Las grandes petroleras que operan en España alertan de que en el negocio de la distribución de carburantes han entrado de lleno “mafias organizadas” que son responsables de un fraude fiscal millonario. Unas tramas que están poniendo en apuros a los gasolineros “honrados” que no pueden competir con los descuentos en los precios del combustible que aplican los defraudadores gracias a las “trampas”.
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) –que agrupa a Repsol, Cepsa, BP, Galp y Saras- denuncia que estas tramas organizadas tienen en el impago del IVA el principal de sus fraudes, pero que tampoco cumplen otros requisitos establecidos por ley (contar con unas existencias de seguridad mínimas, garantizar la proporción de biocarburantes legal en el combustible que venden, las normas de eficiencia energética…).
Las estimaciones de la Agencia Tributaria apuntan que en el sector de la distribución de combustible sólo el fraude por el impago del IVA podría alcanzar los 300 millones al año. Desde el sector petrolero se calcula que el impacto podría ser mayor, y que podría incluso superar los 500 millones de euros cada ejercicio si se tienen en cuenta todos los incumplimientos.
“Estas mafias entran en el negocio de las gasolineras porque es fácil defraudar en él. Así que lo importante es que no entren”, sentencian fuentes de la AOP. La asociación reclama que el Gobierno vuelva a exigir una autorización administrativa previa para ejercer la actividad de distribución (desde 2009 es suficiente con una declaración de responsabilidad) y que se establezca una garantía financiera disuasoria que las operadoras pierdan en caso de fraude.
“Hay que poner alguna puerta al sector para frenar el fraude”, subrayan desde la patronal. “Hay controles, de Hacienda y del Ministerio de Energía, pero siempre hay un desfase temporal hasta que los fraudes pueden ser detectados. Un desfase que se aprovecha para cometer el fraude, obtener beneficios y hacer desaparecer las empresas que utilizan”.
Y es que desde AOP se alerta de que los defraudadores hacen desaparecer las sociedades utilizadas en el momento en que se detecta el impacto del IVA y posteriormente crean nuevas empresas para continuar la actividad. Una metodología que, según las petroleras, se repite de manera constante. “Las compañías aparecen y desaparecen. Si se exigiera una garantía financiera relevante, al menos perderían ese dinero y resultaría disuasorio”, apuntan.
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