Hacienda y los sindicatos hacen frente común ante la denuncia masiva de los interinos

El Ministerio de Hacienda y los sindicatos de la función pública CSI-F, CCOO y UGT están en un mismo barco. Son los firmantes del acuerdo de marzo de 2017 por el que se puso en marcha un proceso de consolidación de plazas de interinos y temporales cubiertas en los últimos tres años en todos los niveles de la administración que ahora una parte de este colectivo ha denunciado ante la Audiencia Nacional.

Según fuentes conocedoras del proceso, el ministerio que encabeza Cristóbal Montoro y los sindicatos presentarán alegaciones por separado para evitar que la ‘macrodemanda’ prospere. Sin embargo, aseguran que, como parte denunciada, están manteniendo conversaciones para plantearlas de manera más o menos coordinada.

La demanda corre a cargo de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), en nombre de los empleados afectados por esta medida. Lo que reclaman es que estos trabajadores no tengan que pasar por un proceso de concurso-oposición, en el que competirían en igualdad de condiciones con cualquier candidato que se presente al proceso por el que consolidará su plaza.

Esta modalidad de proceso de selección es la que han pactado Hacienda y sindicatos y, en efecto, podría dejar a muchos interinos y empleados laborales temporales sin su actual puesto, por lo que piden que se les convierta directamente en funcionarios como 'de facto' ya se sienten o al menos que pesen más sus méritos frente al resto de candidatos. No obstante, los firmantes defienden que la Ley establece que el acceso a una plaza de funcionario se debe hacer por este procedimiento de acuerdo con unos criterios de mérito y capacidad.

De acuerdo con ANIL, las personas que potencialmente podrían quedar fuera de su actual después de años desempeñando sus funciones ascienden a unas 700.000. Por eso, la organización no duda en calificar el pacto demandado como 'El Acuerdazo' o el mayor ERE de la historia. En cambio, el acuerdo de marzo hablaba de no más de 350.000 trabajadores y se ‘vendió’ como una tabla de salvación contra la precariedad en la Administración.

La incómoda posición de Hacienda y los sindicatos

Hacienda asegura que no cabe otro proceso legal que no sea el concurso-oposición y así lo acabó pactando con los sindicatos. Las centrales, por su parte, se encuentran en una situación muy incómoda, puesto que tienen que defender los intereses de estos interinos y temporales y, al mismo tiempo, los de otros cientos de miles de funcionarios de carrera que consideran injusto que compañeros que no han superado sus mismas pruebas de mérito y capacidad (oposiciones, títulos formativos…) acaben con un puesto de funcionario igual que el suyo.

Además, está en juego la movilidad. Si un interino se saca una plaza por el procedimiento ordinario podría ser destinado a otra comunidad autónoma, justo lo que quieren muchos funcionarios que ansían un traslado a sus localidades de origen, las que precisamente tuvieron que abandonar al acceder a su plaza.

La batalla en las tripas de la Administración está servida y, por eso, tanto Hacienda como los sindicatos quieren que, al menos en el terreno judicial, no llegue la sangre al río. Después, tanto unos como otros, asumen que, una vez completado el plan en el plazo previsto en 2019 (si es que no hay retrasos), no se habrá contentado a todos los empleados públicos por igual.

Por el momento, la Audiencia Nacional ha tumbado la petición de medidas cautelarísimas que acompañaban a la demanda presentada por ANIL y que habrían supuesto la paralización de las oposiciones que ya se han convocado.

Ahora, una vez escuchadas las alegaciones de las partes, tendrá que decidir si sigue adelante con la demanda y, en paralelo, si adopta las medidas cautelares solicitadas por la vía ordinaria.

El plazo para escribir las alegaciones sigue abierto mientras se siguen sucediendo las manifestaciones del personal interino por toda España.
El proceso judicial podría prolongarse hasta final de año en caso de que la Audiencia Nacional decida admitir el trámite. Queda por ver si, en el caso de que así sea, los funcionarios ponen en marcha su propio frente para plantar cara a los interinos.