La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha dejado claro que no habrá derogación completa de la reforma laboral. La aritmética parlamentaria --el PSOE cuenta solo con 84 diputados en estos momentos-- no permite una maniobra tan drástica. Por eso, lo que se dibuja en el escenario de los próximos meses en una negociación con sindicatos y patronal y en el Parlamento para enmendar la reforma en sus elementos más discutidos con la idea de abordar de cara a 2020 una renovación más ambiciosa del Estatuto de los Trabajadores.
Sin embargo, la idea del PSOE siempre ha sido (y sigue siendo) finiquitar completamente la controvertida reforma de 2012. Los sindicatos los saben y presionan para convencer al Gobierno de que, en caso de que no haya acuerdo a la hora de introducir cambios en la actual legislación, tome la vía del decreto para llevar a cabo los compromisos que adoptó antes de acceder al Gobierno.
"Se pueden adoptar medidas desde ya y si alguna viniera del consenso con la CEOE, sería estupendo. Si no, habría que decidir cómo se atacan algunas de las medidas", explicaba el secretario general de CCOO, Unai Sordo, tras la reunión mantenida junto a su homólogo en UGT, Pepe Álvarez, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, así como los presidentes de la CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, en el Palacio de la Moncloa.
La urgencia de los sindicatos es doble. De un lado, la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno es una oportunidad para revertir las políticas de empleo y sociales del PP, pero la duración de su mandato puede ser muy limitada. El tiempo apremia. Pero en un segundo plano, lo que ocurra con la reforma laboral puede impactar de lleno en la negociación colectiva.
Porque los sindicatos no han cesado de denunciar desde 2012 que la correlación de fuerzas en el seno de las empresas se ha truncado y que el mango de la sartén la tienen los empresarios. Es decir, que la negociación colectiva y de salarios es asimétrica.
Por ejemplo, en dicha Ley se estableció una prevalencia de los convenios de empresa (en algunos sectores leoninos) frente a los de sector; se redujo a un año el periodo de ultraactividad (el tiempo de prórroga que un convenio puede seguir vigente mientras no se renueve); o dejó margen a las empresas para descolgarse de las condiciones laborales pactadas en convenio.
Cabe recordar que el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva que se encuentran a punto de renovar patronal y sindicatos y que incluye un pacto salarial previsiblemente para los próximos tres años, no es más que una recomendación que luego los negociadores a pie de convenio pueden seguir o no. De modo que lo que realmente vale para los trabajadores es lo que finalmente se negocie en sus empresas y en sus sectores.
No está claro el impacto real de la reforma laboral en la evolución de la negociación colectiva, pero los datos disponibles señalan que las subidas salariales que se pactan en los convenios cada vez son más bajas respecto a lo acordado en los acuerdos interconfederales. Ese podría simbolizar el espacio de fuerza que quieren recuperar los sindicatos derribando primero la reforma laboral para poder llegar con mayor capacidad de negociación a los próximos procesos de negociación salarial.
Valerio va en esa dirección, pero más lenta
Los sindicatos, que ha calificado al Gobierno de "reservón" por no plantear de entrada una derogación completa de la reforma laboral, plantean lo que Sordo ha dado a llamar una "derogación por elevación". Esto quiere decir que rehúsan volver a la legislación laboral previa a la reforma laboral y optan por introducir cambios para modernizarla y hacerla, según el líder de CCOO, "más democrática".
"No es necesario volver a la formulación (modelo de relaciones laborales) anterior a la reforma laboral; hay que introducir elementos nuevos", declaraba el primer espada de UGT, Pepe Álvarez, tras el encuentro con la ministra de Trabajo.
Los sindicatos hablan de abordar de forma definitiva la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, la creación de empleo en la industria o intensificar la lucha contra el fraude.
Por lo pronto, la ministra de Trabajo se ha abierto a dar la vuelta a la prevalencia de los convenios de empresa, a volver a extender el periodo de ultraactividad de los convenios colectivos, mejorar los contratos de relevo y modificar la regulación de las subcontratas para evitar que los empleados externos cobren salarios mucho más bajos que los de la empresa matriz.
Además, apuesta por profundizar en medidas para evitar el exceso de temporalidad y el fraude en la contratación parcial, así como por regular otras situaciones como la de los falsos autónomos. También se potenciará la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para luchar contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular.
La música suena bien para los sindicatos, no así para los empresarios, que consideran, como señaló Garamendi este miércoles en Moncloa, que la derogación de la reforma laboral es un planteamiento más bien "ideológico".
Sin embargo, la ministra se muestra reacia de momento a la sobreactuación. Admite que su Gobierno tendrá que usar decretos para legislar, pero admite que en minoría dentro del Parlamento puede ser difícil convalidarlos y se niega hacer de ello "una bandera". Dicho de otro modo, los cambios que haya que introducir se harán a través del diálogo.
Los salarios que sindicatos y patronal negocian
Mientras tanto, los sindicatos y la patronal aseguran estar cerca de un acuerdo sobre salarios, que se completará con recomendaciones también sobre igualdad, formación o control del absentismo. Según fuentes próximas, la propuesta que hay en estos momentos sobre la mesa es una subida para los próximos tres años del 2% más un 1% variable en función de la productividad.
El principal escollo es la fijación de un salario mínimo en convenio de 1.000 euros mensuales, para impulsar al alza los sueldos más bajos.
Las partes mantendrán una nueva reunión en los próximos días y si no hay cambios de última hora el acuerdo se cerrará para su entrada en vigor inmediata. Después habrá que ver hasta qué punto cala en la negociación colectiva.
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