Fitch cree que la mayoría de las CCAA podría financiarse ya sin apoyo del FLA

En los últimos días, en diversos foros políticos y financieros se ha repetido de forma vehemente la idea de que España no es Italia, para evidenciar que las inestabilidades políticas que se han sucedido recientemente no implican en el caso español un riesgo de adopción de políticas contrarias al rumbo fijado por Bruselas. Pero también han sido constantes los avisos de que la España de hoy no es la misma de 2012 y en esa idea parece redundar el último informe emitido por la agencia Fitch respecto a la situación de las comunidades autónomas nacionales.

Los analistas de la firma celebran la mejora del perfil financiero de las regiones españolas, resaltando la caída del déficit público regional al 0,32% en 2017, frente al 0,84% del ejercicio anterior y muy por debajo de la media del 2,25% que se dio entre los años 2010 y 2015. La agencia, que augura otro buen año en este sentido en 2018, achaca la caída del déficit al fuerte incremento de los ingresos, que se justifica por "la recuperación económica y la creación de empleo de España, así como el aumento de los fondos del Gobierno central asignados en 2017".

Aunque el comportamiento de las comunidades autónomas españolas sigue siendo bastante desigual (cuatro registraron superávit, mientras una firmó un déficit superior al 1%), Fitch considera que la mejora general sitúa ya a la mayoría de las regiones en disposición de financiarse sin recurrir a los mecanismos especiales puestos en marcha por el Gobierno durante la crisis para auxiliar a las comunidades en apuros. "Consideramos que la mayoría de las regiones podrían cubrir sus necesidades actuales de financiación sin recurrir a mecanismos estatales de liquidez", observan los analistas de la agencia, que pronostican que la proporción total de préstamos del Estado a las regiones alcanzará un máximo en 2020, alrededor del 60% (en 2017 se situó en el 58%), para comenzar a disminuir posteriormente, en función de las condiciones de financiación en los mercados de crédito y deuda y el desempeño fiscal de las regiones.

La agencia cree que el cambio de Gobierno y el posible anticipo electoral pueden dilatar la reforma de la financiación autonómica

A este respecto, la firma considera que actualmente "la mejora del desempeño presupuestario, junto con un mayor acceso a la financiación bancaria y en los mercados de deuda, implica una menor dependencia de la liquidez del Gobierno central".

Sin embargo, advierten, cualquier desliz en la senda actual podría truncar la mejora del escenario. Por eso, señalan, los cambios políticos recientes, con el acceso al Gobierno del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, podría suponer un riesgo. Aunque no se esperan cambios radicales a corto plazo en materia económica y fiscal, "como gobierno minoritario, la nueva Administración puede buscar el apoyo del partido antiausteridad Podemos, que podría aumentar la presión para elevar el gasto regional".

A pesar de la poca vida que tendrá el actual Gobierno (las nuevas elecciones deberían celebrarse en un plazo no superior a los dos años), los nuevos dirigentes políticos "encaran una presión duradera para aumentar los salarios de los funcionarios y, potencialmente, elevar los gastos de capital, lo que implicaría un gasto mayor en las regiones".

Del mismo modo, Fitch considera que el cambio de gabinete puede dilatar aún más la necesaria reforma de la financiación autonómica. "Un cambio de gobierno y la probabilidad de elecciones anticipadas, junto con las elecciones programadas en muchas regiones en 2019 podrían demorar aún más las discusiones sobre la reforma estructural del sistema de financiación regional y la asignación de responsabilidades de gasto entre los distintos niveles de los gobiernos central, local y regional", apuntan.

Para la firma de calificación de la deuda, a pesar de la mejora registrada en las cuentas de las comunidades en los últimos años, los niveles actuales de deuda siguen siendo altos y seguirán en aumento hasta el próximo año. "Creemos que una reducción duradera de la deuda regional dependerá del resultado de una reforma estructural".

Fitch califica actualmente a diez comunidades autónomas españolas, a las que otorga un grado de inversión (que refleja una buena calidad crediticia), salvo a Cataluña.