Las juventudes de la CUP piden prohibir Airbnb y expropiar hoteles y Port Aventura

"No es turismofobia, es lucha de clases". Es el lema que ha elegido Arran, la organización juvenil vinculada a la CUP, para la campaña contra el modelo turístico y que incluirá movilizaciones este verano en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana. Para la organización su posicionamiento sobre la industria de los viajes no se trata de turismofobia, sino de "capitalismofobia" en sí misma.

Arran, que el año pasado ya protagonizó actos de vandálicos y sabotajes contra intereses turísticos en Barcelona y Palma de Mallorca, entre otros destinos, denuncia que el actual modelo turístico "es insostenible a nivel humano e insostenible para el territorio", "no beneficio a la  mayoría de la población" y "está diseñado única y exclusivamente en base a los intereses económicos de la clase que nos explota".

La organización juvenil, que no ha convocado de momento acciones concretas, lanza una serie de "medidas de urgencia" para paliar los efectos "devastadores" del modelo turístico actual. Entre esas medidas recogidas en un comunicado, Arran reclama prohibir "de forma inmediata" la actividad de las empresas relacionadas con pisos turísticos, "como por ejemplo Airbnb", así como regular el precio de la vivienda y adquirir "un amplio parque público" de pisos para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Arran propone igualmente "expropiar las principales empresas y activos turísticos", y cita como objetivos recomendables de expropiación hoteles "como el Vela o Las Arenas", en Barcelona; los puertos deportivos de las tres regiones, o parques temáticos como Port Aventura, para "poner así los beneficios económicos que generen al servicio de toda la población".

Asimismo, la asociación independentista -que subraya que estas medidas no son más que "una propuesta de mínimos"- apuesta por paralizar de forma inmediata la concesión de nuevas licencias de actividad a hoteles y otras empresas ligadas al turismo (incluidas las que ya están en trámite); reducir y limitar el número de cruceras que llegan a los puertos catalanes, valencianos y baleares; aumentar los impuestos a todas las empresas del sector para "avanzar hacia la soberanía económica"; y mejorar las condiciones laborales, forzar un aumento de los salarios y aumentar el control sobre el trabajo ilegal.