La última crisis económica ha desembocado en un debate sobre el sistema público de pensiones sin precedentes. El crecimiento del paro hasta cotas nunca vistas mientras la población envejece ha deprimido los ingresos de la Seguridad Social y ha disparado un déficit del sistema de hasta rondar los 18.000 millones de euros: más que nunca hay que preguntarse cuánto pueden subir las pensiones sin quebrar la caja única y sin corromper su naturaleza contributiva.
Es natural, por ello, que ahora que el Pacto de Toledo (la comisión parlamentaria a la que se encomienda consensuar las reformas del sistema) se encuentra buscando respuestas a estas preguntas, la clave del consenso sea qué habrá que hacer en la próxima crisis. Porque nunca ha sido un problema a priori pagar el Estado del bienestar en los periodos de bonanza.
En ese sentido, todos los grupos parlamentarios han logrado ponerse de acuerdo en que es preciso salvaguardar el poder adquisitivo de las pensiones en cualquier coyuntura. A trompicones (y con los jubilados manifestándose en la calle), también han convenido que el IPC sea el indicador de referencia para que esto ocurra. Y también han alcanzado un alto grado de consenso en que cuando la economía crezca habrá que subir las pensiones al menos en línea con la inflación.
La ruptura con la reforma de 2013
No obstante, estos avances son notables. Este último punto, por ejemplo, supone una ruptura con la reforma de la pensiones de 2013, la que defiende por ejemplo la Comisión Europea. Dicha reforma prioriza la sostenibilidad del sistema, lo que quiere decir que la cuantía de las pensiones debe supeditarse a que la Seguridad Social tenga equilibrio en sus cuentas.
Por eso, ahora que la economía crece a un ritmo cercano al 3%, las pensiones estaban creciendo un 0,25%. Era la forma de reducir el déficit del 18.000 millones de euros, aprovechando al mismo tiempo un repunte de los ingresos por cotizaciones ligado a la creación de empleo.
Cabe recordar que la fórmula de revalorización puesta en marcha por la reforma de 2013 también permitía subir las pensiones con el IPC o más, pero condicionaba esta circunstancia a que la Seguridad Social tuviera las cuentas saneadas.
Así pues, el acuerdo que acaricia el Pacto de Toledo en torno al nuevo mecanismo para la revalorización de las pensiones supone, de momento, desligar su cuantía de la situación financiera del sistema. Una primera duda es qué soluciones se plantean a la financiación de estas subidas, para no hundir más la solvencia del sistema.
¿Qué ocurre en tiempos de crisis?
Sin embargo, el principal escollo radica en qué ocurrirá cuando España se enfrente a una nueva crisis, aunque no sea tan virulenta como la de los últimos años. ¿Se pueden seguir subiendo las pensiones con el IPC cuando los ingresos del sistema vuelvan a disminuir? ¿ Se puede exponer al sistema a las mismas presiones? ¿Se puede hacer blindando al menos una parte de las pensiones?
Si no hay un acuerdo al respecto, las valoraciones realizadas en las últimas horas por los portavoces del Pacto de Toledo hacen pensar que se acabará aprobando una redacción vaga en la que, más allá de la recomendación de blindar el poder adquisitivo de las pensiones y su vinculación medular con el IPC, se dejen amplios márgenes a los próximos Gobierno para operar.
Sin embargo, la comisión permanente se ha dado una semana más para repensar las cosas. Por el momento, las posiciones son claras. De un lado, Unidos Podemos, PSOE o Compromís quieren que el IPC sea la referencia para la revalorización de todas las pensiones en todas las coyunturas y dejar libertad a cada Gobierno para buscar los ingresos que consideren para financiarlas cuando lleguen las vacas flacas.
En cambio, el frente PP, PDeCAT y Ciudadanos apuesta por que en próximas crisis se garantice el poder adquisitivo de las pensiones más bajas (lo que se consideren que son las más bajas en cada momento) y que puedan cogelarse las más altas para no disparar el déficit del sistema, con la opción de compensarlas en los años de crecimiento económico.
En palabras de la portavoz de Unidos Podemos, Aina Vidal, "ahí no va a haber acuerdo". Un vaticinio que sugiere que el Pacto de Toledo se conforma con un acuerdo para salir del paso antes del verano, antes de perder aún más credibilidad de cara a la ciudadanía.
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