados estaban Rosa Sánchez-Yebra, un alto cargo del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y cercana a Luis de Guindos; Margarita Delgado, directora general adjunta del Mecanismo Único de Supervisión, que contaba con las simpatías del PSOE; o Íñigo Fernández de Mesa, ex secretario de Economía con Guindos. También empezó recientemente a sonar el nombre del director general de Economía y Estadística del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; un perfil similar al de Linde por su carácter técnico y, por lo tanto, más fácil de consensuar.
La elección de cualquiera de ellos se aleja a la misma velocidad que se acercan los dos escenarios posibles. Ninguno de ellos invita al optimismo.
Si no hay consenso antes del 8 de junio, Mariano Rajoy tendrá que decidir si deja pasar el tiempo o nombra un gobernador de forma unilateral. "El presidente del Gobierno tiene potestad para hacerlo, pero lo razonable sería esperar", admite un ex ministro del área económica. Colocando a su propio candidato en el puesto de mando del Banco de España, Rajoy rompería un principio no escrito en la democracia que aislaría (más aún) al Ejecutivo. Y que tendría efectos negativos para una institución que ha mantenido más o menos intacto su prestigio y su imagen de independencia, a pesar del paso por el cargo de profesionales con perfiles políticos tan marcados como el de Miguel Ángel Fernandez Ordóñez.
¿Cuál es la alternativa? Dejar que corra el reloj, lo que implica prestar al subgobernador el despacho de Linde. Sería un parche con otras consecuencias. De entrada, dejar vacante el puesto de gobernador emitiría una señal preocupante a los mercados, ya de por sí atónitos por lo que está ocurriendo en Cataluña. Que la crisis política pueda salpicar a la recuperación económica es algo que inquieta a los inversores. Prueba de ello es el ascenso consistente de la prima de riesgo, que el viernes superó los 100 puntos por primera vez en cinco meses. Es evidente que un vacío de poder temporal en el Banco de España no sería del agrado de quienes deciden invertir en nuestro país.
Si se hace realidad este escenario, el presidente del Gobierno tendrá que hacer el esfuerzo de elegir cuanto antes un sucesor. Lo que no está claro a estas alturas es que quien lo haga sea Rajoy.
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