Sólo uno de cada diez hogares con derecho al nuevo bono social de la luz tiene ya la ayuda

El nuevo bono social aún está muy lejos de llegar a todos sus beneficiarios potenciales. Casi nueve meses después de su entrada en vigor, tanto el número de clientes que lo han solicitado y, sobre todo, los que han conseguido que se les apruebe y acceder a él están por debajo de lo esperado por el anterior Gobierno cuando lo creó con el apoyo mayoritario de los partidos del Congreso.

El programa, el único gestionado por el Gobierno central para paliar los efectos de la pobreza energética, fue reformado el pasado octubre para ligar las ayudas al nivel de renta de los hogares que las reciben (hasta entonces, la mayoría de clientes que lo percibían era por tener contratada una potencia inferior a los 3 kilovatios, sin importar su nivel de renta familiar).

En principio, los clientes tenían de plazo hasta el pasado abril para solicitarlo, pero el ya ex ministro de Energía Álvaro Nadal tuvo que ampliar el plazo –hasta el próximo octubre- por la baja cantidad de usuarios que habían tramitado su petición y la ínfima cifra de los que habían accedido a él de manera efectiva. Desde la ampliación de plazo, las cifras han crecido, pero siguen siendo muy reducidas.

602.100 beneficiarios

Hasta ahora, las grandes compañías eléctricas han recibido 1,06 millones de solicitudes (aunque hay que tener en cuenta que un mismo usuario puede haber presentado varias de ellas si tiene que repetir el proceso por falta de documentación, por ejemplo). Y de ellas, son casi 602.100 hogares los que han visto ya aprobada su petición. Unas cifras que están muy lejos de las expectativas que manejaba el anterior Gobierno.

Según las estimaciones del antiguo Ministerio de Energía, recogidas en la memoria económica de la nueva normativa, cerca de 5,5 millones de hogares en España cumplen los requisitos fijados para poder acceder al nuevo bono social (que incluye descuentos de entre el 25% y el 100% de la factura de la luz).

El departamento comandado por el ex ministro Álvaro Nadal ya anticipaba que sólo el 45% de todos esos hogares acabarían disfrutando de las ayudas: de los 5,5 millones de clientes con derecho a percibirlo sólo accederían a él unos 2,5 millones. Esto es, con los datos reales registrados hasta ahora, menos de un 11% de los clientes con derecho al bono social ya lo disfrutan actualmente y también son apenas un 24% de los que el antiguo Ministerio de Energía preveía que lo obtendrían.

Según datos de las propias compañías eléctricas de esta misma semana a los que ha accedido El Independiente, Endesa ha tramitado 476.090 peticiones y 210.859 ya disfrutan del bono; Iberdrola ha recibido 346.377 solicitudes hasta ahora y el Gobierno ha aprobado 274.885; ; Gas Natural Fenosa ha tramitado 185.000 peticiones y han sido aprobadas 80.760; EDP ha gestionado 38.940 peticiones y 27.769 han sido aprobadas; y Viesgo ha gestionado algo más de 11.700 y han sido activadas 7.823.

Así es el nuevo bono

El Gobierno sacó adelante el pasado octubre el nuevo bono social de la luz. Lo hizo casi un año después de que el Tribunal Supremo tumbara por segunda vez el sistema de financiación del programa y con el objetivo compartido de Ejecutivo y oposición de hacerlo más efectivo ligando su recepción al nivel de renta de los beneficiarios (hasta ahora formalmente no figuraba entre los requisitos para acceder a él).

El nuevo bono social contempla descuentos del  25, el 40 y el 50% para hogares en función de su grado de vulnerabilidad. El nuevo modelo contempla descuentos del 25% del importe de la factura para los consumidores que se consideren “vulnerables”, aquellos con una renta anual familiar inferior a determinados umbrales de riqueza en función del número de integrantes del hogar. El Gobierno amplió el descuento hasta el 40% del recibo para los consumidores reconocidos como “vulnerables severos”, que son aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los consumidores vulnerables.

Las eléctricas harán una aportación adicional para asumir el 50% del recibo de los consumidores que, además que cumplir con los criterios de renta de los vulnerables severos, estén siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local. En estos casos, los hogares verán financiado todo el importe de la factura: la mitad por la compañía eléctrica y la otra mitad por los servicios sociales.

El anterior bono social, que se mantendrá vigente hasta octubre, lo disfrutan 2,34 millones de hogares y lo seguirán haciendo durante el periodo de prórroga. Ese bono contempla un descuento del 25% del precio final y de él hoy se benefician algunos clientes con criterios que nada tienen que ver con su nivel de renta.

A pesar de los dos revolcones en el Tribunal Supremo, el Gobierno volvió a cargar a las empresas comercializadoras (o a sus matrices, en el caso de grupos empresariales verticales) la financiación del programa del bono social, en función de su cuota de clientes. El antiguo Ministerio de Energía amplió otra vez el número de comercializadoras obligadas a financiar el bono social. Antes eran alrededor de una veintena, ahora son todas, hasta un total de unas 200 compañías.

El Gobierno cree que de esta manera sortea los problemas legales que han llevado al Supremo a tumbar por dos veces las fórmulas anteriores por discriminatorias y a obligar a indemnizar a las compañías eléctricas por el dinero aportado. Las eléctricas, en cambio, han vuelto a recurrir a la justicia para tumbar el nuevo sistema de financiación del bono.