La alarma saltó cuando la alcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, sugirió la posibilidad de dar papeles a inmigrantes para que pudieran subirse al andamio ante la falta de mano de obra de la que se quejan las constructoras en la capital. Carmena rectificó poco después, pero dejó en el aire una pregunta: ¿cómo puede ser que falten albañiles en un sector que despidió a casi un millón de personas durante la crisis?
La respuesta no es sencilla, ni afecta solo a un sector. En las organizaciones empresariales aseguran que este problema se ha empezado a manifestar en todas aquellas actividades en las que entra en juego el uso de algún tipo de maquinaria. Sin embargo, el déficit de trabajadores se ha hecho especialmente llamativo en el caso de la construcción, ahora que el ‘ladrillo’ vuelve a despuntar y ha recuperado ya los niveles de actividad de 2012 (pese a que la ingeniería civil no acaba de despegar por las restricciones presupuestarias).
Tanto es así que sin llegar al extremo apuntado por Carmena, la anterior ministra de Empleo, Fátima Báñez, se comprometió con ella a nutrir al sector con nuevos trabajadores en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción y dio la clave de cómo hacerlo: con formación. Ahora, la nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, tendrá que recoger este testigo.
Formación porque lo que no encuentran los constructores ni otras industrias son trabajadores suficientemente instruidos. "No todo el mundo puede subirse a un andamio", apunta un empresario del sector.
Mientras hay una proporción adecuada de titulados universitarios (arquitectos, aparejadores, etc), que suponen entre el 30% y el 40% de los trabajadores en esta actividad, sin embargo hay una "alarmante carestía de profesionales a pie de obra con cualificación oficial", según un reciente informe de la Fundación Laboral de la Construcción, que integran sindicatos y patronal.
Este déficit obedece a varias razones. Mientras el sector se desangraba durante la crisis, miles de trabajadores se jubilaron; otros cambiaron de sector (a la hostelería en gran parte) buscando oportunidades de empleo que ahora no quieren perder; muchos extranjeros retornaron a su país de origen o migraron a otros países, y una gran parte de los que se quedaron en el limbo del paro de larga duración necesita ahora un importante reciclaje a través del sistema de Formación Profesional.
Al mismo tiempo, la destrucción de empleo en el sector durante la crisis ha propiciado una mala imagen, que ahora hace que a los jóvenes no les resulte apetecible trabajar en una obra. Por ese mismo motivo, muchos de los profesionales cuya vuelta a la construcción sería sencilla prefieren renunciar a una pequeña subida salarial antes que dejar sus trabajos actuales, mayoritariamente en servicios.
El resultado es que el sector dispone de una masa laboral envejecida, con buena parte de sus trabajadores próximos a su jubilación y siendo éstos, en teoría, los más competentes aunque no dispongan de cualificación oficial. Y todo ello sin visos de reposición, debido al escaso interés de los jóvenes por cualificarse y trabajar en el sector.
En cifras, los trabajadores de la construcción mayores de 40 años representaban en el año 2008 un 41,0%, habiéndose incrementado hasta un 64,8% en el 2017. Justo lo contrario que la población menor de 40 años, que ha pasado de tener un peso del 59% de la población ocupada en 2008 a apenas representar un 35,1%. Con lo cuál, hace falta gente joven y formada.
Al mismo tiempo, la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2018 refleja que hasta 155.000 personas desempleadas perdieron su empleo en el último año procedentes del sector de la construcción, mientras que hay otras 350.000 personas desempleadas en búsqueda activa de un primer trabajo.
El problema de formar obreros
La Comisión Europea, consciente de este problema desde hace tiempo, ha puesto en marcha durante la última década iniciativas como la conocida como Build up skills (Construir competencias), para mejorar la formación en el sector a nivel europeo.
Con todo, este empuje no está siendo suficiente. Según fuentes de CEOE, los recortes aplicados en el sistema de formación durante la crisis y, sobre todo, la progresiva expulsión de los sindicatos y las empresas de su diseño han hecho que los cursos que se imparten a los desempleados, por ejemplo, estén alejados de lo que realmente demandan las compañías.
Desde Cepyme se insiste en que las empresas son las que mejor conocen sus propias necesidades y, de hecho, en sus últimos mensajes, Báñez aconsejaba perfilar las necesidades de formación de cada empresa en el marco de la negociación colectiva. Apuesta que ha revalidado de momento el nuevo Gobierno.
De las musas al teatro, la Fundación Laboral de la Construcción denuncia que en España hay un problema estructural de cualificaciones a nivel de la FP que, aunque se empieza a corregir, en el caso de la industria de la construcción, es sustancialmente más grave y, lejos de mejorar, apunta a empeorar, con mayor alevosía en lo relativo a la cualificación del personal a pie de obra.
El atajo de los certificados de profesionalidad
En esta coyuntura, el anterior gobierno introdujo mejoras en los conocidos como certificados de profesionalidad (una forma de homologar las capacidades acumuladas por trabajadores que ahora no tienen forma de demostrarlo y de formar a otros nuevos), para ampliar por ejemplo las posibilidades de formación que llevan aparejados.
Según la información proporcionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el número de certificados de profesionalidad otorgados desde 2008 hasta 2016 a través de la vía formativa asciende a 7.142 certificados completos. Por otro lado, se observa que por la vía de reconocimiento de la experiencia laboral se han otorgado, entre los años 2012 a 2016, un total de 1.704 certificados completos.
En consecuencia, los certificados de profesionalidad, "aunque contribuyen a paliar parte del problema devengado por el fracaso de la FP Básica en el sistema educativo, no han logrado resolverlo", asegura la Fundación Laboral de la Construcción.
La rigidez del modelo, el desconocimiento de los propios certificados de profesionalidad y la falta de interés de la Administración Pública en el lanzamiento de convocatorias para la acreditación de las competencias adquiridas a través de la experiencia están suponiendo un freno al desarrollo de esta vía de cualificación oficial especialmente diseñada para los trabajadores ocupados.
Así es que el reto está servido para el próximo Gobierno. Si el paro tiene solución, en el sector de la construcción está buena parte de las claves.
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