El Congreso mete prisa al Gobierno y le exige aclarar ya el futuro del cementerio nuclear

El Congreso de los Diputados pone deberes al nuevo Gobierno. La Comisión de Energía de la Cámara ha aprobado por unanimidad un dictamen en el que reclama a la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que aclare antes de tres meses el futuro del proyecto de construcción del cementerio nuclear de Villar de Cañas, en Cuenca.

Hace ya más de seis años que el Consejo de Ministros eligió el municipio de Villar de Cañas para instalar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, el silo en que se guardarán durante décadas –probablemente hasta cerca de un siglo- los desechos de alta radiactividad producidos por las centrales nucleares españolas. El plan inicial pasaba por tenerlo ya operativo este mismo año. Pero las obras de construcción de las instalaciones ni siquiera han comenzado.

Las autorizaciones del Gobierno para iniciar los trabajos aún estar por llegar (no está aprobada ninguna de las tres necesarias), después de que la tramitación previa se haya dilatado por las dudas de los técnicos sobre la idoneidad de los terrenos elegidos, por las reformas legales aprobadas por la Junta de Castilla-La Mancha para bloquearlo, por la judicialización del proceso en una permanente guerra de recursos y contrarrecursos entre administraciones y porque algunos informes aún incompletos han hecho que el Ministerio de Medio Ambiente se negara a aprobar la declaración de impacto ambiental durante tres años.

El anterior Gobierno, con Álvaro Nadal como ministro de Energía, decidió reimpulsar el proyecto con una partida en los Presupuestos Generales del Estado de este año con 144 millones de euros. Ahora todos los partidos políticos reclaman al nuevo Ejecutivo que "clarifique, en un periodo máximo de tres meses, la situación relativa al proyecto de construcción del ATC de Villar de Cañas y su calendario de ejecución". Las previsiones que maneja Enresa, la sociedad pública encargada del proyecto, es que esté listo en 2024 tras destinar 972 millones de euros.

Asimismo, la Comisión de Energía del Congreso pide la comparecencia urgente -en principio este mismo mes- del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para "explicar pormenorizadamente" el estado actual de la evaluación de la solicitud de autorización de construcción del almacén. Y los partidos políticos también reclaman la creación de una comisión asesora técnica externa para supervisor el proceso de esa misma evaluación que está realizando el CSN.

Freno a la amenaza de Nadal

El ya ex ministro Álvaro Nadal tuvo un choque frontal con las eléctricas en su intento de garantizar la prolongación de la vida de las centrales nucleares (su sucesora Teresa Ribera ya ha apostado con insistencia con tomar como referencia los 40 años de funcionamiento para iniciar el cierre de las plantas). Nadal, por un lado, preparó una ley que forzaba a las compañías a pedir la prórroga de sus centrales y, por otro, amenazó con trasladar a las eléctricas la gestión del desmantelamiento y también todos los costes de realizarlo.

Actualmente, los costes del desmontaje de las centrales y la gestión de la basura nuclear se financian  a través de un fondo que gestiona la sociedad pública Enresa y que se alimenta con las tasas que pagan las propias compañías eléctricas. Ese fondo acumula actualmente algo más de 5.000 millones de euros, que resultan insuficientes para afrontar los trabajos, de ahí la amenaza a las eléctricas de hacerles asumir el coste no cubierto si cerraban ya las nucleares.

La Comisión de Energía del Congreso ha incluido en el informe aprobado por unanimidad una petición al Gobierno para "garantizar que Enresa siga siendo la responsable de llevar a cabo tanto la gestión de los residuos radiactivos como el desmantelamiento y clausura de las centrales". Esto es, nada de trasladar la gestión del desmontaje a las eléctricas, sino que el actor encargado de los trabajos siga siendo la sociedad pública.

En paralelo, los partidos políticos también reclaman la actualización urgente del Plan General de Residuos Radiactivos (la actual data de 2006 y ha quedado obsoleta) basándose en un "calendario progresivo de cierre de las centrales y de una dotación económica que garantice los costes de dicho cierre y del tratamiento de los residuos radiactivos".