El nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, cuyo equipo aún está por hacer, hereda varias cuestiones urgentes: obras del AVE sin terminar, por un lado, y un gran punto de conflicto con las autopistas de peaje que tiene dos aristas. La primera, dar solución al rescate de las nueve concesionarias quebradas a partir de 2012, un proceso que se antoja arduo; la segunda, mil kilómetros de peajes que caducan entre 2019 y 2021, de los que más un tercio (382 kilómetros) transcurre por la Comunidad Valencia, de donde procede Ábalos.

Autopistas de peaje que transcurren por la Comunidad Valenciana DAVID DOMÍNGUEZ

Pero el propio Ábalos tiene compromisos: los estableció su propio partido en una reunión de la alta dirección hace aproximadamente dos meses en la cual participaron portavoces de Fomento y el propio Partido Socialista del País Valencià (PSPV), en el que milita el ministro. Durante el encuentro se aprobaron varias resoluciones, "y uno de los temas que abordamos fue que los tramos de peaje de la AP-7 que caducan a finales de 2019 en la Comunidad Valenciana pasasen a ser de titularidad pública y gratuitos", en palabras del diputado en el Congreso por Alicante Herick Campos, que ha conversado con El Independiente por teléfono.

Un tercio de los peajes que caducan en 2021 está en la región valenciana

Otro diputado ha confirmado esta reunión, que este martes fue adelantada por el diario alicantino Información. Se celebró cuando nadie siquiera soñaba con la moción de censura que hace una semana y media aupó a la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez. Este medio no ha podido corroborar si estuvo Ábalos por su condición de militante del PSPV y de miembro de la Ejecutiva, en tanto que secretario de Organización. Fomento no lo confirma y el diputado Herick Campos asegura que no.

El reto de Ábalos pasa por abrir al gran público el tramo de la AP-7 (denominada Autopista del Mediterráneo) entre Tarragona, a la altura de Cambrils, y Alicante. Un espacio actualmente gestionado por Abertis (antes se llamaba Aumar y el peaje era explotado por esta misma compañía). Vence el 31 de diciembre de 2019 y la construcción del tramo valenciano data de mediados de los años setenta.

El PSOE pide que el Estado "bonifique" la Circunvalación de Alicante

No es la única decisión que adoptó el PSOE con incidencia en esta comunidad. En la citada reunión, oficiada por el responsable de Transportes e Infraestructuras en Ferraz, Pedro Casares, se acordó adoptar algún tipo de solución para la Circunvalación de Alicante, Ciralsa, una de las nueve autopistas de peaje que entraron en concurso de acreedores a partir de 2012 por la caída del tráfico y por las que el Estado tendrá que pagar un mínimo de 2.000 millones por su rescate.

Ciralsa, que entró en liquidación y ahora mismo pertenece a la empresa estatal Seittsa, tiene 29 kilómetros. La capital alicantina cuenta con dos circunvalaciones, según denuncia el diputado Campos: una  gratuita (A-7) que llega a registrar en horas punta más de 90.000 vehículos, de acuerdo con la Intensidad Media Diaria (IMD) que publica mensualmente Fomento. "Ciralsa por su parte solo registra unos 3.000 vehículos de media, con picos de 8.000 en momentos de mayor tráfico. Una va llena, la otra vacía".

A Ábalos le ha impuesto deberes su propia formación

"Aquí pedimos que se separe Ciralsa de las otras ocho autopistas de pago que quebraron y se recepcione la circunvalación, de tal forma que sea bonificada por el Estado pero abierta a todos, como ocurre con varias carreteras de peaje en Galicia", concluye Herick Campos. La bonificación es una modalidad que sirve para pagar a la concesionaria -independientemente de su titularidad- sin cobrar por ello a los usuarios de la infraestructura. Ábalos no cuenta todavía con un equipo de secretarios de Estado pero ya tiene deberes impuestos por su propia formación.