El frente VTC que forman Cabify, Uber y Unauto no se va a marchar de Barcelona sin presentar batalla y ya preparan una estrategia judicial para derribar el decreto Colau. La alcaldesa de la Ciudad Condal aprobó este martes una normativa que obliga a los vehículos de alquiler con conductor a obtener, además de la licencia VTC, una licencia especial que otorgará el propio consistorio.
Esta medida es una gran victoria para el taxi, que recibe así la protección de la edil barcelonesa. Uno de los más beligerantes de España, el sector del taxi catalán lleva tiempo pidiendo la aprobación de una normativa así, que va a limitar al máximo el número de coches de Cabify y Uber en Barcelona.
La aprobación del decreto Colau, como ya es conocido entre los taxistas, podría acabar con el despido de 1.300 conductores de las dos plataforma de transporte que verían reducida su flota de manera sensible.
De hecho, esta decisión podría ser su final en Barcelona. Uber cumplía el pasado marzo su aspiración de volver a la Ciudad Condal, tras su abrupta salida de hace años, pero puede que su presencia en Cataluña dure muy poco más.
La actual ley dicta que las autoridades locales pueden limitar la presencia de vehículos VTC acogiéndose al ratio de una licencia por cada 30 de taxi. En Barcelona la tasa actual está en el entorno del uno a 10, por lo que si Colau así lo decide Cabify y Uber podrían perder dos tercios de su flota actual.
La medida, aprobada en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) con los votos de la formación de Ada Colau, del PdCat, de ERC y de PSC y con la abstención de Ciudadanos y PP, tendrá que ser finalmente refutada en los tribunales, pues el frente VTC ya está preparando una batalla judicial que va a liderar Unauto.
"La facción más radical del taxi de Barcelona no quería convivencia, quería que desapareciéramos", explica una carta firmada por Eduardo Martín, presidente de Unauto, Mariano Silveyra, director de Cabify en España, y Juan Galiardo, director de Uber en España, que se publicaba este martes.
Según la nota, la aprobación de la normativa "implicará que más de 1.300 conductores y conductoras irán automáticamente al paro", por la reducción de las flotas con las que operan Cabify y Uber en Barcelona.
La aprobación de esta nueva regulación se suma al acercamiento entre taxistas y Podemos, tras la demanda que Cabify interpuso contra la portavoz de la formación morada en el Congreso, Irene Montero, y figuras del partido como Juan Carlos Monedero o el diputado Rafa Mayoral.
Uber sobrevive en Londres
La plataforma de transporte estadounidense sí que ha recibido una buena noticia desde Reino Unido. La Justicia británica ha fallado a su favor en el recurso presentado contra la decisión del regulador de transportes de Londres de no renovar su licencia, por lo que podrá seguir operando en la capital inglesa durante al menos 15 meses más.
El tribunal de Westminster ha considera que la compañía "está cualificada y es apropiada" para mantener su licencia. Precisamente la "responsabilidad corporativa" era el argumento esgrimido por el TFL inglés, el regulador de transportes, para no renovar el permiso de Uber el pasado mes de septiembre.
Uber operará con sus 3,6 millones de clientes en Londres gracias a una licencia provisional de 15 meses, que servirán como periodo de prueba para demostrar que cumple con todos los requisitos del TFL en la ciudad. Si finalmente recibe luz verde, recibirá un nuevo permiso de cinco años.
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