El cambio de Gobierno abre la batalla por controlar el Consejo de Seguridad Nuclear

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el supervisor del sector, debe afrontar en los próximos meses la sustitución de cuatro de los cinco miembros de su cúpula, hasta ahora controlada por una mayoría de consejeros ligados al Partido Popular. La llegada de un nuevo Gobierno socialista, coincidiendo con la necesidad de renovación del pleno del CSN, anticipa una batalla por el control del organismo.

En plena polémica por el futuro de la central de Garoña y del cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca), y sólo dos meses antes de las elecciones generales de diciembre de 2015, el Partido Popular impuso su entonces mayoría absoluta en el Congreso para romper el tradicional equilibrio entre partidos en el reparto de miembros del pleno del CSN y forzó la presencia de tres consejeros nombrados a propuesta del PP, por sólo dos del PSOE (lo hizo aprovechando la salida del único miembro propuesto por la antigua CiU).

Ahora, el cambio de Gobierno con la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, y la actual posición de minoría parlamentaria del PP, abren la puerta a recomponer el juego de pesos partidistas en la cúpula del supervisor. Un movimiento que previsiblemente contará con el respaldo del resto de los grupos parlamentarios, dado que todos –con la única excepción del popular- han sido enormemente críticos con la gestión de la actual dirección del CSN (incluso han reclamado formalmente la dimisión de su presidente, Fernando Marti).

Los planes del PSOE pasan por recuperar el equilibrio con el PP -cada uno con dos miembros propuestos-, por hacer que uno de los candidatos socialistas ocupe la presidencia del CSN, y por dar entrada con un asiento por primera vez a Podemos o Ciudadanos, según confirman a El Independiente fuentes cercanas a la dirección socialista.

Salen el presidente y otros tres consejeros

Los miembros del pleno del Consejo –órgano colegiado de cinco asientos encargado de adoptar las decisiones del centro- tienen un mandato de seis años, con opción a una renovación por otros seis.

El presidente del CSN, Fernando Marti. Flickr | Casa de América

El próximo 28 de diciembre expira el mandato del presidente del CSN, Fernando Marti, que tendría opción de renovar su cargo, pero que ni el nuevo Gobierno socialista ni la mayoría del Congreso lo permitirán. Marti asumió la presidencia del organismo a finales de 2012, inmediatamente después de abandonar el cargo de secretario de Estado de Energía en el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

También el próximo 28 de diciembre expira el mandato de Jorge Fabra, a pesar que por entonces llevará poco más de un año en el supervisor. Y es que Fabra, la única voz crítica en la cúpula, entró en el pleno en sustitución de Cristina Narbona –que dejó el centro para ocupar la presidencia del PSOE- y se limita a completar el mandato de ésta. En principio, Fabra tendría opción de renovar y asumir otro mandato, pero la normativa no permite que haya consejeros mayores de 70 años y alcanzará esa edad apenas dos meses después, en febrero de 2019.

Además, el 20 de febrero de 2019 también acaban sus mandatos Fernando Castelló (nombrado a propuesta del PP) y Rosario Velasco (ex diputada del PSOE). Ninguno de los dos tienen opción a renovar por más tiempo su asiento, así que también deberán ser sustituidos. En apenas dos meses, hay que aprobar el nombramiento de sustitutos para cuatro de los cinco miembros del pleno del CSN (el quinto consejero seguirá siendo Javier Dies Llovera, en el cargo desde octubre de 2015 por el Partido Popular).

La renovación de la cúpula del CSN se producirá en un momento en que tiene sobre la mesa (o los tendrá en breve) varios asuntos espinosos. El Consejo pretende impulsar el proyecto de almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas dando el visto bueno técnico este mismo año, antes de las salidas de ninguno de los consejeros, a la autorización de construcción del proyecto (ya lo ha hecho con la autorización de emplazamiento, y aún faltaría más adelante el informe favorable sobre la autorización de explotación).

En paralelo, la batalla por el control de la cúpula del CSN llega en pleno choque por la ampliación de la vida de las centrales nucleares. Iberdrola y Endesa disponen de plazo hasta marzo de 2019 para presentar la petición de renovación de licencia de las centrales de Almaraz y de Vandellós, las primeras que tiene que afrontar este proceso desde el cierre definitivo de la central de Garoña. El CSN tendrá que estudiar esa petición de ampliación de la vida de ambas centrales, y eventualmente dar su visto bueno, a lo largo de 2019, una vez consumada los cambios en el pleno que debe aprobarlo.