Hubo un tiempo en que España fue el centro mundial del desarrollo de las energías renovables. El Gobierno de la época, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, presumía de que en el país se instalaba prácticamente la mitad de las renovables del planeta. Y lo hacían gracias a las generosas subvenciones prometidas durante 25 años.
En esos prodigiosos primeros años dos mil, antes de la crisis económica, la energía solar fotovoltaica tuvo un protagonismo especial por su crecimiento desbordado. Las previsiones del Gobierno planteaban que se instalarían unos 400 megavatios (MW) de fotovoltaica, pero acabaron siendo más de 4.000 MW antes de que el Ministerio, entonces de Industria, pusiera freno a la burbuja.
El Gobierno de Mariano Rajoy emprendió una dura reforma eléctrica para poner coto al agujero del sistema (el famoso déficit de tarifa, el desfase entre ingresos y costes reconocidos que superó los 28.000 millones de euros) y en la que las renovables se llevaron uno de los mayores hachazos. Primero una moratoria a proyectos con nuevas subvenciones con el Gobierno recién estrenado y luego una reforma integral de las ayudas ya en vigor para aplicar un fuerte recorte con carácter retroactivo.
Tras el frenazo, otro boom
El parón en la instalación de nuevas renovables fue casi total. En el caso de la energía solar fotovoltaica, desde hace años la potencia instalada en el país se ha mantenido prácticamente sin cambios y actualmente se sitúa en los 4.700 MW, según los datos de Red Eléctrica. Pero en el sector se preparan para una revolución.
Y es que las Administraciones españolas han recibido solicitudes para instalar nuevas plantas que, de ponerse todas en marcha, servirían para multiplicar por seis la actual potencia fotovoltaica operativa en el país. Gobierno y comunidades autónomas tramitan proyectos con un potencia conjunta de 27.740 MW, según los últimas cifras que maneja la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) a las que ha tenido acceso El Independiente. En total, España se situaría cerca de los 28.300 MW de potencia fotovoltaica en los próximos años si todos los proyectos presentados fructificaran.
La inversión necesaria para poner en marcha un proyecto fotovoltaico es, según fuentes del sector, de una media de 850.000 euros por cada megavatio. Así que la construcción y puesta en funcionamiento de todas las plantas que se tramitan requeriría de una inversión estimada en unos 23.600 millones de euros.
Grandes plantas, una quinta parte del total
El Gobierno central, que debe dar permiso a las plantas de más de 50 MW de potencia, tramita proyectos por un total de 5.600 MW; mientras que las consejerías del ramo de las CCAA tramitan proyectos por los 22.140 MW restantes.
Extremadura es con mucho la región que concentra más solicitudes ante su Gobierno autonómico, con 10.000 MW, frente a los 3.500 MW de Andalucía y Castilla-La Mancha, los 2.200 MW de Aragón, los 1.000 MW de Comunidad Valenciana y Murcia y los 940 MW de Castilla y León.
La magnitud de los proyectos que se tramita va mucho más allá de las adjudicaciones de las subastas de renovables organizadas por el Gobierno en los últimos dos años. En la primera de ellas la fotovoltaica no se llevó nada, en la segunda sólo 1 MW (frente a los casi 3.000 MW de la eólica), y fue en la tercera cuando la fotovoltaica se impuso y las empresas se adjudicaron proyectos por 3.900 MW solares (la eólica se hizo con algo más de 1.100 MW en esta puja).
Incluso si entre los proyectos que estudian las Administraciones se encontraran la totalidad de los que resultaron adjudicatarios en las subastas, aún habría casi 24.000 megavatios de nuevas plantas que lo harían sin las garantías de un precio mínimo de la electricidad que ofrecía las pujas organizadas por el Ministerio de Energía. Esto es, 24.000 MW estarían dispuestos a operar sin ninguna ayuda ni garantía, sólo con los precios de mercado mayorista o mediante acuerdos de suministro directo a algún cliente (los denominados PPA; siglas en inglés de acuerdos de venta de energía ).
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