El nombramiento de Montero anticipa un choque entre Hacienda y Madrid

El nombramiento de la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anticipa un choque de altura. Si nada lo remedia, tendrá lugar entre su departamento y la Comunidad de Madrid que ahora dirige Ángel Garrido. El campo de batalla, la reforma de la financiación autonómica.

Montero llega con los deberes hechos, después de haber logrado como Consejera de Hacienda de Andalucía que la comunidad autónoma cumpliera los objetivos de déficit público, deuda y la regla de gasto durante estos años. Todo ello pese a ser una de las comunidades autónomas más azotadas por desempleo.

Sin embargo, aunque existen dudas razonables sobre la posible desviación de la senda de consolidación fiscal de España, que no se corregirán a priori puesto que el nuevo Gobierno prevé mantener los presupuestos expansivos del PP, lo cierto es que la presión sobre el país es mucho menor que hace años.

Lo que está en juego es una desviación, pero siempre por debajo del límite de déficit del 3% del PIB, el verdadero desfiladero del Pacto de Estabilidad. Además, Sánchez se ha mostrado desde el primer momento comprometido con el cumplimiento del déficit.

Es por ello que los Presupuestos para 2019, que le tocará elaborar a Montero, se volverán a mirar con lupa, pero sobre todo por su obligada dimensión social, ya que, entre otras cosas, Podemos está a la expectativa de ver qué techo de gasto fija el Gobierno para el próximo año para estar de su lado o hacerle oposición frontal.

La vista puesta en la financiación autonómica

En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha priorizado nombrar a una persona sobre todo conocedora de la peor herencia que deja el Ejecutivo de Mariano Rajoy, la reforma de la financiación autonómica pendiente.

A nadie escapa que esa es una de las grandes exigencias de la presidenta andaluza, Susana Díaz, para con el nuevo Gobierno de Sánchez, que necesita apaciguar las aguas dentro del PSOE.

Porque la financiación autonómica no es otra cosa que el reparto entre las comunidades autónomas de los recursos para sufragar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y Andalucía es, según los cálculos de la propia región, una de las más maltratadas por el actual sistema de financiación autonómica.

Los cálculos de los expertos calculan que la infrafinanciación de las comunidades autónomas alcanza los 16.000 millones de euros desde 2014. Dentro de esta tarta, la Junta de Andalucía reclama para sí cerca de 4.000 millones y un reparto de los recursos de la financiación autonómica de acuerdo con la población de derecho en cada comunidad autónoma.

Así es que, Montero, además de llegar con los deberes hechos llega con un cierto estigma.

Más concretamente, en la última gran conferencia de Presidentes encabezó la apuesta por la armonización fiscal, para evitar que los territorios más ricos se embarquen en una carrera por reducir al máximo la carga fiscal por los tributos cedidos --Sucesiones y Donaciones o Actos Jurídicos Documentados--, convirtiéndose en una suerte de paraísos fiscales nacionales, en perjuicio de los más pobres.

Enfrente estaba la Comunidad de Madrid de la entonces Cristina Cifuentes, a la que se le acusa de 'robar' contribuyentes a otras comunidades autónomas tirando los impuestos (El PSOE alcanzó un pacto en Andalucía con Ciudadanos para echar un pulso a Madrid). A su paso, nada ha cambiado. Su sucesor, Ángel Garrido sigue rechazando la armonización fiscal y los nuevos Presupuestos para 2019 de la Comunidad de Madrid ahondan en las rebajas fiscales, con lo que las espadas siguen en alto.

Ajeno a las críticas que tildan a la Comunidad de Madrid de ser un paraíso fiscal en toda regla, el ejecutivo autonómico ha anunciado que su gobierno profundizará aún más en las ventajas fiscales dentro del impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Según ha dicho, establecerá una bonificación del 15% en este impuesto en el caso de operaciones entre hermanos y del 10% entre tíos y sobrinos –beneficiará a 10.900 contribuyentes, con un ahorro de 32,5 millones de euros–. Hasta ahora, estaban prácticamente exentas las herencias y donaciones entre familiares más directos, no entre familiares de tercer grado.

Además, la Comunidad de Madrid establecerá para las familias numerosas una bonificación del 95% en Actos Jurídicos Documentados para la compra de su vivienda habitual de hasta 250.000 euros, mientras que en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se bonificará con el 10%.

El ministro de Hacienda de Rajoy, Cristóbal Montoro, como su sucesora en el cargo también era partidario de una armonización fiscal. Sin embargo, las implicaciones políticas ahora son muy diferentes. Los dos extremos de la cuerdan están, uno en la comunidad autónoma más potente, y el otro en el Ministerio de Hacienda.

En todo caso, lo que se espera de Montero es que deje en manos de las comunidades autónomas su propio futuro, aunque lo cierto es que la opinión de Hacienda tendrá mucho peso en la decisión final.

Cataluña y el copago

Otro de los elementos que pueden cambiar en la actual relación de fuerzas dentro de las negociaciones de la reforma del sistema de financiación autonómica (hasta que las elecciones autonómicas modifiquen el mapa político en 2019) es la nueva actitud del Gobierno hacia Cataluña.

Una nueva etapa de diálogo o un levantamiento de artículo 155 permitiría en principio que Cataluña volviera a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de nuevo dueña de sus competencias en materia económica.

Y dentro también de la financiación autonómica, Montero ya ha expresado desde su posición en el gobierno andaluz su negativa a los copagos. Cuestión ésta que está directamente imbricada con el desarrollo del sistema de dependencia.

Una de las quejas que ha venido abanderando es que las comunidades autónomas se tienen que hacer cargo de la mayor parte del coste de los servicios de dependencia, junto con los propios beneficiarios a través de los copagos, por la progresiva reducción de los recursos aportados por el Estado. En este sentido, tiene ahora la oportunidad de corregir esta situación apostando por ello en la reforma de la financiación autonómica.