La CNMC vigila cómo tramitan las eléctricas las peticiones del nuevo bono social de la luz

El nuevo bono social de la luz –el programa del Gobierno central para paliar los efectos de la pobreza energética- entró en vigor el pasado octubre. El anterior Ejecutivo ya tuvo que ampliar el plazo para solicitarlo de los seis meses inicialmente previstos a un año por el bajo número de peticiones y también simplificó parte del papeleo para facilitar su consecución.

Aún así, casi nueve meses después de su puesta en marcha, sólo uno de cada diez hogares de los que en principio tienen derecho a recibir las ayudas (descuentos de entre el 25% y el 100% de la factura eléctrica en función de su nivel renta y situación de vulnerabilidad) han accedido ya al nuevo bono: 602.100 clientes cuentan ya con los descuentos aprobados, frente a los cerca de 5,5 millones de hogares que según el anterior Ministerio de Energía cumplen en España con los requisitos para acceder a ellos.

Hasta ahora, las grandes compañías eléctricas han recibido 1,06 millones de solicitudes (aunque hay que tener en cuenta que un mismo usuario puede haber presentado varias de ellas si tiene que repetir el proceso por falta de documentación, por ejemplo). La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) vigila este proceso para combatir posibles trabas innecesarias para los solicitantes.

Según denuncian fuentes del sector, algunos clientes se han encontrado con que las comercializadoras les solicitan documentación innecesaria para conseguir el bono social (desde demostrar que han pagado el IBI de su vivienda a entregar fotocopias de los DNI de bebés para demostrar la condición de familia numerosa) o con que no se da por buena parte de la tramitación y, con ello, se considera no acreditada su condición de beneficiario por el nivel de renta a pesar de cumplir los requisitos.

Una herramienta online contra las trabas

Para prevenir estos errores o presuntos excesos, la CNMC ultima el lanzamiento de un portal online específico sobre el bono social, según informan a El Independiente fuentes conocedoras de la iniciativa. En él los usuarios podrán introducir sus datos para conseguir que el supervisor acredite que tiene derecho a recibir el bono social. Un documento que en cualquier caso no será vinculante para las eléctricas; será sólo informativo para las compañías, pero dándole a la condición de potencial beneficiario una relativa oficialidad.

En paralelo, los clientes también obtendrán en la herramienta informática diseñada por la CNMC una relación específica de la documentación concreta que deben presentar en cada caso a su comercializadora eléctrica, tratando de evitar la petición de documentación innecesaria o excesiva para acceder a los descuentos.

Desde el pasado octubre, son casi 602.100 hogares los que han visto ya aprobada su petición para conseguir el bono social. Unas cifras que están muy lejos de las expectativas que manejaba el anterior Gobierno. Según las estimaciones del antiguo Ministerio de Energía, recogidas en la memoria económica de la nueva normativa, cerca de 5,5 millones de hogares en España cumplen los requisitos fijados para poder acceder al nuevo bono social y ya anticipaban que sólo el 45% de todos esos hogares (unos 2,5 millones) acabarían disfrutando de las ayudas.

Esto es, con los datos reales registrados hasta ahora, menos de un 11% de los clientes con derecho al bono social ya lo disfrutan actualmente y también son apenas un 24% de los que el antiguo Ministerio de Energía preveía que lo obtendrían.

Según datos actualizados de las propias compañías eléctricas a los que ha accedido El Independiente, Endesa ha tramitado 476.090 peticiones y 210.859 ya disfrutan del bono; Iberdrola ha recibido 346.377 solicitudes hasta ahora y el Gobierno ha aprobado 274.885; ; Gas Natural Fenosa ha tramitado 185.000 peticiones y han sido aprobadas 80.760; EDP ha gestionado 38.940 peticiones y 27.769 han sido aprobadas; y Viesgo ha gestionado algo más de 11.700 y han sido activadas 7.823.

Descuentos de hasta el 100% de la factura

El Gobierno sacó adelante el pasado octubre el nuevo bono social de la luz. Lo hizo casi un año después de que el Tribunal Supremo tumbara por segunda vez el sistema de financiación del programa y con el objetivo compartido de Ejecutivo y oposición de hacerlo más efectivo ligando su recepción al nivel de renta de los beneficiarios (hasta ahora formalmente no figuraba entre los requisitos para acceder a él).

El nuevo bono social contempla descuentos del  25, el 40 y el 50% para hogares en función de su grado de vulnerabilidad. Cuando los consumidores estén siendo atendidos además por los servicios sociales de una Administración autonómica o local, éstos verán financiado todo el importe de la factura: la mitad por la compañía eléctrica y la otra mitad por los propios servicios sociales.

El anterior bono social, que se mantendrá vigente hasta octubre, lo disfrutan 2,34 millones de hogares y lo seguirán haciendo durante el periodo de prórroga. Ese bono contempla un descuento del 25% del precio final y de él hoy se benefician algunos clientes con criterios que nada tienen que ver con su nivel de renta.