El Gobierno se resiste a crear más impuestos para pagar las pensiones ante un 2019 electoral

El Gobierno está entre la espada y la pared. De un lado, el pacto presupuestario con el PNV ha elevado y mucho la factura de las pensiones mientras el déficit de la Seguridad Social aún está lejos de resolverse; y en el seno del Pacto de Toledo ya se da por finiquitada la última reforma de pensiones de 2013, que era un auténtico dique al gasto del sistema.

Como contrapunto, el Gobierno incluyó en el Programa de Estabilidad que aprobaría "nuevas figuras impositivas" para pagar esta desviación, pero más allá de la Tasa Google, que pagarán empresas extranjeras, se resiste a crear nuevos impuestos en la antesala de un año electoral como el de 2019.

Para cuadrar los gastos y los ingresos, el Gobierno confía en la evolución del empleo, el ahorro del gasto en intereses de la deuda y el menor coste del rescate de las autopistas de peaje. Sin embargo, admite que ni una recaudación por cotizaciones en niveles récord alcanza para cerrar la brecha abierta en las cuentas de la Seguridad Social.

Por ello, fuentes gubernamentales siguen versando la solución del problema, sobre todo, a un acuerdo para sacar gastos de la Seguridad Social y llevarlos a Presupuestos en un horizonte a cuatro años sin aumentar a priori la presión fiscal.

Durante unas jornadas sobre pensiones organizadas por la Asociación de la Prensa de Información Económica (APIE), el portavoz del PP José María Barrios ha descabellado lo que quedaba de reforma de las pensiones.

Ya antes del acuerdo PP-PNV, el Pacto de Toledo había concluido que el índice de revalorización de las pensiones (IRP), por el que las prestaciones han subido un 0,25% desde 2013, no gozaba del consenso del actual parlamento, y había dado el paso de revisarlo tomando el IPC, no como referencia de la revalorización anual de las pensiones, pero sí como elemento troncal.

Pero quedaba aún por ver qué ocurriría con el factor de sostenibilidad, la segunda pata de la reforma, que dicho pacto pospuso de 2019 a 2023. Pues bien, Barrios ha afirmado que ese plazo da tiempo para "repensar" el factor de sostenibilidad, como quieren desde el PNV a Ciudadanos, pasando por Podemos y el PSOE, que directamente piden derogar la reforma al completo.

En este panorama, la reforma de las pensiones de 2013 apenas tiene ya recorrido y eso se traduce en un aumento del gasto, puesto que, justo o no, la reforma era una herramienta de contención del gasto de las pensiones.

Sin embargo, es preciso reconducir el déficit de la Seguridad Social para que el Gobierno pueda pagarlas sin recurrir a la deuda pública, para sacudirse de una vez la vigilancia de Bruselas y porque en ese extremo hay consenso. El problema es cómo hacerlo. Y en ese sentido, si la moción de censura del PSOE no desemboca en unas nuevas elecciones que interrumpan los trabajos del Pacto de Toledo, aún no hay acuerdo.

El Gobierno tiene un plan

Por el lado del del Gobierno, su propuesta quedó clara en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas. En el documento trataba de compensar la nueva subida de las pensiones con nuevos ingresos y planteaba la posibilidad de crear "nuevas figuras tributarias" para recaudar en los próximos dos años 2.100 millones de euros.

Esto se ha traducido en el anuncio de una Tasa Google, que el Ejecutivo prefiere denominar Tasa Digital. Sin embargo, el potencial de recaudación de este impuesto no supera los 600 millones de euros este año y además debe armonizarse con la UE, con lo que analistas consultados por El Independiente dudan de que se pueda aplicar ya en 2018.

Durante las mismas jornadas, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado que, aunque el Programa de Estabilidad sugería que se crearían más tributos, "el Gobierno no está pensando en nuevos impuestos en estos momentos", más allá de dicha tasa. También rechaza el Ejecutivo, con el apoyo de Ciudadanos la implantación de nuevos tributos a la banca como ha planteado el PSOE.

Sin embargo, ha reiterado en más de una ocasión que la subida de las pensiones adicional introducida por la vía de las enmiendas en el Presupuestos se financiará íntegramente con impuestos.

Fuentes del Gobierno aseguran que su intención es cerrar antes otros acuerdos en el Pacto de Toledo. En particular, el Ejecutivo quiere arrancar un consenso para ir trasladando progresivamente gastos de la Seguridad Social a los Presupuestos para ir reduciendo varias décimas de déficit del sistema año a año, en un horizonte de cuatro (se cumpliría el plazo en 2023, cuando está prevista la nueva entrada en vigor del factor de sostenibilidad), y dejar las cuentas equilibradas para entonces.

Actualmente, el Gobierno calcula que alrededor del 95% del gasto de las pensiones contributivas se paga ya con cotizaciones. El plan sería alcanzar en esos años el 100% y sacar todo el gasto no contributivo de la Seguridad Social.

Mensajes contradictorios en el Pacto de Toledo

Sin embargo, aunque todos los portavoces del Pacto de Toledo aseguran que hay mimbre para cerrar un documento de recomendaciones, lo cierto es que las diferencias existen, son en muchos casos profundas y hay quien habla ya de un documento con acuerdos parciales.

La clave de bóveda es la recomendación número 2, relativa a la fórmula de revalorización de las pensiones. En este asunto, el PP acercó posiciones con los grupos de izquierda y se ha abierto a tratar una reforma del índice de revalorización que suba la pensiones mínimas refenciándolas al IPC  o al salario mínimo interprofesional, pero que limitando este incremento en el caso de las más altas en tiempos de crisis. Se trata de una opción que también sostiene PDeCAT.

Sin embargo, ni PSOE ni Podemos están de acuerdo, puesto que consideran que ello introduce desigualdades en el conjunto de las pensiones. "No vamos a entrar en el juego de pensiones mínimas y máximas, es un error de base y es confrontar", indicó la portavoz socialista Mercé Perea, quien además advirtió del problema que plantea precisar en qué nivel debe fijarse la pensión mínima.

Su opción es, en cambio, derogar la reforma del 2013 y volver a vincular las pensiones con el IPC, dejando en manos del diálogo entre patronal, sindicatos y Gobierno subidas adicionales. Por su parte, Ciudadanos no está abierto a hablar de IPC pero aportando al mismo tiempo fórmulas para garantizar una financiación suficiente de las pensiones.

A partir de ahí, hay cierto consenso sobre la necesaria separación de fuentes de financiación, pero, en palabras del portavoz de PDeCAT, Carles Campuzano, no hay acuerdo sobre su "intensidad y recorrido".