Las incógnitas sobre el papel de la CNMV en las cuentas más controvertidas de Popular

La CNMV ha abierto un expediente por posibles irregularidades en las cuentas de Popular de 2016, que tendría su origen en la reexpresión de las cuentas que realizó Emilio Saracho a principios de abril de 2017. Es decir, días después de la Junta General de Accionistas en la que se aprobaron las controvertidas cuentas, explican a El Independiente fuentes próximas al proceso. La citada Junta del 10 de abril es recordada por la ambigüedad del presidente en torno al futuro de la entidad y provocó una caída de las acciones de hasta el 9%.

La postura del supervisor de los mercados, presidido por Sebastián Albella, sorprende a algunos de los implicados, ya que la CNMV fue parte activa en el debate que se suscitó en el seno del banco, con conocimiento del BCE y el Ministerio de Economía, sobre la necesidad o no de reformular las cuentas.

Por su parte, Albella señaló el pasado mes de enero, ante la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, que investiga si Popular ocultó pérdidas, después de que Santander aflorase pérdidas por más de 12.000 millones en el primer semestre del año pasado. "La CNMV, tras la publicación en septiembre pasado de los resultados individuales de la entidad está analizando en qué medida es razonable imputar esos resultados en su integridad a los seis primeros meses de 2017 o si, al menos en parte, debían haberse imputado a ejercicios anteriores", indicó.

Para otras fuentes próximas a Popular, el germen de la polémica se remonta a abril de 2017. Popular anunció el 3 de abril la corrección de las cuentas de 2016, en un comunicado enviado a la CNMV, en el que el nuevo presidente identificaba, al menos, 694 millones en créditos mal provisionados y otros destinados a la ampliación de capital.

La CNMV se mostró, en un primer momento, partidaria de una reformulación de las cuentas, algo que habría precipitado la caída del banco en un momento en el que aún no se contemplaba su liquidación. Pero la respuesta de PwC fue la defensa de las cifras. "De haberlo sabido, hubiesen incluido alguna salvedad, pero los cambios no eran materiales para reformular las cuentas anuales, sólo para reexpresarlas", explican fuentes conocedoras. Finalmente, dicha reexpresión se incluyó en los resultados del primer trimestre de 2017, con la aquiescencia de la CNMV.

Tal como recogen las actas de los consejos, PwC informó de la situación a la CNMV mediante comunicación escrita el 28 de marzo. El 30 de marzo la división de auditoría interna de Popular y PwC informaron de que el impacto calculado por Saracho sería inferior al previsto.

El presidente de la Comisión de Auditoría, Carlos González, informó de que la primera impresión que le trasladó CNMV era que las cifras serían materiales, pero el estudio pormenorizado puso en evidencia que la modificación no era significativa para las cuentas anuales, según la guía de actuación del Instituto de Censores Jurados de Cuentas.

Posición final del organismo

Posteriormente, las actas del 2 de abril recogieron la posición final de la CNMV: apoyar la reexpresión de las cuentas y la emisión de un hecho relevante, junto con una carta de PwC, explicando que los aspectos estudiados no justificaban reformular las cuentas. CNMV también consideró oportuno advertir sobre posibles actuaciones ante la falta de provisiones y la financiación de acciones, algo que podría suponer eventuales responsabilidades Popular y PwC.

También González señaló que, según los datos de la auditoria interna acometida por el propio Popular y PwC, el impacto no era significativo. El directivo insistió, a modo de recapitulación, en que "la CNMV ha aceptado el criterio del Banco y de PwC en el sentido de que, de conformidad con las normas, guías y recomendaciones en vigor, los importes detectados no traspasan el umbral de materialidad comúnmente aceptado para las reformulaciones”.

Así, pues, el supervisor de los mercados dio su conformidad, siempre exigiendo que PwC reflejase por escrito sus criterios y manteniendo la opción de exigir responsabilidades en cualquier momento si lo considerase necesario.