Temor en Goldman Sachs a más querellas de miles de inquilinos de VPO en Madrid

Goldman Sachs tiene miedo de lo que le pueda pasar a su filial en España, Azora, la cual adquirió 2.935 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en 2013 por poco más de 200 millones de euros. Se las compró al Ivima, Instituto de la Vivienda dependiente de la Comunidad de Madrid, que en ese momento gobernaba Ignacio González, hoy en libertad condicional en espera de juicio por el Caso Lezo. Formaban parte del Plan Joven lanzado por la empresa autonómica y acabaron vendiéndose al fondo. Con inquilinos dentro, a los que se ha intentado después subir el precio de los alquileres. O desahuciar.

Una sentencia anuló en mayo la venta de 3.000 viviendas, aunque todavía no es firme

Así lo expresa la Memoria Anual de 2017, según la cual el "vehículo de inversión" (la sociedad del fondo buitre que gestiona las VPO, Encasa Cibeles) "y aquellos empleados del grupo" en España "y sus directivos" están todos ellos "expuestos a los riesgos por las demandas" contra Goldman-Azora. La posible lluvia de querellas podría "impactar en el negocio, los resultados de las operaciones, las condiciones financieras y las perspectivas" del fondo inversor, prosigue el documento.

La memoria se publicó en abril, es decir, antes de la reciente y demoledora sentencia -no firme- del pasado 25 de mayo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, según la cual se anula la venta de los casi 3.000 pisos del Ivima, cuya enajenación se produjo, de acuerdo con el fallo, “sin que se explique ni justifique dicha afirmación con ningún tipo de informe o análisis complementarios de carácter técnico, económico, financiero y legal”.

El volumen de denuncias ha aumentado y podría provocar pérdidas sustanciales"

"En los últimos años, el volumen de denuncias y reclamación de daños por la vía judicial han aumentado", revela la memoria. Azora "toma decisiones de gestión e inversión en nombre de sus sociedades inversoras, y lo anterior podría provocar pérdidas sustanciales", continúa. "El grupo podría estar expuesto a acciones legales alegando una conducta negligente, incumplimiento de contrato o responsabilidad fiduciaria".

Poco después, la memoria suelta la bomba: "Si los tribunales jurisdiccionales competentes declaran nula y sin validez la subasta y venta del portfolio del Ivima a Azora, dichos tribunales revertirían la propiedad de las viviendas y, potencialmente, se procedería a la liquidación de Encasa Cibeles", la filial de Goldman.

Si los tribunales declaran nula la subasta, se liquidará la sociedad Encasa Cibeles"

"Cualquiera de los procedimientos descritos podría continuar durante un largo periodo de tiempo sin resolución a la vista", advierte Azora, "y eso podría causar efectos materialmente adversos en la compañía". "Cualquier litigio o denuncia contra el grupo inversor o sus directivos puede suponer un daño reputacional".

En el informe, Goldman Sachs admite que las cuentas con las VPO van viento en popa, al igual que las que adquirió Blackstone el mismo año (2013) a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, 100% participada por el Ayuntamiento de Madrid: Blackstone (o su filial Fidere) han multiplicado el valor contable de las 1.860 viviendas sociales gracias a la recuperación económica.

Las proviones estimadas pueden ser insuficientes ante el potencial de los litigios"

A Azora le sucede algo parecido: sus pisos tienen un ratio de ocupación del 78% y el "valor agregado total" de las VPO es de 155 millones de euros. Encasa Cibeles genera el 3,32% de los ingresos en España de Goldman Sachs, uno de los fondos más poderosos del mundo. La avalancha de demandas judiciales puede cambiar el poderío de Goldman-Azora.

El último párrafo relativo al Ivima lanza un mal augurio: "Aunque el grupo ha registrado provisiones contables en cada caso ante el potencial estimado de los litigios sobre la base de la información disponible", señala, "tales costes pueden sobrepasar las estimaciones y reflejar que tales provisiones son insuficientes".